Marcela Muñoz Q.

Unidad de Trabajo Legislativo – HR Omar de Jesús Restrepo – Comunes

Con la expedición Decreto 380 del 12 de abril de 2021, “Por medio del cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”, se reanuda el debate de las consecuencias en materia de salud pública, efectos ambientales y sociales del uso del herbicida Glifosato como parte de la política de drogas del país.

Si bien este decreto no reactiva de manera inmediata la estrategia de aspersión aérea, porque para ello es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes verifique el cumplimiento de los requisitos exigidos —particularmente en la Ley 30 de 1986; la sentencia T- 236 de 2017 y el Auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional; al igual que se deben tomar en consideración las modificaciones realizadas a los procedimientos por parte de los Ministerios de Salud y las condiciones impuestas por la Corte— lo cierto es que este decreto sí les da un avance significativo a las pretensiones del gobierno del presidente Iván Duque de continuar con la aspersión con glifosato.

Esta estrategia no es una novedad para el país, sino que hace parte del reciclaje de anteriores políticas que iniciaron entrando los 80s, cuando en el gobierno de Julio César Turbay se fumigaron los cultivos de marihuana de la Sierra Nevada de Santa Marta con diferentes herbicidas. Misma época en que el fenómeno del narcotráfico iniciaba su caracterización como un problema de seguridad.

Sin embargo, el uso de glifosato comenzó en pleno durante la presidencia de Belisario Betancur, estas campañas de aspersión eran generalmente ejecutadas por contratistas estadou­nidenses, que utilizaban Roundup, herbicida producido por la compañía americana Monsanto, por lo que desde esa época es una de las alianzas comerciales en el marco de la política de drogas entre EEUU y Colombia. Esta alianza comercial fue fortalecida en el gobierno de Andrés Pastrana (que además continúo en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez) con la firma del Plan Colombia, también llamado Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la paz, acuerdo bilateral que permitía la financiación y cooperación para la guerra antidrogas que pronto incorporó medidas antisubversivas. El Plan Colombia se enfocó́ en diferentes estrategias: aspersión aérea, erradicación manual, programas de desarrollo alternativo y acciones de interdicción; para combatir la producción y tráfico de cocaína.

De las estrategias implementadas bajo el Plan Colombia, la aspersión aérea se constituyó en una de las principales acciones para la reducción de oferta, recibiendo millonarias inversiones. Según el Informe final, de la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia —creada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en 2013— Lineamientos para un Nuevo Enfoque de la Política de Drogas en Colombia del año 2015:

“Hasta ahora las evaluaciones muestran que la estrategia de aspersión aérea de cultivos ilícitos es muy poco efectiva. En particular, los resultados indican que por cada hectárea asperjada con glifosato (el herbicida utilizado en las campañas de aspersión), los cultivos ilícitos se reducen, en promedio, en 0.035 hectáreas. En otras palabras, para eliminar una hectárea de coca mediante la aspersión aérea, se necesitaría fumigar cerca de 30 hectáreas (Mejía, Restrepo y Rozo, 2015). Las estimaciones de estos estudios indican que asperjar una hectárea de coca cuesta aproximadamente $2.600 dólares. Con una efectividad promedio de 0.035 hectáreas eliminadas por cada hectárea asperjada; el costo de eliminación de una hectárea de coca mediante esta estrategia es de cerca de $72.000 dólares. Desde el punto de vista costo-efectividad, esta política resulta muy ineficiente, pues el valor de la hoja de coca sembrada en una hectárea es de aproximadamente $400 dólares, y el valor de la cocaína que de allí́ se puede extraer de cerca de $3.600.”

Adicionalmente, en este mismo informe se enumeran 5 literales que dan cuenta de la ineficacia de la estrategia de aspersión con glifosato.  1. Es ineficaz desde el punto de vista de la sostenibilidad de los resultados; 2. Es ineficiente desde el punto de vista de los recursos y el esfuerzo realizado; 3. Implica degradación de la percepción de legitimidad del Estado y sus instituciones; 4. Implica riesgos ambientales por desplazamiento de cultivos ilícitos a zonas de mayor valor ambiental; y 5. Implica riesgos a la salud por el contacto directo con el herbicida glifosato.

Estos argumentos coinciden con las históricas denuncias de comunidades, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos por las innumerables  afectaciones a causa de las aspersiones con glifosato, perjuicios que además superaron las fronteras y resultaron en una compensación de USD$15 millones de Colombia a Ecuador como parte de un acuerdo que puso fin a una demanda interpuesta a raíz de las fumigaciones aéreas que hizo Colombia a cultivos de coca en el área limítrofe, que afectaron cultivos de pan coger y la salud de ecuatorianos.

Sumado a las evidencias sobre la ineficacia de esta estrategia en materia de reducción del área sembrada de coca y tras conocer una alerta avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre los posibles riesgos cancerígenos del uso de glifosato para la fumigación de cultivos, el Ministerio de Salud elevó una solicitud al Consejo Nacional de Estupefacientes para que suspendiera las fumigaciones. El Consejo acató la recomendación, las suspendió únicamente sobre los cultivos ilícitos mediante la Resolución 006 de 2015 «Por la cual se ordena la suspensión del uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea.»

Esta suspensión de las aspersiones con glifosato, coincidió con la firma del Acuerdo Final de Paz y el inicio de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), programa que en casi 4 años de implementación y con todas las dificultades y falta de voluntad política del gobierno, ha logrado —según cifras del Informe Ejecutivo Consolidado No. 21 de UNODC, con fecha de corte 31 de marzo de 2020— que 67.251 familias campesinas que derivaban su sustento de estos cultivos (cultivadores), levantaran de manera voluntaria hasta la raíz 41.513 hectáreas de plantas de coca,  con un cumplimiento del 96% y con 0,2% de persistencia o resiembra.

Lo que pone en evidencia que, para la superación del problema de los cultivos, es necesario profundizar en acciones estructurales que permitan superar las condiciones de pobreza y marginalidad en que viven las comunidades rurales del país, y en afianzar la presencia institucional de forma integral y no exclusivamente con las Fuerzas Militares. Es necesario continuar en la reflexión de una Política de Drogas con enfoque de derechos humanos, lo que implica, entre otros aspectos, reconocer el enfoque territorial del fenómeno, una acción articulada del estado, garantizar la seguridad en los territorios y asegurar la provisión de bienes y servicios que permitan la vida digna y la garantía al medio ambiente saludable en el campo.

Es por estas razones que urge enfocar los esfuerzos estatales en materia social, ambiental y de derechos humanos y no repetir una y otra vez la fórmula de fumigar con glifosato que no ha redundado en la resolución del problema sino en su agudización. El gobierno de Iván Duque, al insistir en la reanudación de las fumigaciones pasa por encima de la evidencia científica disponible que argumenta los diferentes daños del glifosato a cultivos de pan coger, a fuentes hídricas, a polinizadores y en general a animales. Con estas decisiones se retrocede significativamente, se insiste en poner el puño de hierro en el eslabón más débil de la cadena; en no generar las condiciones para la implementación integral y efectiva del Acuerdo Final de Paz; en retornar a la migración masiva de los cultivos, especialmente a áreas protegidas; en agudizar el escenario de violencia que vive el país; aspectos éstos, que ponen en riesgo la permanencia de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas en sus territorios.

Quienes defendemos la vida, la justicia social y la paz, nos sumamos a los llamados de atención de las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos; de los siete relatores especiales de las Naciones Unidas; de la comunidad académica y científica; de los ambientalistas; pero en especial, acompañamos las exigencias de las miles de familias campesinas, indígenas y afro de la ruralidad colombiana que hoy rechazan a una sola voz,  la intención de reactivar las aspersiones con glifosato.

Si bien la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), modificó su Plan de Manejo Ambiental  (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG), aún falta el sustento técnico-científico del Ministerio de Salud y Protección Social, así como del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se espera, sean coherentes con lo expuesto por la Organización Mundial de la Salud – OMS,  que categoriza al herbicida como cancerígeno para los seres humanos y, causante además, de daños al medioambiente.

Quedará para la historia que mientras el mundo entero dedicaba todos sus esfuerzos para superar una crisis sin precedentes  en materia económica, social y sanitaria por la pandemia del COVID-19,  el gobierno de Iván Duque, reactivó las cuestionadas fumigaciones aéreas con glifosato, que no es otra cosa que vaciar veneno a las zonas rurales más empobrecidas del país, que poco aporta en la solución a la problemática asociada a los cultivos de hoja de coca, pero que afectan de manera indiscriminada la salud de los humanos y el medio ambiente.