Rubín Morro

La verdad, me asaltan temores, seguramente como a muchas personas. Conozco la guerra y sé cuánto cuesta en términos de vidas humanas. Viví en ella en el centro de su torbellino de muerte e incertidumbre. Esperamos un desescalamiento en las acciones inherentes a la protesta social producto de acuerdos rápidos y tangibles. Esperar que corra el tiempo sin un compromiso claro del gobierno puede ser fatal para el país. Solo el diálogo y una clara negociación con quienes están en las calles y sus representantes hará posible una solución civilizada. Si nos sentamos las FARC-EP con el Estado colombiano para parar una guerra de 53 años y llegar a unos acuerdos de paz, cómo no se va poder sentar el gobierno con la sociedad a pactar una salida política.

El Paro Nacional que completa 20 días ha dejado muertos y heridos. Nos duelen todas las pérdidas humanas y sus afectaciones en cientos de víctimas. Por esto, esta situación amerita prontas soluciones, producto de un diálogo útil, eficaz, con acompañamiento de entidades internacionales que dé garantía de cumplimiento de los acuerdos pactados. El tiempo apremia y mientras se instala una interlocución efectiva con los manifestantes, el enfrentamiento entre autoridades y grupos de jóvenes asciende a nuevos niveles parecidos a los de una guerra.

La protesta popular no puede ser tratada como un conflicto interno, conspiración o contra el orden establecido. No. La lucha social es un derecho intocable por los gobiernos. Si hay hechos que alteren el orden público, se deben tratar políticamente. Consensuar es la democracia. Se deben solucionar las causas de estos eventos políticos, no enviar la fuerza policial.

Hemos visto todo tipo de acciones de hecho, ataques a peajes, bancos, CAI, alcaldías, monumentos, tiendas, excesos de las autoridades expresadas en asesinatos, heridos, desaparecidos, agresiones sexuales, gases a las marchas, balaceras de algunos policías y civiles, que han provocado respuestas extremas de algunos marchantes. Es muestra de este escalamiento de batallas campales la de Jamundí el 9 de mayo, donde vimos civiles con fusiles disparándole a los indígenas. O Buga, donde en la noche del 13 de mayo con apoyo de helicópteros, el ESMAD arreció contra los habitantes de este municipio del Valle del Cauca que se opusieron al desbloqueo de la Vía al Mar. O la del 14 de mayo por la noche en Popayán, donde un grupo numeroso de jóvenes atacaron a las autoridades y a las instalaciones oficiales. Según el ministro de defensa, se habrían llevado 50 armas, entre esas, 15 fusiles, en rechazo a la detención y presunta violación de una menor por parte de varios integrantes del ESMAD. Vimos a la población que protestaba siendo atacada por los antimotines, quienes dispararon desde tanquetas y desde tierra con lanzadores múltiples electrónicos Venom ( un arma nueva nunca utilizada en Colombia), cargados con proyectiles con agentes químicos, como sucede en plena guerra, causando el pánico en la comunidad. El 16 de mayo nos informaron los noticieros que en Medellín un grupo de civil disparó contra algunas personas y nadie fue capturado por ello. ¿Estos son juegos de guerra? Todos estos eventos deben tener obviamente sus investigaciones y el debido proceso.

El gobierno, sin pretender justificar estas acciones de hecho de todos los lados, debe desmilitarizar las marchas y desestigmatizar la protesta. Han ocurrido muchas arbitrariedades de parte de la Fuerza Pública que ha provocado la ira de las multitudes. El gobierno no acepta que hay crisis social. Así lo escribe la cancillería en un largo documento a la Comunidad Internacional con fecha de mayo 13 de 2021. Dice un aparte del documento del establecimiento: “Estas manifestaciones y hechos afectan la estabilidad y el estado de derecho en Colombia, su institucionalidad y reputación ante la comunidad internacional”.

Ojalá en Colombia se pudiera expresarse sin ser estigmatizado. Pero desde siempre las huelgas y marchas han sido reprimidas. Es concomitante a los gobiernos mirar a los que protestan como enemigos. Y ahí sí tiene razón César Gaviria cuando expresó “que el problema no es de Duque, ni de su gobierno”. Lo que quiere decir que el responsable es el Estado y sus estructuras de los distintos gobiernos que nos han gobernado por muchas décadas.

Esta turbulencia comenzó a salir a la superficie unos meses después de haber iniciado la pandemia del Covid-19. Fue ahí donde se visibilizaron aún más todos los problemas sociales, sobre todo el empobrecimiento extremo, el hambre de las comunidades vulnerables, el desempleo y, para empeorar las cosas, los altos costos de los servicios públicos e impuestos. Esta fue la gestación del Paro Nacional.

La gota que rebozó la copa fue la diabólica Reforma Tributaria en medio de semejante cuadro de caos social, en la cual el 70% del tributo lo pondrían los pobres, la clase media y el 30% las grandes empresas. Como quien dice, los que poseen menos recursos tributarían más y los que más tienen aportarían menos. Una cosa por demás absurda que atentaba contra las mayorías pobres de Colombia. Esa fue la causa fundamental. Claro que hay otras, pero fue ésta la que provocó la exaltación social que tiene al país colapsado. Fue el gobierno quien prendió el fuego Solo a Duque se le da por hacer esta reforma tributaria en tan profunda crisis social.

El gran temor que todos y todas tenemos es que la anarquía se apodere del escalamiento de las acciones de hecho, involucrando a quienes en su mayoría hemos marchado pacíficamente y que esto desencadene acciones más violentas de parte de la Fuerza pública. Temores como que aparezca gente disparándole a la policía sería gravísimo. Si disparan contra quienes solo tienen piedra y palos, cómo será si aparece un arma en estos disturbios. Teniendo en cuenta que en todo el mundo la policía reacciona fuerte con los manifestantes, siempre hay violencia. Y en Colombia para nada es la excepción, cuando la policía viene de un conflicto armado de más de medio siglo.

Por eso, es necesario dialogar, negociar salidas urgentes, realizables y verificables. Se nota que las acciones de enfrentamiento son más beligerantes, como destruir un CAI, un comando de policía, la URI de Popayán y llevarse armas, según las autoridades. Conseguir un arma en Colombia es sencillo, solo hay que tener cómo pagarla. Es la verdad. Ésta es la gran preocupación. No podemos esperar y alargar soluciones prontas. No seguir escalando con batallas campales como Jamundí, Buga y Popayán, muy parecidas a la guerra. Todo indica que el gobierno dilatará la negociación. Le conviene para poder reprimir con más fuerza. Y finalmente, mi otro gran temor es que toda esta explosión social termine y todo siga igual, o tal vez peor.