Bogotá, 26 de marzo de 2021
Señores:
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS
SEDE ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Nueva York

Respetados señores:

Me dirijo a Ustedes en mi condición de presidente del partido COMUNES, nacido de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP.

Soy consciente de que para Ustedes no resulta nuevo el tema de la implementación integral de dicho Acuerdo, pues han sido múltiples y reiterados sus pronunciamientos al respecto, derivados de los informes trimestrales brindados por la Misión de la ONU en Colombia.

No voy a explayarme en la delicada situación por la que atraviesa el cumplimiento de lo acordado, en particular por la actitud asumida por el gobierno que encabeza el Presidente Iván Duque. Sin embargo sí quiero resaltar lo relacionado con el tema de seguridad y protección para los firmantes de paz, asunto que retoma toda su importancia a raíz de las más recientes medidas decretadas por el gobierno colombiano, que a nuestro juicio nos ubican en inminente riesgo.

Alegando problemas fiscales, el actual gobierno expidió decretos encaminados a la austeridad en el gasto público, sin reparar en absoluto en los compromisos firmados por el Estado en el Acuerdo Final de Paz. Es así como, de manera creciente, la Unidad Nacional de Protección viene negando las autorizaciones de desplazamiento de los esquemas de seguridad que nos brindan protección, alegando la falta de recursos por cuenta de los recortes al presupuesto oficial.

Funcionarios del alto gobierno nacional dan cuenta ante los medios de comunicación de que han adoptado 52 medidas de seguridad para los excombatientes, entre ellas 298 esquemas individuales y colectivos de protección. Igual explican que al equipo de escoltas contratados se van a agregar otros 684, y publican datos sobre los miles de millones anuales destinados a tal objeto.

Cabe mencionar que un solo día del conflicto armado que terminó en nuestro país costaba al presupuesto nacional mucho más que esas cifras anuales. Pero sobre todo que unos esquemas de seguridad que no pueden moverse a lugares distintos a los de su sitio de asiento por falta de fondos constituyen una negación abierta al compromiso estatal de garantizar la vida y la integridad personal a quienes firmaron la paz y se reincorporan a la sociedad.

En nuestra opinión, tal hecho constituye una violación gravísima al Acuerdo Final de Paz. Son 262 los firmantes del mismo que han sido asesinados desde su conclusión, al tiempo que crecen las amenazas y desplazamientos contra otros en distintas regiones del país. Esto en un país en donde la violencia criminal cuesta la vida a centenares de líderes y lideresas sociales, ante la negligencia gubernamental para combatir de modo eficaz los grupos y bandas al margen de la ley.

La negación de las misiones a los escoltas que nos protegen, además de ponernos en riesgo inminente de muerte, atenta directamente contra nuestro trabajo político, inmovilizándonos e impidiendo nuestro legítimo ejercicio de los conductos democráticos y legales de reincorporación.

El Acuerdo Final de Paz no es solo una norma constitucional vigente en Colombia, sino un Acuerdo Especial de Derechos Humanos que no puede ser burlado con decretos presidenciales.

Quiero dejar constancia ante ustedes de que cualquier vulneración a nuestra seguridad, derivada de la negativa gubernamental a conceder los viáticos necesarios a los esquemas de seguridad, para que nos puedan acompañar en nuestras labores diarias, hará responsable al Estado colombiano de las consecuencias que puedan derivarse de la misma.

De ustedes, atentamente,


RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY

Presidente del partido COMUNES nacido del Acuerdo Final de Paz

C.C.: Secretario General de Naciones Unidas, Países Garantes, Unión Europea, Embajada de los Estados Unidos, Comisión de Notables, CICR, Instituto Kroc, Jurisdicción Especial para la Paz, Comisiones de Paz del Congreso de la República, Defendamos La Paz, directores y presidentes de los partidos políticos, directores de medios de comunicación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo.