Marcela Muñoz

UTL Representante a la Cámara Omar de Jesús Restrepo Correa.

Comunes

El 26 de mayo de 2013, el país conocía el primer acuerdo de la agenda de negociaciones encaminado a sentar las bases para un acuerdo de paz y así superar un conflicto armado de más de 5 décadas: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. El primer punto del Acuerdo Final de Paz, ponía como génesis de la terminación del conflicto la propiedad de la tierra que ha sido en la historia colombiana un fortín a sangre y fuego y el desarrollo Integral del campo en un país con una reforma agraria postergada.  A 4 años de firma del Acuerdo Final de Paz y en la fase de implementación temprana como aún lo denomina el gobierno nacional, han sido muchos los avatares y tensiones que las comunidades han tenido que sortear para exigir en cumplimiento de lo pactado. En el caso del punto 1. RRI el mejor ejemplo, ha sido la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET).

Pues una de las principales demandas de las comunidades que habitan los municipios priorizados para los PDET, es que si bien existe una “Estrategia de participación Ciudadana” desde la Agencia de Renovación del Territorio (ART) —institución competente en la ejecución de estos planes— ese mecanismo no tiene en cuenta la voz de las comunidades, por tanto, la visión de los delegados comunitarios a los Grupos Motor es que ellos no participan en la toma de decisiones y se resisten, en sus palabras, a seguir  siendo “convidados de piedra”.  En este sentido, vale insistir en que el espíritu del Acuerdo Final de Paz y en particular de la Reforma Rural Integral es la participación de la gente, que consiste en tener en cuenta la voz de quienes conocen y viven de primera mano las dificultades del sector rural colombiano. Es así como la participación efectiva redunda en la profundización de la democracia.

Sin duda alguna y con las disímiles lecturas que se puedan tener, en la fase de construcción de los PDET se acercó a ese propósito. Según la ART entre 2017 y 2019, más de 220 mil personas, entre delegados comunitarios, étnicos, de organizaciones sociales, del gobierno municipal, departamental y nacional etc., se reunieron para llegar a acuerdos y así construir las 16 visiones estratégicas a 10 años, con 31.630 iniciativas municipales y 1.178 iniciativas subregionales distribuidas en los 8 pilares; ciudadanía que desde la esperanza dejó reflejadas sus aspiraciones territoriales, sus demandas históricas en la construcción de los PDET, y el estado colombiano una vez más dejó la palabra empeñada en materializar estas aspiraciones.

Sin embargo, en el proceso de implementación esa participación ha venido en descenso, lectura que se hace no por la cantidad de reuniones y convocatorias promovidas por la ART sino por el enfoque que se le está dando a esos espacios, donde según las comunidades estos se tornan inoperantes y poco efectivos. Aquí algunos ejemplos de lo que sostengo: las iniciativas fueron priorizadas según el criterio de los funcionarios de la ART y no de la gente; los enfoques diferenciales de género y étnico no se reflejan en temas estructurales sino nominales; si bien existen los mecanismos para hacer seguimiento a la obras mediante los Comités de Acompañamiento Comunitario (CAC), las comunidades han venido denunciando sus múltiples descontentos frente a las obras que se proyectaron en el marco de los PDET pues en esas instancias no se responden a inquietudes como ¿por que hay obras que después de 2 años de firmada el acta de inicio no se han entregado?, ¿por que se entregan obras inconclusas o a medio hacer?, ¿Por qué en la ejecución hay sobrecostos? ¿Dónde están las interventorías? ¿Cuál es el papel de las autoridades locales? ¿Cuáles son los manejos de los recursos de la paz y las fuentes de financiación de cada obra?

Todas estás inquietudes reflejan una reflexión que aplica no solo para la implementación de los PDET, sino para la situación actual del país en el marco del Paro Nacional. Los colombianos tenemos una necesidad urgente de democratización del estado, de democratizar la toma de decisiones que afectan a millones que creemos que la paz no es solamente la ausencia de confrontaciones armadas, sino que obedece a la generación de vida digna. La democracia no consiste entonces en la consolidación de un listado interminable de necesidades como quizás se entienden erróneamente los PDET, sino en la construcción colectiva con la gente y para la gente de una visión estratégica de país en aquellos aspectos neurálgicos que han sido históricamente desatendidos por los distintos gobiernos, temas que desde luego se han agudizado con la pandemia. 

En este sentido, es importante aprovechar la potencia transformadora del PDET, urge entonces ampliar los ejercicios de planificación participativa y en el país hay varios referentes que aportarían a ello: los planes de vida y de etno desarrollo de las comunidades étnicas; el Plan de Desarrollo Andino amazónico (PLADIA); los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina; herramientas que aplicarían para lo rural y lo urbano, pues permitirían  poner en discusión colectiva temas como la propiedad de la tierra, el derecho a una vivienda digna, el reconocimiento del campesino como sujeto de derechos laborales (apuesta que se podría extrapolar al reconocimiento de los millones de trabajadores informales de las ciudades); la cimentación de un sistema de salud que no negocie con la vida sino que vea en pacientes y trabajadores de la salud a ciudadanos sujetos de derechos; el acceso a servicios públicos y sanitarios para veredas y barriadas; un modelo educativo de calidad que le permita a los jóvenes del país construir un proyecto vida, etc.

Cuando la Alcaldía Mayor de Bogotá informó a la opinión pública la creación del PDET Bogotá – Región, este surgió como una apuesta importante para escenarios de ciudad. Sin embargo, se espera que decisiones como ésta no se queden en hechos mediáticos, sino que se llenen de contenido reconociendo el espíritu participativo de los PDET, que en últimas es la generación de escenarios de diálogo con quienes hoy demandan de un estado atención social y continúan movilizados en las calles de todo el país. Sin embargo, esta declaratoria es definitivamente una oportunidad para la planificación participativa del sector urbano. En similar ejercicio, organizaciones sociales de otros municipios del Norte, Oriente, Suroeste antioqueño y Chocó están demandando que se amplié la categoría de municipios PDET.

Hechos como estos, nos amplían la lectura de construcción de paz territorial, y seguramente hay quienes estiman como vacío del Acuerdo Final no contemplar la «Paz Urbana», que podría ir dirigida a la reparación de millones de personas que hace generaciones vivían en el campo y fueron desplazadas a contextos de ciudad, por distintos factores asociados al conflicto armado. Pero el debate aún no está concluido, y ha ido tomando fuerza en el marco de la implementación de los PDET.  Llenar de contenido esa nueva categoría de paz en las ciudades es un reto compartido con la gente de las barriadas populares, allí donde están la gente de a pie, los jóvenes desempleados, las madres cabeza de familia, los empleados informales, los artistas, los comunicadores populares y los liderazgos urbanos.

Seguramente muchos de los que están en la protesta pacifica son hijos y nietos de quienes fueron desterrados del campo, obligados a construir un nuevo modelo de vida en la ciudad, quienes están exigiendo del estado inversión social para los millones de familias que se encuentran hoy en condiciones de pobreza y pobreza extrema; respeto de los derechos humanos; en síntesis, ser reconocidos como ciudadanos.

Sin embargo, al igual que en lo referente a la implementación de las iniciativas PDET, el gobierno de Iván Duque plantea que cuenta con limitados recursos para atender las exigencias de la gente movilizada en el marco del paro. Este argumento es cuestionable en la medida en que se invierten importantes recursos que suman miles de millones de pesos, para aumentar la burocracia firmando cuantiosos contratos sustentados principalmente en el nepotismo estatal, sin contar con el helicóptero, las camionetas blindadas y la adquisición de mayor arsenal para la fuerza pública.  Lo que hace evidente que el problema no es de recursos sino de voluntad política.

A pesar de la desconexión entre el gobierno y las demandas de la gente en este escenario de exigencia de la implementación Integral de acuerdo final de Paz y las multitudinarias movilizaciones, Colombia nunca será la misma, reconociendo que desde hace décadas millones de colombianos han hecho de la calle el mejor escenario de participación para exigir un nuevo país. Fruto de los que hoy se manifiestan pacíficamente en las calles y veredas, y en memoria de los sueños de esos miles de hombres y mujeres que hoy no están, otra bandera cobra sentido, la que reivindica que la paz solo será realidad con el concurso de la gente, sin ello no posible construir la Paz completa.

Esta generación vio reflejado su futuro en el espejo de la vida de sus padres, abuelos, y cargada de valentía, dignidad y creatividad, exige ser escuchada. Siendo consientes de que la participación efectiva soportada en el reconocimiento de la diferencia y la profundización de la democracia son todavía campos de disputa y aunque muchos que trabajaron por una Nueva Colombia no estén, razón tenían las palabras del líder aimara Tupac Katari antes de ser asesinado por los terratenientes blancos: “Volveré y seré millones”.