Por: Liliany Obando, Socióloga, ex prisionera política

Desde siempre las mujeres hemos hecho parte de las luchas emancipatorias y las transformaciones sociales en el mundo. En la mayoría de los casos, el reconocimiento de nuestro papel en las mismas no se ha dado sino como resultado de nuestro propio esfuerzo, en un mundo y sistemas sociales, económicos y de género profundamente patriarcales. Mucho más reciente es el tímido avance y la aún muy precaria inclusión de quienes hacen parte de las denominadas diversidades sexuales, entre ellas las mujeres bisexuales, lesbianas y transexuales. 

Dentro de ese sistema de género, a las mujeres, desde antes de nacer, se nos asignan unos roles, pautas de distinción y comportamiento en la sociedad y en la familia tradicionalmente aceptada, es decir, la heterosexual; roles y pautas que pasan por los colores, los juguetes, el lenguaje, el comportamiento que se espera de nosotras en el espacio de lo doméstico, la escuela, el ejercicio profesional, la vida pública y  en la vida política. 

En el caso de las personas con identidad sexual diversa, hasta hace poco, quizá con algunas excepciones, la auto-represión o el ocultamiento de su identidad sexual, era el precio para lograr la aceptación dentro del marco de lo considerado “normal” por el Estado, las instituciones y la sociedad.

En esos espacios represivos que son las prisiones, se replica esa concepción ideológica y política de un sistema social determinado y la sociedad como un todo se ve retratada en su interior. La lucha de clases, pero también la de las relaciones desiguales de género que se vive en los espacios extramurales no es ajena en el interior de las cárceles. Los poderes económicos, mafiosos y otros ejercicios de dominación se trasladan como calco y copia a las prisiones. 

Para el caso que nos ocupa, que son las mujeres y personas con identidad sexual diversa en prisión, juegan además negativamente factores como el ser una minoría dentro de la población privada de la libertad, lo que contribuye aún más a su invisibilización y mayor vulnerabilidad. A ello se suma la falta de un enfoque realmente diferencial y de género en la práctica, tanto en materia de política criminal como en el sistema penitenciario y carcelario que les brinde garantías y acceso igualitario a sus derechos más caros. 

Todo el sistema judicial, penitenciario y carcelario, hasta la infraestructura física, por ejemplo, están pensados en masculino. Basta ver las denuncias de las mujeres transexuales que para el caso colombiano se encuentran confinadas, todas ellas, en pabellones de hombres. Su intimidad a la hora de cosas tan básicas como el aseo personal, se ve seriamente expuesta al tener que compartir los mismos espacios físicos con los hombres. En estos lugares, de acuerdo a sus propias denuncias, no pocas veces son asediadas, humilladas y vejadas por algunos hombres con comportamientos homofóbicos, entre personal de custodia y de reclusos, en un ejercicio de dominación machista y de doble moral, pues por una parte se repudia en público a las mujeres transexuales y a personas con otras identidades sexuales, pero en el ámbito privado buscan satisfacer su sexualidad con ellas y ellos.

Mujeres transexuales en ERON la Picota

En el caso de las mujeres heterosexuales, bisexuales o lesbianas en las cárceles femeninas, los ejemplos que retratan la inexistente puesta en práctica de un enfoque diferencial y de género no son pocos.  Partiendo por el tema reproductivo, a las mujeres se nos asignó cultural e históricamente el papel de cuidadoras y reproductoras.  Por ese hecho, un porcentaje muy significativo de las mujeres privadas de la libertad además son madres, y no precisamente por un ejercicio de libre elección, que poco a poco venimos defendiendo algunas mujeres ligado al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sino por ese condicionamiento cultural que normaliza el ser mujer-madre. 

Dentro de las mujeres que son madres en prisión, un alto número son mujeres cabeza de familia, ante la frecuente ausencia del padre que deja a la deriva a su descendencia. No sólo son las cuidadoras afectivas de su prole sino las proveedoras de sus hijas e hijos.  Esto, tiene una relación directa con el hecho de que muchas mujeres pobres, discriminadas, sobre explotadas y a cargo de su núcleo familiar, son empujadas por la necesitad, a transgredir la ley. Y ante la falta en la práctica, de un sistema penal realmente diferencial y de género, que vaya más allá del mero hecho punible y se interese por el contexto social en el que se produjo el delito, cientos de mujeres terminan privadas de su libertad sin importar la suerte de las hijas e hijos  a su cargo, muchos de ellos menores de edad. 

Cada vez que se pone a una mujer en prisión, especialmente si es intramural,  y se trata de una madre cabeza de familia, los primeros afectados en sus derechos fundamentales son sus hijos e hijas, contradiciéndose de entrada la prevalencia de los derechos fundamentales de las niñas y niños. Esta es una carga emocional negativa muy fuerte que se adiciona a la privación de la libertad de las mujeres. La alternatividad penal con enfoque diferencial de género, que está consignada en los códigos, debería aplicarse en muchos de estos casos, pero no se hace.

Prisioneras Políticas – Reclusión de Mujeres de Bogotá, Buen Pastor

En materia de “resocialización”, las ofertas de trabajo y estudio, las pocas que existen, están completamente atravesadas por esa asignación patriarcal de roles. Cursos y trabajo en costura, manualidades, cocina, peluquería, manicura, actividades de aseo, son el común denominador.  Son prácticamente inexistentes otras alternativas que estimulen el crecimiento intelectual, técnico o científico para las mujeres. 

Con ese fallido enfoque “resocializador”, se condena doblemente a las mujeres, pues se les vende la idea de que en su vida de pospenadas, ya alejadas supuestamente de la criminalidad, ese es el papel que les corresponde en la sociedad.  Se prepara a las mujeres para dedicarse  en libertad a unos oficios que  en realidad son solo la continuidad  de esa asignación de roles donde ellas seguirán siendo objetos pasivos del patriarcado. Con ello el círculo vicioso para muchas mujeres se repetirá indefectiblemente: Mujeres amantes, cuidadoras, reproductoras, madres cabeza de familia, discriminadas, sobre explotadas, transgresoras, privadas de la libertad.

Otros ejemplos los encontramos a la hora de las investigaciones criminales, de la imputación de cargos y la exposición pública en los medios de comunicación.  Si se trata de cabezas de procesos, los hombres son presentados como jefes, cabecillas o ideólogos. Muchas mujeres en las mismas circunstancias no pasan de ser señaladas como simples “amantes” de grandes capos o jefes de organizaciones al margen de la ley. Y así son expuestas en los medios de comunicación, que sin ningún escrúpulo ni ética profesional publican como noticias ciertas, sin la debida contrastación y sin respetar un ápice la presunción de inocencia e intimidad de las mujeres, apartes de los informes de inteligencia que les filtran los propios organismos de seguridad del Estado. Las mujeres son así, marcadas irreversiblemente ante la sociedad, sean culpables o inocentes.

En prisión, los mecanismos institucionales para el silenciamiento de la voz de las mujeres, pasan además por ese chantaje sicológico alrededor del rol de la maternidad, que se vuelve un ancla para aquellas mujeres que ejercen un liderazgo en esas condiciones de encierro. No son pocas las mujeres privadas de la libertad que ante las amenazas o bien de sacar a sus bebés que conviven con ellas en la cárcel o bien de impedir las visitas de sus hijas e hijos, se ven enfrentadas al dilema de escoger entre su prole o su liderazgo.

Pero este tipo de presiones, exclusiones y de discriminaciones sobre el liderazgo de las mujeres en prisión no es exclusivo de la institucionalidad. En el caso de algunas prisioneras políticas y presas sociales que han jugado un papel en la lucha carcelaria, aunando sus esfuerzos a los de muchos de sus compañeros hombres, sus voces y sus acciones son menos reconocidas tanto internamente en los espacios que se conquistan en prisión, como externamente, incluso en los espacios de la solidaridad donde son las voces de los ex prisioneros hombres o de los académicos y defensores los que se imponen. Generalmente las mujeres ocupan un papel casi siempre secundario, de secretarias, de relatoras, en las tareas logísticas, o como la cuota femenina que “toca” llenar en estos tiempos contemporáneos. 

Hay otras mujeres que orbitan alrededor de la cuestión carcelaria, igualmente valiosas  y valientes, pero quizá más invisibilizadas: las madres, hermanas e hijas, que también siguiendo ese patrón asignado dentro del patriarcado a la familia tradicionalmente entendida, son las que mayoritariamente acompañan a lo largo del tiempo de encarcelamiento a sus seres queridos, con una solidaridad, que supera incluso a la que por principio debían ejercer las organizaciones a las cuales pertenecen muchos prisioneros y prisioneras políticas. 

Mujeres de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Cárceles de Valledupar

Basta ver un día de visitas masculinas y femeninas para hacer la comparación.  Son por lo general otras mujeres las que llevan a las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad, los días de visitas. Son por lo general mujeres, quienes acompañan por años a sus parejas durante su paso por la prisión. Son muchas más las mujeres que se involucran en actividades de defensa de los derechos humanos de la población carcelaria y las que engrosan las asociaciones de familiares, las que están en los plantones exigiendo condiciones de dignidad y libertad para sus seres queridos.  Es tiempo de darles un justo lugar y reconocimiento a su labor.

La intención de este artículo no ha sido otra distinta que la de llamar la atención sobre los impactos profundamente negativos para las mujeres y personas con identidades sexuales diversas en condiciones de encierro, de la  falta en la práctica de medidas con enfoque diferencial y de género en los escenarios de lo penal, penitenciario y carcelario, y de la continuidad de las relaciones de poder y dominación asociadas al sistema de género que nos atraviesa como sociedad. 

Si logramos desde nuestros espacios de reivindicación, de resistencia, de solidaridad y de lucha anti carcelaria incluir y exigir en nuestras agendas y pliegos, una perspectiva diferencial y de género, pero más allá, si logramos como una actitud consecuente incorporarlas en nuestras prácticas vitales, estaremos dando un paso adelante en el respeto y reconocimiento de sus particularidades a las mujeres y personas con identidad sexual diversa privadas de la libertad.

Caminar al lado de las mujeres y de las personas con identidad sexual diversa en esa larga búsqueda de la igualdad de género, inexistente en el sistema carcelario y en la sociedad colombiana, es avanzar en la construcción de ese nuevo país, incluyente y con justicia social por el que muchas y muchos han dado todo, algunas y algunos sus vidas y otras y otros sus libertades.

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Publicado en: Periódico Tramacúa sin Fronteras, Movimiento Nacional Carcelario, Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad Valledupar, Cesar. Edición No. 4.  Marzo del 2021.