“…Mujer, despierta…  

El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas

 para romper sus cadenas.

Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera…”.

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, Francia, 1791.

Por: Isabel Fonseca

Desde la perspectiva violeta con que miramos al Pacto Histórico, concebimos una plataforma que vindique el derecho a la participación política de los seres femeniles, a escala decisiva, en todo asunto que nos implique, afecte o determine.

Resulta imprescindible que esta gran convergencia reconozca la existencia de violencia política en razón del género, en todos los espacios: públicos, privados, institucionales y organizacionales; tanto en la realidad social, como en el constructo mediático.

Porque, sí hay una forma de violencia patriarcal invisibilizada, y/o camuflada, es la violencia política, que se aplica desde variadas trabas económicas, sociales, institucionales y culturales, que limitan la participación de las mujeres en la vida política; hasta el maltrato psicológico, ultraje sexual y Feminicidio.  

Entonces, abanderar cambios trascendentales en Colombia, implica asumir que, como establece la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política[1], “la violencia que se ejerce contra las mujeres en la vida política constituye una grave violación de los Derechos Humanos de las mujeres y es una amenaza principal para la democracia.”

Asimismo, como declara la mencionada normativa, que “la eliminación de la violencia contra las mujeres en la vida política es condición esencial para la democracia y la gobernabilidad en el hemisferio.”

Por tanto, para los partidos, organizaciones, movimientos e individualidades, que integran el Pacto Histórico es condición sine qua non entrar en campaña contra la violencia política por motivos de género, ya que esta ha operado históricamente para impedir que las grandes mayorías alcancen transformaciones de Estado, en beneficio colectivo.

Desde la violencia política contra las mujeres se ha propiciado la tiranía de una élite, la apropiación de recursos nacionales en beneficio de unas cuantas familias y el saqueo por parte del capital transnacional. En ese contexto se inscriben los altos índices de Feminicidios en Colombia[2], cuya autoría material, mayormente, es responsabilidad de grupos de hombres armados. Ahí se refleja el grano esencial del belicismo neogranadino, la guerra de, por y para, los patriarcas.

Resulta causal que la Asociación de Concejalas de Bolivia promoviera, para 2012, la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, instrumento pionero en esta lucha, que inspiró la redacción de la Ley Modelo y el impulso de políticas públicas para su prevención y erradicación en todo el continente.

Igualmente, se inscribe en esta causalidad,[3] la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de El Salvador, donde se reconocen como expresiones de violencia: la burla, el descrédito, la degradación o el aislamiento de las mujeres en distintos ámbitos.

Y, es que la violencia política en razón de género tiene como particularidad  su multiplicidad de manifestaciones, definidas por relaciones de poder en espacios diversos; y un único objetivo: “…impedir total o parcialmente a las mujeres gozar de sus derechos políticos.”[4]

Entonces, desde la correlación de fuerzas actual, que nos perfila como resistencia y alternativa, ¿por dónde empezar? A mí se me ocurre que desde el debate y el ejemplo.

Desde el debate, develemos el impacto de nuestra histórica exclusión de género. Es diciente, por ejemplo, las elecciones al Congreso 2018/2022: de 108 curules para Senado, sólo 25 alcanzaron las mujeres, apenas el 23,4%. Mientras que para Cámara de Representantes, de 172 curules, sólo 31 fueron ocupadas por mujeres, el 18,1%. Y, si analizamos que, para el mismo evento, las féminas habilitadas para votar correspondían al 52% del total de votantes[5], vemos la división de roles en función del género: derecho a elegir, mas no a ser elegida. Habría que discutir, también, qué tan consiente, voluntario y real, ha sido ese derecho a elegir, en una sociedad determinada por violencia patriarcal y represión de Estado.

Desde el ejemplo, esculcar nuestras orgánicas, desnudar las inequitativas distribuciones en vocerías decisivas y dar pasos ciertos por la equidad de género; como la cuota 50% para representatividad, listas cerradas y alternancia en nombres propuestos. Enarbolemos una bandera tangible. Resolvamos la contradicción interna: ¡No más proletarias del proletariado!


[1] Adoptada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, durante su reunión número 13, realizada en México para octubre de 2016.

[2] En Colombia, se registraron 630 Feminicidios, durante 2020; en lo que va de 2021, se cuentan 106. Información disponible en:  https://observatoriofeminicidioscolombia.org/

[3] Es causal porque, tanto en Bolivia, como en El Salvador, la violencia política contra las mujeres registró graves cifras y expresiones. En ambos espacios el objetivo siempre fue minar la organización y participación política del género que vinculaba parámetros comunales ancestrales en un contexto de lucha antiimperialista y anticapitalista. Los procesos revolucionarios en ambos países contaron con las mujeres de forma decisiva y eso se expresa en estas legislaciones.

[4] Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.                                                                                       

[5]Según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018.