Rubín Morro

El Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta insurgencia de las FARC-EP es para cumplirlo por las partes firmantes, tal como fue acordado en la ciudad de La Habana, de cara a la sociedad, las víctimas y la comunidad internacional, países garantes y acompañantes.

Presidente, llevamos 262 signatarios del Acuerdo Final de Paz asesinados, cientos de desplazados de varios asentamientos de reincorporación, amenazados y desaparecidos. Igualmente, varios familiares de ex combatientes asesinados. Nunca antes nos habíamos sentido tan vulnerables y acribillados ante un gobierno que nos ofreció garantías de seguridad y ahora desfinancia nuestros esquemas de seguridad, en su negativa de no viaticar nuestros escoltas, en nuestras tareas partidarias e inherentes al proceso de paz, tal como pueden evidenciar las autoridades de seguimiento al ineficaz incumplimiento integral de lo pactado con el Estado colombiano.

Soy firmante del Acuerdo de paz, como miles de mis compañeros y compañeras. Fui responsable nacional de Dejación de las Armas de las FARC-EP, tarea que desarrollamos con más de 800 ex combatientes, hombres y mujeres. Lo hicimos con orgullo y a la altura de las directrices de nuestra dirección y lo mandatado por el Acuerdo Final de Paz. Creíamos y creemos en el proceso de paz. Pero realmente no sabemos qué es lo que pretende el gobierno con nosotros firmantes de paz, confinarnos a las ciudades como cárceles, o impedirnos cumplir con los compromisos partidarios y las comparecencias ante el Sistema Integral de justicia de paz en las regiones, porque a cada rato nos citan desde los territorios.

Por ejemplo, ayer me tocó “escurrirle el tanque del combustible a las camionetas”, para poder viajar. A los agentes escoltas les autorizaron solo los gastos de peaje (gastos de viaje) y no les autorizaron para hospedaje y alimentación (sustentos de hotel y comida). Unos no viajaron por falta de recursos y otros no quisieron ir y con razón. Tampoco fueron los hombres de protección de la Policía Nacional y antes nos hicieron firmar una constancia de que no viajaban. Es además un atentado vil contra los derechos laborales de los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), puesto que ellos son empleados oficiales del Estado.

Reclamamos garantías de seguridad para el ejercicio de la política. Nos parece una monstruosidad que tengamos que poner 262 compañeros asesinados para que entiendan que hay una sistematicidad en todos estos crímenes y que ahora las autoridades pertinentes, el ejecutivo, ordenen este esperpento de austeridad para poner en riesgo nuestras vidas, en un país donde ronda la muerte a los que construimos paz. Estos vacíos en la seguridad, sin duda, serán aprovechados por los enemigos de la paz.

No nos amilanarán, seguiremos cumpliendo con las tareas asignadas por el Acuerdo de Paz. Si sucede una desgracia contra la integridad física de quienes estampamos la firma por la reconciliación, la convivencia y la construcción de la paz estable y duradera, la responsabilidad será totalmente del Gobierno Nacional. Estamos cumpliendo paso a paso todos los requerimientos y responsabilidades asumidas en el Acuerdo Final de Paz.

Hacemos un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión de la verdad, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a las organizaciones de derechos humanos, a los países garantes del Proceso de Paz, a la Segunda Misión de la ONU, a la Fiscalía General de la Nación, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a los directores y presidentes de los partidos políticos para que le exijan al ejecutivo nacional que proteja nuestras vidas y la de todos los colombianos y colombianas.

El destino de quienes firmamos el Acuerdo de Paz de La Habana no puede ser el exterminio, como aconteció con otros procesos de paz que hoy son manchones de sangre en la historia trágica de Colombia. Nos decidimos por esta posibilidad de paz porque siempre fue nuestra inspiración política desde la clandestinidad. Hoy hemos abrazado la bandera de la reconciliación porque confiamos en la palabra del Estado y estamos seguros de que también el establecimiento confió en nosotros.

Finalmente, imploramos a quienes tienen el resorte del poder político, económico y social que resuelvan esta situación lo más pronto posible. No puede seguir sucediéndonos que, buscando la paz, nos asesinen por falta de atención del gobierno. No dejamos las armas para morir acribillados a tiros. Nadie en el mundo lo hace. Transitamos este sendero de paz para vivir dignamente y morir de viejos soñando en un país reconciliado, sin guerras y sin odios.

El gobierno Duque, en la práctica, esencialmente busca reducir el Acuerdo de Paz al desarme de la extinta insurgencia, lo cual es apenas un componente lógico del proceso de paz. Lo sustancial y profundo es nuestra reincorporación integral a la sociedad y, puntualmente, garantías de vida para nuestro ejercicio de la política. Parece que nos quieren maniatar, reduciéndonos a la privación de la libertad en nuestros sitios de vivienda.