Por: Consejo Local de los Comunes ‘María Cano’ – Prisioneros FARC, militantes del Partido COMUNES

Colombia, Febrero de 2021

Cuatro años duró el último proceso de conversaciones de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos que tuvo como sede La Habana, Cuba. El 24 de noviembre de 2016 se protocolizó la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el Teatro Colón de Bogotá.

Y como ha ocurrido con otros procesos de paz que culminan con un pacto tanto en Colombia como en el mundo, uno de los temas que quedaron incluidos en el Acuerdo es la concesión de Amnistías e Indultos que resolviera la situación jurídica y libertad de los cientos de prisioneras y prisioneros políticos en manos del Estado. El 30 de diciembre de 2016 se promulgó la Ley 1820 de Amnistía e Indulto, que fue posteriormente reglamentada con el Decreto 277 del 17 de febrero de 2017.

Dicha Ley de Amnistía e Indulto aunque no solo tiene alcance para ex combatientes de las FARC-EP sino para población civil que de una u otra manera se vio involucrada en el conflicto interno armado, lamentablemente no incluyó por una oposición del gobierno en la mesa, a prisioneras y prisioneros políticos de otras fuerzas revolucionarias para quienes hay que seguir buscando una pronta libertad.

La puesta en marcha de la Ley de Amnistía e Indulto así como el resto de puntos de la implementación del Acuerdo Final de Paz no ha sido nada fácil.  Se ha topado en el camino con una dura oposición del gobierno del presidente Iván Duque, su partido de gobierno y también de otros sectores, por unas y otras razones, que no son objeto de este artículo.

Para poder lograr las libertades plenas y condicionadas de ex combatientes de las FARC-EP, se estableció una instancia entre la Oficina del Alto Comisionado de Paz – OACP del gobierno y un equipo delegado por las ex FARC-EP, ahora Partido Político, que en su última Asamblea Nacional Extraordinaria realizada el pasado mes de enero de 2021 cambió su nombre por COMUNES. Es en esa instancia y con el concurso de Naciones Unidas como veeduría internacional, que desde la mesa de la Habana se acordaron unos criterios, definidos por las partes, para elaborar unas listas que certificaran la pertenencia al ex grupo insurgente que serían susceptibles de esos beneficios.

Ese tampoco ha sido un proceso sin espinas en el camino. La muerte de no pocos ex comandantes de la guerrilla de las FARC-EP ha dificultado, por ejemplo, la certificación plena de algunos/as prisioneros como integrantes de la anterior guerrilla, en cualquiera de sus estructuras de militancia y apoyo; otra dificultad ha sido el cierre de los listados de manera arbitraria por parte del gobierno, tema que es de permanente debate en las reuniones de seguimiento y verificación a la implementación del Acuerdo. Por parte del Partido firmante del Acuerdo de La Habana, se ha insistido en reabrir los listados para los casos de quienes tienen pleno derecho pero que por diferentes circunstancias quedaron por fuera de los iniciales y que poco a poco se van verificando por las partes. Otra de las dificultades que enfrentamos tiene que ver con la lentitud en la resolución de nuestros casos en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, uno de los mecanismos de justicia restaurativa también resultante del Acuerdo Final, y las talanqueras de jueces y fiscales de la jurisdicción ordinaria que hacen  más engorrosa la correcta y pronta aplicación de la Ley 1820.

Con todo y estas dificultades, gracias al Acuerdo de Paz, 3.365  prisioneras y prisioneros de las ex FARC-EP han logrado hasta ahora su excarcelación, algunos con amnistías de iure, indultos, gestores/as de paz y en casos más complejos con libertades condicionadas que exigen su comparecencia ante la JEP. No obstante, a la fecha aún permanecen alrededor de 291 prisioneros/a políticos vinculados con las ex FARC-EP, entre ex combatientes, milicianos, militantes clandestinos y apoyos. Hay una sola mujer en ese grupo que aún permanece privada de la libertad. De este grupo 186 se encuentran debidamente acreditados por la Oficina del Alto Comisionado de Paz – OACP a la espera del beneficio de la libertad y 105 en calidad de observación, mientras se esclarece su pertenencia y los certifica la OACP. 

Al tiempo que se ha ido buscando la amnistía y libertades condicionadas para los prisioneros de las ex FARC, ha sido también un tema de permanente discusión con el gobierno nacional nuestro agrupamiento en algunos pabellones y cárceles del país. Hoy la mayoría nos encontramos agrupados en el patio 4 del penal en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – COMEB – La Picota y continuamos en la lucha porque el resto de nuestros compañeros que se encuentran disgregados en diferentes cárceles del país y pabellones, puedan también ser agrupados con nosotros en el patio 4 del penal picota.  El agrupamiento está fundado en razones de seguridad y también porque estando allí esperamos se nos tenga en cuenta el cumplimiento de las sanciones propias con sentido restaurativo dispuestas en los artículos 64 y 65 de la Ley 1922 de 2018, que establece unas reglas de procedimiento para la JEP.

Hoy nos encontramos además colectivizados de manera voluntaria en el Consejo Local de los Comunes ‘María Cano’ como militantes del Partido COMUNES, desde donde siguiendo nuestros principios, estatutos y disciplina partidaria adelantamos, por nuestros propios medios, proyectos educativos, políticos y productivos, preparándonos así para nuestra reincorporación a la sociedad y vida civil, y desde ya aportando a la construcción de la Colombia Nueva, a la que no hemos renunciado. 

También como una decisión colectiva abrazamos y nos convertimos en parte del Comité de Impulso de la Campaña Internacional Simón Libertad que busca la repatriación y libertad de nuestros compañeros ilegalmente extraditados a los Estados Unidos, Simón Trinidad e Iván Vargas y por la libertad de todas y todos los prisioneros políticos, ya no solo de nuestra otrora organización rebelde. Es nuestra forma de reconocernos y fundirnos en el ejemplo y temple inclaudicable de nuestro enorme Camarada Simón.

Como prisioneros políticos padecemos del mismo sistema de represión e indignidad que el resto de la población privada de la libertad, de la sistemática violación a nuestros derechos humanos, e incluso en muchas ocasiones hemos sido tratados con más dureza que el resto de la población carcelaria. Ello obedece al tratamiento de enemigo interno y al derecho penal del enemigo, que es doctrina en tribunales y penales. Por lo tanto, nuestras dinámicas de organización, trabajo y actuar como prisioneros políticos, nuestros conocimientos y experiencias vividas, las hacemos extensivas al resto de la población carcelaria, sumándonos como corresponde a la lucha del Movimiento Nacional Carcelario.

Es esta la forma en que como prisioneros políticos seguimos reafirmando nuestras convicciones, nuestro compromiso y voluntad de trabajar desde cualquier lugar en que nos encontremos por la paz con justicia social para nuestro pueblo, a pesar del claro incumplimiento del gobierno colombiano con lo pactado en la Habana, Cuba.

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Publicado en el Periódico Tramacúa Sin Fronteras del Movimiento Nacional Carcelario del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Cesar, ‘La Tramacúa’.