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21 de fevereiro de 2020, Bogotá

A quarta delegação internacional do Monitoramento de Paz de Justice for Colombia visitou a Colômbia entre 16 e 21 de fevereiro de 2020 para seguir em sua missão para observar a implementação do acordo de paz firmado em 2016 e revisar a situação de direitos humanos no país. Delegações anteriores do Monitoramento de Paz de Justice for Colombia visitaram a Colômbia em 2018 e 2019, apresentando seus balanços aos parlamentos britânicos e irlandeses.

A delegação foi composta por parlamentares britânicos, uma senadora do Senado do estado espanhol e líderes sindicais do Reino Unido, Irlanda, Itália e Dinamarca. Durante sua visita, a delegação se reuniu com:

  • O Conselheiro Presidencial para a Estabilização e Consolidação, Emilio Archila.
  • Líderes do partido político FARC.
  • O chefe da Missão de Verificação da ONU.
  • A vice-presidenta da JEP, a diretora da UBPD e representantes da Comissão da Verdade.
  • Membros do Congresso, representando vários partidos políticos da oposição.
  • Os embaixadores dos países garantidores, Noruega e Cuba, ademais da embaixadora da Irlanda e o embaixador do Reino Unido.
  • Representantes do Escritório do Alto Comissionado de Paz.
  • Sindicatos, organizações de Direitos Humanos e pessoas lideranças da sociedade civil.

Ademais, a delegação viajou ao Baixo Atrato, no norte de Chocó, para se reunir com algumas comunidades afetadas pelas atividades de grupos paramilitares. Fomos à Zona de Biodiversidade la Madre Unión [a Mãe União], onde ouvimos sobre o terror gerado na região devido à presença das AGC e a suposta impunidade com a qual operam na região. Escutamos sobre o controle social e econômico por parte dos paramilitares, uma percepção de inação da força pública colombiana e o medo de represálias ou a obrigação de fugir de suas terras.

Viajamos a Mutatá, Antioquia, onde visitamos a comunidade de San José de León, composta de ex-combatentes das FARC-EP, cujos assentados ficaram fora das zonas formais do ETCR. A comunidade juntou dinheiro para poder comprar terra, construir casas e estão no processo de ativar um projeto de piscicultura de propriedade coletiva. Apesar dos enormes desafios, esta comunidade demonstrou o potencial do processo de paz para gerar esperança e oportunidades numa região do país historicamente caracterizada por violência e miséria.

Notamos a particular importância do trabalho das mulheres a favor da paz, seja por meio do comitê de mulheres da comunidade de San José de León, ou durante nossa reunião com representantes do congresso, onde ouvimos sobre os esforços das mulheres para promoverem a implementação do acordo.

A delegação se reuniu com o Conselheiro Presidencial para a Estabilização e Consolidação e escutou sobre as atividades do governo que permitiram alguns avanços no processo de reincorporação para os e as ex-combatentes das FARC e alguns avanços nos PDETs, ademais dos acordos mútuos para a erradicação de milhares de hectares de cultivos de coca. Respaldamos plenamente todas as atividades que contribuem para o avanço do acordo de paz.

Reconhecemos que a implementação do acordo de paz é um processo de longo prazo, porém, como foi manifestado durante visitas prévias, a falta de progresso em certas áreas e a falta de respeito para o caráter integral do Acordo Final em sua implementação segue sendo alarmante. Também ouvimos questionamentos amplos frente ao compromisso do governo colombiano com o processo de paz, em particular em relação com o orçamento disponível no médio e longo prazo para implementar as várias medidas.

Há uma necessidade urgente para assegurar uma implementação prática das reformas rurais,

Hay una necesidad urgente para asegurar una implementación practica de las reformas rurales, incluidas en el primer punto del acuerdo, para arrancar con una transformación de las vidas y las posibilidades económicas en las zonas rurales de Colombia. Las comunidades rurales no han visto el nivel de transformación esperada a estas alturas de la implementación. De igual modo el compromiso con la entrega de tierras y la titulación de tierras para el campesinado está bastante atrasado. Es en estas comunidades rurales donde más se ha vivido la violencia y pobreza que viene de la desigualdad social, y es solo por medio de la transformación de estas zonas que se podrá sentir una paz verdadera.

El programa para la sustitución de los cultivos de uso ilícito también experimentará retos en su avance si no hay un progreso significativo en el capítulo de la reforma rural. A pesar de los avances positivos, con casi 100.000 familias comprometidas con la erradicación voluntaria de sus cultivos de coca, solo unas pocas han podido construir una alternativa que sea viable al nivel económico. Felicitamos estas familias que están participando en el programa. A pesar de los retos, escuchamos como solo un número muy pequeño regresaron a los cultivos de coca, confirmando que los acuerdos mutuos para la erradicación y sustitución de los cultivos es la mejor manera para responder al fenómeno de la siembra de coca.

La falta de avances en los puntos que se tratan de tierras y la reforma rural también genera graves problemas para la reincorporación de los excombatientes de las FARC. Entendemos que tan solo el 20% han recibido el financiamiento oficial para los proyectos productivos y económicos, y nuevamente escuchamos como la falta de acceso a la tierra es un obstáculo central. En los tres años desde la firma del acuerdo de paz y a pesar del infatigable compromiso con sus obligaciones, es alarmante que tan pocos excombatientes de las FARC hayan tenido acceso a proyectos productivos, una parte esencial del acuerdo que firmaron.

El tema de inseguridad sigue siendo uno de los retos más serios para el proceso de paz. El asesinato de los lideres sociales, incluyendo sindicalistas, está alcanzando niveles catastróficos y representa una preocupación prioritaria por parte de la delegación. En los tan solo 6 días que la delegación estuvo en Colombia, asesinaron a dos sindicalistas rurales de FENSUAGRO y un presidente regional del sindicato USO sobrevivió un atentado. También escuchamos directamente de FECODE sobre la violencia enfrentada por las personas que trabajan en el sector educativo. Según las Naciones Unidas, cerca de 170 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas en el 2019 y escuchamos como más de 180 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Estamos frente a una crisis de una magnitud extrema. Reiteramos el sentimiento ya expresado por muchas entidades, que la implementación plena del acuerdo de paz, incluyendo una participación total por parte del gobierno con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, ofrece una oportunidad histórica para mejorar, de manera significativa, las vidas de las personas quienes siguen siendo las más afectadas por la violencia en Colombia. El hecho de que, un número significativo de los asesinatos ocurren dentro de los 170 municipios cubiertos por los PDET es una manifestación clara de la conexión entre la implementación plena del acuerdo de paz y una mejoría en la situación de derecho humanos y por ende otro recuerdo de la importancia del financiamiento completo de todos estos programas.

El Monitoreo de Paz de Justice for Colombia da su apoyo completo a los mecanismos de justicia transicional creados como parte del acuerdo de paz y admira los esfuerzos gigantescos e indispensables que llevan a cabo estas instituciones. Mientras hay limitaciones de lo que puedan lograr, los fallos y los informes que saldrán en los próximos meses ofrecerán una oportunidad de tomar pasos significativos hacia la reconciliación en Colombia – es esencial que el gobierno colombiano aproveche estas oportunidades.

Mas allá que la implementación del acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y las FARC, consideramos fundamental para el futuro de paz que haya esfuerzos significativos para restablecer las conversaciones con el ELN.

El Monitoreo de Paz de Justice for Colombia destaca una vez más su agradecimiento a todas las personas quienes dieron su tiempo para reunirse con nosotros y reiteramos nuestro compromiso de apoyar a todas las personas trabajando para establecer la paz en Colombia – en particular con todas ellas quienes arriesgan su vida realizando este trabajo.

21 de febrero de 2020, Cuarta delegación del Monitoreo de Paz de Justice for Colombia

Clive Efford MP, Representante del Parlamento británico

Neil Findlay MSP, Representante del Parlamento escoces

Lloyd Russell-Moyle MP, Representante del Parlamento británico

Adelina Escandell Grases, Senadora del Senado del Estado español

Gerry Murphy, Presidente, ICTU

Josie Bird, Presidenta, UNISON

David Frederick Kitchen, Presidente, NASUWT

Douglas Bruce Chalmers, Presidente, UCU

Margaret Mary McKee, Presidenta Comité Internacional, UNISON

Hans Abildgård Sorensen, Presidente Regional, 3F

Susan Quinn, Responsable de Educación, EIS

Sergio Bassoli, Oficial Político, CGIL21 de febrero de 2020, Bogotá