Rubín Morro

La verdad es la primera víctima en las guerras. Desinformar, distorsionar, mentir, aparentar estar cerca, cuando se está a mucha distancia. O al contrario. simular ir al sur cuando en realidad cambia de frente y va al norte. La verdad se oculta al máximo. Solo en los espacios políticos conquistados entre enemigos, víctimas y la sociedad, como los armisticios, los procesos de paz, la VERDAD emerge como la máxima condición de justicia, reconciliación y reconocimiento para alcanzar el perdón de las víctimas. De lo contrario, es imposible lograr este acto de humanidad de los afectados, que jamás pretenden olvidar, sino mantener viva la memoria de la no repetición de la tragedia.

Gravitan en la cruda realidad que nos rodea muchas preguntas, aún sin respuestas, verdades todavía sin contar que yacen en las sombras porque quienes conocen las respuestas se ocultan y huyen despavoridos. Jamás pensaron que llegaría la hora de contar sus determinaciones y acciones en el marco del proceso de paz, en el que hoy está inmersa Colombia, ávida de conocer qué nos pasó, por qué sucedió esta horrible guerra que como una maldita pesadilla se aferra a la realidad, dejando una estela de dolor y muerte.

Preguntas como éstas: ¿Quién fue el determinador del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán? ¿Quién dio la orden? Crimen de cual han pasado 73 años, sin una respuesta contundente y clara. Todo lo ha consumido el tiempo. ¿Qué clase de justicia tenemos?

¿Quién responde por los 200 o 300 mil muertos y desaparecidos ocasionados por la violencia política a raíz del magnicidio de Gaitán?

¿Por qué se atacó la zona agraria de Marquetalia, provocando una resistencia armada que se mantuvo por 53 años, cuando estos campesinos huían de la violencia entre liberales y conservadores?

¿Quién ordenó el asesinato de los guerrilleros que entregaron las armas en 1957, haciendo que muriera aquella esperanza de paz?

¿Quién ordenó los asesinatos de cinco candidatos presidenciales en solo 42 años?

¿Quién ordenó el genocidio de la Unión Patriótica, matando a más de 5.000 de sus militantes?

¿Quién o quiénes son los responsables del paramilitarismo y la guerra sucia en Colombia?

¿Qué responsabilidad tiene el Estado y sus gobiernos en todas estas décadas de guerra contrainsurgente?

Seguramente es un universo de preguntas, tantas como arena y olas en la mar. Solo si todos los actores comprometidos o intervinientes en estos episodios aportan verdad plena, la sociedad podrá tener una real valoración para emprender una ruta de reconciliación, de convivencia y en la construcción de la paz estable y duradera, como está estipulado en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta insurgencia de las FARC-EP. Si no hay verdad plena, no habrá justicia y será tanto como pretender buscar “el ahogado río arriba”. Muy complicado.

Ya lo hemos señalado en otras ocasiones. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) debe aplicarse a todos los actores: además de los ex combatientes, a los llamados terceros participantes en el conflicto armado, iniciando por los ex presidentes, financiadores de la guerra, del paramilitarismo, congresistas, medios de comunicación, altos mandos del ejército y de la policía, organismos de seguridad y otros que hunden la cabeza en este proceso de paz, como si esta realidad no fuera con ellos, mientras gozan de impunidades e inmunidades terrenales y celestiales.

Lo primero que deben hacer todos los intervinientes, participantes en las múltiples formas en la guerra, es tener el valor y la humanidad comprometida con la vida, con la verdad, dejar de lado los odios y los estigmas que producen las guerras; reconocer el daño causado, sus responsabilidades; reconocer la justicia transicional restaurativa y sobre todo la No repetición. Este ejercicio de pasar la página de la muerte por el la reconciliación debe comprometer a fondo la institucionalidad, facilitando este proceso, aceptando que ellos, el poder, tienen enormes responsabilidades y que no se trata de venganzas sino de construir una nueva nación y una patria martirizada por la confrontación armada.

Estoy seguro de que los actores armados en la guerra, los llamados al margen de la ley, vamos a aportar verdad y a reconocer nuestras responsabilidades ante la sociedad y ante las víctimas. Por eso, me parece fundamental el paso dado conjuntamente entre Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso, en cuanto a abrir nuevos espacios necesarios en la construcción de la paz. Estas prácticas son positivas para avanzar hasta encontrar la verdad plena sepultada hasta hoy. Igualmente, esperamos que los actores de la institucionalidad procedan de la misma manera, que no se escondan en sus inmunidades alcahuetas, que como representantes del Estado asumieron altas responsabilidades ordenando, permitiendo, facilitando y ocultando barbaridades (Precio a los cadáveres) en nombre de una irregular democracia y de una libertad inexistente.

El cierre de esta larga guerra debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto. Un liderazgo del Estado que es quien tiene los resortes económicos, financieros, legislativos, políticos, etc., para encauzar este país por el sendero de la sensatez, la reconciliación, la paz estable y duradera. El Estado hace rato debería haber incorporado al pénsum de estudio la “pedagogía para la paz” en todos los centros de educación privada y pública. La paz es una responsabilidad directa del Estado y de la sociedad en su conjunto.