Rubín Morro

El apresuramiento del presidente Duque para nombrar en la cancillería a su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez tiene dos objetivos principales: primero, porque nadie votará por ella ante una eventual candidatura presidencial y, en segundo lugar, para “tratar de ahuyentar el avispero” que se le armó en la comunidad internacional, a raíz de la represión policial y el uso desproporcionado de la fuerza, cuyos resultados en muertos, heridos, agresiones sexuales, uso de gases y desaparecidos, inundaron las redes sociales del planeta. No estamos hoy en las épocas pretéritas, el mundo está al alcance de nuestras manos y nuestra conciencia. Cada persona es un reportero. Nada se escapa. Estamos en la era tecnológica, señores del gobierno.

¿Por qué tanto miedo del gobierno de Colombia a la visita urgente del CIDH, si se jacta de plenas libertades y amplia democracia? “Respetamos el derecho a la protesta”, dijo Molano en la moción de censura en el senado en la noche del 24 de mayo. “Cuidamos la protesta”, qué mentira de este alfil de la guerra. Coro y libreto, repiten como loros por sus medios de desinformación. Estigmatizan la protesta social y ven los marchantes al enemigo interno.

Veamos qué es la CIDH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH)”.

Marta Lucía Ramírez manifestó que: “Tenemos la solicitud de la CIDH y del propio secretario Almagro. Hemos dicho que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control -Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría- terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”. Éstas fueron las palabras de la nueva canciller. La negativa del gobierno de Colombia está demostrando que tienen “rabo de paja” y hay que primero limpiar la casa. Amnistía Internacional calificó de “alarmante” la decisión del gobierno de que la CIDH no visite, por ahora, a Colombia.

Y la verdad, todo este ocultamiento de la realidad, todo este sofisma de distracción acerca de que supuestamente las autoridades investiguen y aclaren todos los hechos de violaciones de los derechos humanos, para luego recibir las visitas que deseen, tienen el claro molde de la impunidad. ¿Será que todas las evidencias, fotos, audios, vídeos, testimonios etc., es un invento de las comunidades? ¿Una conspiración contra el gobierno, como lo dijo ante el mundo la anterior canciller, Claudia Blum? Nadie entiende esta negativa del gobierno. Los mismos Estados Unidos apoyaron las investigaciones por el uso desbordado de la fuerza.

Los atropellos no son una invención, la represión de las marchas, la utilización de lanzadores de proyectiles Venom, los disparos letales con armas de fuego, patadas, golpes, bolillo, tanquetas atropellando los marchantes, chorros de agua contra las multitudes a gran presión, sobrevuelos rasantes de helicópteros y aviones bombarderos. ¿Qué es esto, entonces, señores presidente y ministro de la guerra? Este último quien en la moción de censura en el senado habló bellezas de la fuerza pública, incluida su “asistencia militar”, que no es otra cosa que la “militarización de la sociedad”. Al carajo con eufemismos para maquillar la represión.

¿De dónde aparecen estas catástrofes humanas? ¿Será del medio ambiente o de los abrazos con la policía? Según “Temblores-ONG” y la “Plataforma Grita”, se registró que entre las 6:00 am y el 28 de abril y las 12:00 am del 21 de mayo en Colombia hay: 2905 casos de violencia policial, 855 víctimas por violencia física de la policía, 43 víctimas de violencia homicida, presuntamente cometida por la policía, 1.264 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 575 intervenciones violentas de la policía, 39 víctimas de agresiones en los ojos, 153 disparos de arma de fuego por parte de la policía, 21 víctimas de violencia sexual de parte de la fuerza pública.

Viéndolo bien, el gobierno debe sentir mucho temor por la cantidad de abusos innegables, miles de testimonios de agresiones de la policía en cumplimiento de sus directrices, de acuerdo a la misma Constitución Política de Colombia, de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, a la luz de la legislación internacional y la censura global.

El susto debe ser espantoso. Ayer 25 de mayo, Migración Colombia negó el ingreso a nuestro país de Juan Grabois, integrante de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de DD.HH.. El mismo gobierno está cavando su desprestigio ante el mundo que observa su ensañamiento contra esta explosión social pacífica generalizada e histórica.

Que el planeta conozca la verdad y la justicia internacional haga lo propio contra un gobierno que siempre ha querido eternizar la guerra. Siempre ha querido hacer trizas el Acuerdo Final de Paz de La Habana, atentando contra los anhelos de un pueblo que jamás ha conocido el sosiego y la paz. Lastimosamente, el Estado desaprovechó las herramientas políticas para salir de la crisis por la que hoy Colombia se levanta en las calles.