Rubín Morro

La Jurisdicción Especial para la paz (JEP), en marco del Caso 03 sobre “falsos positivos”, acaba de imputar cargos de responsabilidades (https://bit.ly/36hT9dI) en estos asesinatos institucionales, crímenes de Estado o de lesa humanidad contra 11 personas: un brigadier general, 6 oficiales, 3 suboficiales y un tercero civil. Inmediatamente, ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro) refutó estos cargos aduciendo que eran asesinatos individuales y no institucionales. “Fueron manzanas podridas”, como dicen otras fuentes, buscando sepultar verdades bajo el lodo del tiempo.

Esta imputación abre positivamente el camino hacia las responsabilidades, las verdades y la reparación de las víctimas de un actor importante e institucional en el marco del conflicto social y armado, del cual se ocupa el tribunal de justicia para la paz, JEP. Permite un aporte a la verdad plena a través de la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidos en la confrontación armada, en lo que todos conocemos como El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), pactado en La Habana en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta insurgencia de las FARC-EP.

Es sumamente esperanzador esta imputación, como todas las que se hagan efectivas y también es fundamental la disposición honesta, responsable y sincera de los imputados. Negarla de plano, y sin abrir discusiones internas en los llamados a responder o aclarar, es querer tapar las realidades que todos conocemos como la palma de mano. Decir ACORE que la JEP los esta comparando con los ex guerrilleros es abrir aún más la heridas de las víctimas y la memoria de 50 millones de colombianos, cuando algunos presidentes han reconocido que el Estado y sus gobiernos tuvieron y tienen responsabilidades y deudas con la sociedad en este sentido.

Las páginas del horror de lo ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia está lejos de contarse plenamente. Por el contrario, se desvía la atención, culpando a otros actores de todo lo acontecido. Pero cuando todos los actores asumimos nuestra responsabilidad frente a nuestros errores, ya sean colectivos o individuales, le estamos apostando con seriedad a la construcción de un nuevo país soberano, en paz y sobre todo la no repetición de la horrible noche. Los colombianos merecemos vivir en paz, porque jamás hemos vivido un poco de sosiego.

El Caso 003 sobre falsos positivos atribuidos al Estado y sus Fuerzas Armadas merece toda la atención y esclarecimiento para el presente y el futuro de Colombia, de cara al proceso de paz. Es irresponsable el pronunciamiento de ACORE en contestación a la imputación de la JEP contra 11 integrantes del ejército, incluido el brigadier general Paulino Coronado Gámez, en el sentido de que no es cierto que los ‘falsos positivos’ se hayan cometido desde la institucionalidad, que fueron eventos individuales. Es oportuno recordarle a esta asociación de militares en retiro que el abogado Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal habría auspiciado y ambientado los “falsos positivos”, cuando fueministro de defensa de la ‘Seguridad Democrática’ en el año 2006, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Fue este funcionario del Estado quien emitió la siguiente orden y “Directiva Ministerial Permanente Número 29, del 17 de noviembre del 2005”. El documento de 15 páginas, cada una de las cuales abre con la palabra “SECRETO”: https://bit.ly/3AGdoQg.

Las evidencias son poderosas, dejando huellas de los orígenes de los ‘falsos positivos”. Este señor, Camilo Ospina Bernal, siendo ministro de la guerra, en el gobierno de Uribe Vélez; impartió, impuso las recompensas por los resultados en la guerra. Camilo Ospina es un poderoso, agazapado alfil uribista que en solo un año cambió la historia, lo que demuestra la intención criminal premeditada estatal. Muy al contrario de sus propósitos ilusos, estableció el pago con dineros de los impuestos de los colombianos para premiar los crímenes que cometieran miembros de la las Fuerzas Armadas, asesinando muchachos inocentes y pasándolos como guerrilleros caídos en combate.

Veamos algunas tarifas de la mencionada directiva # 29, del Ministro de Defensa de Uribe Vélez para el pago de los resultados operacionales de guerrilleros muertos y otro material de guerra:

-Personajes de máximas responsabilidades reconocidas públicamente: 5.000 mil millones de pesos.

-Cabecillas de estructuras mayores: 1.719 millones de pesos.

-Cabecillas que ejecuten acciones terroristas: 68 millones 760 mil pesos.

-Cabecillas y miembros de guerrilla: 3 millones 815 mil pesos.

-Ametralladora punto 50: hasta tres millones de pesos.

-Ametralladoras M-60: hasta dos millones de pesos.

-Fusiles: un millón de pesos.

-Granadas de mano: hasta 100 mil pesos.

-Bayonetas: 10 mil pesos.

-Minas tipo sombrero chino: 150 mil pesos.

-Mulas: 20 mil pesos.

-Caballos: 10 mil pesos.

-Reses: 10 mil pesos.

-Computadoras portátiles: hasta un millón y medio de pesos.

Esta bonanza de recompensas para premiar las acciones militares y sus resultados desató una voraz conducta criminal en las áreas de operaciones militares. Estas nuevas recompensas, ascensos, vacaciones, dinero, condecoraciones, etc., sin duda desdibujó el honor militar en el cumplimiento sagrado de su deber en la “preservación de la vida, honra y bienes de los ciudadanos”.

Finalmente, todos los actores armados que estuvimos involucrados en la guerra debemos tener humildad para reconocer nuestros errores, tener disposición, pundonor, compromiso con la paz, asumir la justicia transicional, restaurativa y prospectiva como una oportunidad de enmendar nuestros daños causados a la sociedad y no ir en contra de la ruta trazada por la construcción de una paz estable y duradera.