Rubín Morro

Han pasado ocho días desde que apareció este esperpento en la instancia legislativa nacional. Quienes solo ven la guerra en Netflix están por fuera de la realidad y aparecen con unas payasadas fuera de serie.

Esta vez le tocó llevar la vocería a María Fernanda Cabal, senadora del partido de gobierno Centro Democrático. El pasado 16 de marzo en el Congreso de la República (https://bit.ly/3tWFyTh), una señora que se ha caracterizado por su profunda erudición, propuestas increíbles, facilistas con sabor metálico en la solución de los problemas sociales, en solo apretar del gatillo con una propuesta bien salida de una mente perversa. Es como si nos faltara guerra, más muertos, con la justicia propia e individual. ¡Qué horror! En lugar de estar proponiendo disparar los homicidios por cuenta de un decreto ley, la salida es aplicar las Garantías de Seguridad Integrales contempladas en el Acuerdo de Paz.

El Estado es quien debe tener TODO el monopolio de las armas. Nadie más. No pueden ser los ciudadanos y ciudadanas de a pie. ¡Cómo se les ocurre! Y más a una senadora de la república, con toda esa lumbrera que la acompaña. Las armas del Estado son para proteger las fronteras, garantizar la honra, vida y bienes de todos los asociados, no para que se aprueben ‘fácilmente’ normas para el porte de armas, para que siga la matanza entre colombianos. La justicia es también absoluta responsabilidad del Estado, del gobierno. Nadie puede imponer por su propia mano la justicia a ‘sangre y fuego’. ¿Dónde queda la responsabilidad del Estado? Otra cosa es que se quieran revivir legalmente estructuras criminales que generen más violencia política y gatillo para sus adversarios políticos.

La verdad, en Colombia se consigue un arma más fácil que un empleo. No se necesita, señora Cabal, ablandar la norma para adquirir un arma legal. En Colombia hay un mercado ilegal con un buen ‘stock’ disponible que abastece miles de manos criminales. No solo pistolitas y revólveres de Indumil, sino fusiles de todos los calibres y municiones por toneladas. Eso sin contar explosivos, carros blindados, todos los requerimientos posibles para armar ejércitos que defienden e imponen su ley en sus territorios y rentas ilegales en campos y ciudades.

Para qué se le echa más gasolina al fuego, señora. Ya hay mucho, ¿no le parece? O no son suficientes las docenas de masacres ocurridas, los cientos de líderes, lideresas, defensores de los DDHH y 261 firmantes de la paz asesinados. En esta nación persiste la guerra en todas sus formas, en las esquinas, no se escapan ni las instalaciones militares. El gobierno vehementemente niega que no es de su autoría esta matanza. Uno como ciudadano hasta puede creerle. Pero entonces, ¿Quién está matando estas personas, senadora?. Pues… personas armadas con mucho poder financiero y conducción territorial. No pueden ser crímenes aislados, con tanta sistematicidad. He aquí una tarea urgente para la justicia, no abriendo la bonanza legal del porte de armas. Eso aumentaría la matanza en todas las formas, con la venia de la institucionalidad.

La ‘ilustre’ senadora justifica su brillante idea en sus equivocadas palabras: Los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no solo en las ciudades, sino en las zonas rurales de difícil acceso (…). Con frecuencia vemos cómo, criminales expuestos a todo, cobran vidas de inocentes y en todos los casos hubo un factor determinante: las víctimas no tuvieron cómo defenderse”. La explicación es sencilla, señora. Sí es verdad que pedimos a gritos que el Estado nos proteja y garantice la vida de todos los colombianos y colombianas, pero no queremos que nos armemos más porque resultaría toda la población amenazada, expuesta ante la debilidad real de unos gobiernos que se protegen en su seguridad, mientras los demás estamos a merced de la delincuencia bien armada y organizada.

Es el Estado y sus gobiernos quienes deben restablecer el orden social. Para eso son elegidos. Es este un país descuadernado. Ya estamos hartos de las soluciones de armas y fuerza, que para nada sirven, solo para legitimar la resistencia, para empoderar a los mercaderes de la muerte. La aberrante propuesta de la singular senadora es sembrar vientos para recoger tempestades. Las medidas de justicia personal serían la justificación sencilla para enlutar más familias colombianas y volver a la justicia del viejo oeste estadounidense.

En la pasada guerra terminada con el Proceso de Paz de La Habana, la misma industria internacional de armamento puso todo su arsenal disponible que se vendía como ‘pan caliente’. Otras ofertas llegaban por algunos integrantes de las Fuerzas Armadas oficiales. En resumidas cuentas, armar los posibles amenazados resulta peligroso. Las investigaciones por homicidios en los días que corren están lejos de aclararse. ¿Cómo será con abrir aún más la puerta de las armas para la defensa personal? Se aplicaría en Colombia, aún más, la ley de la pistola. De hecho, en nuestro país, hay miles de personas con armas, aparte de las autoridades legales. Esto explica la cantidad de asesinatos políticos, ajuste de cuentas, sicariato etc. Bandas de matones iniciando por las grandes ciudades y la capital del país.

Ésta es una de las enormes reestructuraciones que el Estado debe solucionar. Que sea él y solo él quien tenga el monopolio de las armas para proteger todos los habitantes de Colombia como lo mandata la Constitución Política. Las soluciones de fondo están en el Acuerdo Final de paz: Reforma Rural Integral, Participación Política, Fin del Conflicto, Solución al problemas de la Drogas y Victimas. Herramientas poderosas que si son tenidas y aplicadas por el Estado, solucionarían las causas de la violencia en Colombia.

Estas iniciativas de verdad no sirven de nada positivo en un país polarizado, lleno de odios y venganzas lideradas, donde muchos de quienes nos gobiernan vomitan fuego y rencor y además siguen creciendo unas nuevas violencias, monstruos de mil cabezas que el gobierno no ha podido someter a la justicia. El Estado debe tener el absoluto monopolio de las armas. En las manos de la población aumentaría la matanza y la debacle social.