Por: Óscar Pineda

Desde el comienzo de las civilizaciones más antiguas, el concepto mismo de la filosofía política ha pasado por unos desarrollos inherentes a la capacidad de hacer vida comunitaria los individuos de determinada sociedad. La historia del desarrollo de los pueblos va encadenada al tránsito de sus instituciones que en sus aspectos más elementales han servido para reproducir la dominación de clase. La ley, por lo tanto, ha estado y está sobre la justicia.

Pero sobre este estado de cosas, también ha existido resistencias por parte de “sujetos históricos” que, tomando consciencia de su propia condición, cuestionan los modelos políticos y, en no pocas ocasiones, han logrado poner en aprietos al poder establecido.

Independientemente de estas luchas, la filosofía política baraja dentro de su campo de estudio la relación que debiera darse entre las personas y la sociedad, no tomando partido, sino sugiriendo algunas reglas mínimas no exentas del control y las dinámicas de las jerarquías necesarias para el establecimiento de un orden político.

En ese sentido, la lógica de la filosofía política sí entraría en discusión con fenómenos tan aberrantes como los que se presentan en Colombia, pues las élites enquistadas en el poder no buscan la eficacia del consenso democrático sino, más bien, la acumulación excesiva de poder mediante el uso ilegítimo de prácticas en extremo censurables y criminales que empiezan y se fortalecen en un hecho clave. Ese hecho, según una variedad importante de historiadores, sociólogos e investigadores sociales -además de la ya manifiesta evidencia empírica- tiene un carácter endógeno y tiene que ver con que nuestro país es un país de regiones y esos regionalismos han marcado el quehacer sociopolítico nacional. Por una parte, han creado redes de clientelismo alrededor del poder económico y por otra han desarrollado un sistema de obediencias políticas que generan prácticas de nepotismo cuando no de padrinazgos, las mismas que tienen su clímax en el desarrollo de los procesos electorales.

Todos estos mecanismos llevan implícito la acumulación de poder alrededor de verdaderos feudos, focalizados a lo largo y ancho de la geografía nacional, que precisan de hiperliderazgos, concentrados en personalismos o caciquismos, que operan bajo el amparo de las instituciones que ya contaminadas se prestan sumisas y subordinadas a ser dirigidas en función de los intereses del “barón electoral” local.

Lo mismo da decir el clan Aguilar en Santander, que los Gnecco en el Cesar, o los Martínez Sinisterra en el Cauca, los García en Sucre, los Toro en el Valle, los Gerlein en el Atlántico o los Char en el corazón de la Barranquilla industrial.

Muy en consonancia con esto, otra clase de ideología se mantiene soterrada, detrás de bambalinas, cubierta astutamente, prevista como último recurso ante el seguro avance de fuerzas políticas progresistas que ponen en peligro la hegemonía de los poderes regionales establecidos. Son evidentemente un peligroso condimento que no pocas veces ha sido usado para acallar al contradictor político más aun en los recónditos sitios de nuestra geografía, aquellos que no existen en los titulares televisivos y que traspasan los lúgubres lugares comunes de la violencia política, un número más, otra víctima del huracán violento de las ansias de poder de los clanes regionales.

Con certeza hay que señalar que a pesar del amangualamiento permanente entre las estructuras socioeconómicas y políticas con estructuras mafiosas tan o más organizadas que las primeras, no resulta tan evidente, al menos mediáticamente hablando, ni mucho menos provechosa para la imagen de “demócratas” que los clanes regionales han querido establecer ante la opinión pública, pues es incompatible con las prácticas poco santas ya consabidas de los emporios delictivos. Pero, con todo, no llegan al extremo de separarse funcionalmente -aunque tengan diferencias en la forma-, en el fondo están por los mismos fines: atornillarse permanentemente en el poder. Este matrimonio se convierte en necesario. Al fin y al cabo, las estructuras mafiosas hacen el trabajo sucio que los clanes políticos no hacen y estos últimos proveen de cuadros eficientes y eficaces con preparación técnica, que permeando todas las instituciones abren camino a la impunidad más rampante que las mafias necesitan para desarrollarse totalmente.

Es claro que la configuración de los poderes regionales está íntimamente vinculada a la instrumentalización que hacen de esos aparatos criminales que, por sus servicios, reciben una tajada generosa del pastel de los recursos públicos. Esta misma relación logra cierto equilibrio con base en unos acuerdos mínimos plenamente establecidos como mecanismos de control, que cuando llegan a romperse y, aunque no sea un acontecimiento común, impactan fuertemente en la vida orgánica sociopolítica de la región.

Esa ruptura pasa cuando aquel poder mafioso o quien lo representa quiere figuración más allá de los espacios gremiales que, como pocos resulta, ser uno de los vehículos en donde se encuentran las dos estructuras, cuando precisamente aquello que se oculta aparece reclamando un protagonismo inusitado, queriendo imponer su propia agenda. La convivencia de las mismas queda poco más que fracturada y desde luego las contradicciones dentro del bloque de poder regional tienden decididamente a quedar en evidencia.

Es desde esta perspectiva donde cobra vida el “ñeñehernandismo” como psedofilosofía política, como concepción instrumentalizada que al querer representación no es aceptada. Por una parte, el “ñeñehernandismo” justifica su pretensión de poder en el entendido de que sus redes criminales han sobrepasado las fronteras regionales y se han articulado con nuevas mafias, acrecentando exponencialmente su presencia en otros espacios geográficos. Por otra parte, su reclamo se origina en el hecho de que ha logrado, bajo el parentesco de los padrinazgos sociales, ganar notoriedad nacional, codeándose y pavoneándose con representante de sectores que muestran con él simpatía ideológica, de tal manera que se le reconoce como copartidario y defensor acérrimo de sus postulados partidistas, siendo su influencia tal que hasta podría ser tomado como un verdadero cuadro político, siempre presente a la hora del infaltable apoyo económico.

El “ñeñehernandismo” no necesita elucubrar extensos argumentos discursivos para hacerse notar, no es la academia su lugar preferido, no le preocupa en lo más mínimo la poca profundidad de su teoría de vida, no lo desvela el juicio contundente que desde el análisis crítico del discurso pueda generar su planteamiento ideológico, ni mucho menos entra en largos y desgastantes debates intelectuales de construcción de democracia. Lo suyo son las celebraciones, las reuniones, los cocteles, los clubes y las parrandas. Allí es donde mejor se desenvuelve el “ñeñehernandismo”. Allí es rey absoluto. En esos lugares se escenifica mejor la componenda, el contrato, las alianzas y los negocios sellados con el fuerte e irrompible lazo del compadrazgo sacramental.

Este fenómeno desborda el ámbito político regional poniendo en el escenario nacional el grado de contaminación del régimen que gobierna, que ha mostrado una vez más su real complacencia con mafias delincuenciales, verdaderas empresas delictivas que, ya sabiéndose aceptadas en esos espacios, desarrollan una serie de estrategias para ahora sí deshacerse de los clanes a los que anteriormente servían, para entrar a disputarles directamente el poder político, un proyecto que poco a poco y bajo el innegable signo de la corrupción se viene tejiendo.

Pero ni el “ñeñehernandismo” ni los clanes regionales son invencibles. A pesar de tener todo ese poderoso despliegue político, económico, mediático y de contar con criminales prácticas de amedrentamiento, no son indestronables. Siempre existe la posibilidad de romper el cerco de poder que atesoran. Es a partir de la movilización constante, así como de una genuina voluntad organizativa y la infaltable unidad popular, que nuevas expresiones políticas populares, progresistas o alternativas pueden y deben tomar protagonismo. Todos esos elementos son indispensables para desarrollar resistencias eficaces frente a su abusivo proceder. La toma de conciencia es vital para dar la pelea. Pero, sobre todo, los movimientos sociales como aglutinadores de esas expresiones nunca deben olvidar la necesaria vocación de poder que marque el sendero de cualquier hoja de ruta que decidan emprender.

Será, entonces, a partir de ese momento que la filosofía política tendrá otros matices que sin duda enriquecerán el debate de ideas. Otras voces hablarán con tono de validez alrededor de la solución de las grandes problemáticas nacionales. Un capítulo especial en la historia sociopolítica de nuestro país se podrá escribir, lejos del sanguinario “modus operandi” y la soberbia enfermiza de los “ñeñehernandismos”. Esas prácticas que lo identifican se tendrán que desterrar, de una vez por todas, por obsoletas y dañinas, si es que se quiere y se piensa en un mejor futuro social y políticamente distinto.