Por: Reynel Ariza

Primera Parte

Cronología De La Infamia

La grave crisis penitenciaria y carcelaria colombiana, de muy vieja data, ha sido retratada por académicos, políticos y medios de comunicación en diferentes épocas. Es una realidad sobre diagnosticada. No obstante, su exposición pública, lejos está el interés estatal por superarla.

Cuando la Corte Constitucional constató por primera vez la gravedad de lo que ocurría en el interior de las prisiones colombianas, profirió la Sentencia T-153 de 1998,  en la que después de hacer un recorrido histórico y fáctico, declaró el estado de cosas inconstitucional en las mismas.

En la Sentencia T-153 la Corte tuvo en cuenta las condiciones de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios que dificultaba garantizar “medios para la resocialización a la población privada de la libertad». Para conjurar está situación la Corte ordenó la realización de un plan de construcción y regionalización carcelaria, enfocada en la ampliación  de la infraestructura carcelaria. Así, entre los años 2000 y 2003 se inició la refacción y construcción de complejos  penitenciarios bajo el modelo estadounidense. En efecto se ampliaron los cupos carcelarios y las cifras de hacinamiento tendieron a disminuir, por lo que se consideró superado el estado de cosas inconstitucional. Pero la crisis carcelaria se mantuvo.

En el 2013, la Corte Constitucional analizó varios expedientes de acciones de tutelas acumulados en los cuales se hacía referencia a las serias vulneraciones a los derechos humanos y a la dignidad humana en las cárceles. En atención a ello, nuevamente la Corte Constitucional emite  la Sentencia T-388 de 2013, en la que se pronunció sobre la problemática carcelaria y el papel desempeñado por las instituciones a cargo del Sistema Penitenciario y Carcelario, concluyendo que se asistía nuevamente a un nuevo estado de cosas Inconstitucional en el que «los derechos Constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada». En esta oportunidad la Corte asumió que  el tratamiento a la crisis pasaba por una reforma profunda del Sistema Penitenciario y Carcelario.

Pero dos años después a la promulgación de dicha Sentencia la crisis penitenciaria y carcelaria continuó. No fue una sorpresa entonces, que la Corte encontrara nuevamente una acumulación de denuncias por la sistemática violación de los derechos humanos en al menos 16 Centros Penitenciarios del país. Ello, sumado las manifestaciones pacíficas de las personas privadas de la libertad, condujo a que la Corte Constitucional promulgara una nueva Sentencia, la T- 762 de 2015, en la que se abordó nuevamente la Crisis Carcelaria.

En esta sentencia la Corte analizó las denuncias y concluyó que había razones para la invocación de la protección de los derechos fundamentales de la población reclusa que pedían el des-hacinamiento, readecuaciones a la infraestructura física, mejorías en los servicios de salud, alimentación y trato digno.  Igualmente sobre la necesidad de iniciar investigaciones disciplinarias y penales por actos de tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes causados por el cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC.

La Corte además afirmó que las dificultades que atravesaban las personas reclusas trascendían las dinámicas de cada uno de los establecimientos y se «extienden a un nivel nacional del sistema penitenciario y carcelario», e hizo un llamado a las diferentes instituciones del Estado a responder, pero una a una se lavaron las manos. La Fiscalía, la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Departamento de Planeación Nacional argumentaron no tener competencia para atender a las pretensiones de los accionantes. El INPEC afirmó que el hacinamiento no obedecía únicamente a la falta de cupos sino a cuestiones relacionadas con la Política Criminal del Estado y al «populismo punitivo». La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC sostuvo que su única función era brindar apoyo administrativo y logístico.

La Corte señaló también que la Política Criminal en Colombia es reactiva y toma decisiones sin fundamentos empíricos, lo que genera incoherencias normativas, y afecta directamente las condiciones carcelarias. Asimismo sostuvo que otra de las falencias de la Política Criminal es subordinación a las Políticas de Seguridad Nacional. Igualmente denunció el uso excesivo de las medidas de seguridad privativas de la libertad.

En consecuencia, la Corte, una vez más reiteró la existencia de un estado de cosas Inconstitucional y mandató una serie de medidas encaminadas a superar la crisis y delegó a la Defensoría del Pueblo para su seguimiento, para lo que debería crear un Comité Interdisciplinario que le permitiera dar respuesta a la tarea. Sólo tras su cumplimiento podría decirse que cesarían las violaciones constitucionales declaradas.

Segunda Parte

Lucha y resistencia en ‘La Tramacua’

‘La Tramacua’, como se le conoce al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad – EPCAMS de Valledupar, Cesar es el primer complejo penitenciario construido con la supervisión del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, habilitado en el mes abril del año 2000 con el pretexto de ampliar los cupos ordenados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998.

Prontamente ‘La Tramacua’ se convirtió en la peor cárcel de castigo del país, en la que se impuso un régimen que de torturas y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra de la población privada de la libertad, de tratos crueles, inhumanos y degradantes extensivos a nuestros familiares y demás visitas. Situación que se mantiene hasta hoy, con la más completa impunidad y en franco desacato de todas las Sentencias de la Corte Constitucional en la materia.

Foto: Internet

Frente a todas las afrentas a los derechos humanos en ‘La Tramacua’, en el 2011, los presos políticos del Colectivo Edward Atencio del ELN y la célula Martín Caballero de la  entonces FARC-EP, juntamos esfuerzos para hacerle frente al inhumano y represivo sistema carcelario. Empezamos con la reorganización interna y conformamos el colectivo de Presos Políticos Benkos Biohó y elaboramos un plan de trabajo que incluía todos los medios de defensa y resistencia posibles, pasando por los recursos legales como primera medida.

Pero nuestras demandas no solo fueron desatendidas por el INPEC, sino que como retaliación contra quienes liderábamos las iniciativas fuimos estigmatizados, aislados de los patios y conducidos a los calabozos de castigo, restringida la comunicación con nuestros abogados y familiares.  Al mismo tiempo, al resto de la población carcelaria le aplicaban castigos colectivos, les negaban el acceso al servicio médico tanto general como por urgencias, restringieron el suministro de agua y alimentación, hostigaron y restringieron nuestras visitas. Todas estas arbitrariedades fueron el detonante para que los más de mil presos en esta penitenciaria, consideraran necesaria y justa nuestra propuesta de reivindicación y lucha y se sumaran a ella.

La única opción que nos dejaron fueron las vías de hecho. Durante tres meses permanecimos en desobediencia en una primera jornada, logrando romper con la invisibilización, llamando la atención de la comunidad nacional e internacional frente a lo que estaba ocurriendo en el centro de torturas de ´La Tramacua’.

Durante estas jornadas de desobediencia sufrimos graves atropellos por parte del INPEC  y su cuerpo de custodia y vigilancia en su afán de disolver la protesta. Pero esta se mantuvo a pesar de la disgregación de los líderes, representantes del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Crisis.

Con el apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos se posibilitó la presencia de una comisión de alto nivel encabezada por el senador Iván Cepeda Vargas, con la que se intercambió sobre las causas de la protesta y se hizo entrega de un pliego de peticiones que buscaba la dignificación de las condiciones de reclusión de los privados de la libertad de ‘La Tramacua’. La Comisión se comprometió a  buscar soluciones y presentar ante la Corte Constitucional un informe de su visita de verificación.

Como resultado de todo lo anterior, en el 2014 la Corte Constitucional profirió la Sentencia T- 282,  en la que le dio al INPEC el plazo de un año para subsanar las condiciones que afectaban entonces a la población privada de la libertad y le ordenó eliminar las prácticas de violación de los derechos humanos contra la población reclusa, o de lo contrario ‘La Tramacua», en Valledupar sería clausurada. 

Entre las disposiciones más importantes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T- 282 de 2014 y notificadas al INPEC en el mes de enero de 2015, estaban: 1. Efectuar los arreglos necesarios para garantizar el suministro de agua potable y al interior de las celdas; 2. Cesar todo tipo de maltrato y adelantar las investigaciones disciplinarias por los actos de tortura perpetrados contra la  población reclusa; 3. Modificar el régimen interno del establecimiento; 4. Suspender el ingreso de más reclusos al establecimiento con el objeto de controlar el hacinamiento.

Posterior a eso y con una más clara conciencia de la necesidad de la lucha, en cabeza del Movimiento Nacional Carcelario que agrupa a presos políticos y sociales, se ha hecho seguimiento de la Sentencia T- 282 de 2014 a fin de garantizar su pleno cumplimiento.

También en aras de visibilizar aún más nuestra lucha hemos creado varios medios de difusión. Durante el curso de las jornadas descritas creamos un boletín informativo a modo de caricaturas, que circulaba cada 8 días, y se titulaba ‘oiga paisano’ en el que se denunciaban diferentes hechos que vulneraban nuestros derechos. Por su parte, el colectivo Benkos Biohó de presos políticos elaboró su primer periódico llamado ‘Nuestro Fucik’ en el quea través de nuestras opiniones denunciábamos la problemática carcelaria tanto local como nacional, además de tratar otros temas de coyuntura política. Y en otro momento, el Colectivo Edward Atencio del ELN elaboró el periódico titulado ‘al calor del pueblo’,  que aún se publica.

Más recientemente decidimos crear el periódico ‘Tramacua sin Fronteras’ para recoger esa multiplicidad de voces, miradas y propuestas como Movimiento Nacional Carcelario que todavía circulamos y en el que como su nombre lo indica rompemos las barreras de los muros que nos contienen para ampliar la participación de quienes tanto desde adentro de las rejas como desde afuera, en el movimiento de solidaridad, en lo local y lo nacional, quieran hacer sus aportes sobre el tema penitenciario y carcelario.

Hoy, a 23 años de promulgada la primera Sentencia T-153 que declaró el estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas, la crisis carcelaria no solo se mantiene sino que se agudiza. Es un permanente circulo vicioso, que pasa por la desidia institucional, la corrupción administrativa, el desprecio por la población carcelaria, la indiferencia de la sociedad, los retrocesos en conquistas ganadas por el reflujo de la lucha carcelaria y la debilidad en el movimiento de solidaridad que no logra trabajar de forma unitaria, y para completar la pandemia del COVID-19 que nos ha llevado desde el 2020, al aislamiento, a la pérdida de nuestras visitas y nos empuja a la fatalidad del padecimiento del virus sin ninguna atención médica y hasta la muerte.

Pero nuestro deber como presos políticos es fortalecernos en la adversidad y mantener en alto nuestra conciencia y moral. Es claro que sin la lucha carcelaria liderada por los presos políticos, acompañada por el resto de la población carcelaria en el Movimiento Nacional Carcelario, que ha entendido su justeza, no hubiera sido posible romper el silencio, frenar en algo la impunidad y avanzar un poco en el mejoramiento de las condiciones de vida en ‘La Tramacúa’ y en el resto de cárceles del país. Este es un nuevo momento que demanda de nosotros elevar la conciencia de que sin lucha no hay dignidad.

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Publicado en el periódico TRAMACÚA SIN FRONTERAS. Movimiento Nacional Carcelario. Edición 4, Marzo de 2021.