Bogotá D.C., Colombia, 23 de marzo de 2021

Señores:
Senado de Estados Unidos
Washington D.C., 20510
Cámara de Representantes de Estados Unidos
Washington D.C., 20515

Apreciados Senadores y Representantes:
Me dirijo a ustedes en mi calidad de firmante del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP, suscrito el 24 de noviembre de 2016.

Nos hallamos a más de cuatro años de esta histórica convención, respaldada por la Administración Obama y depositada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hoy norma constitucional en Colombia, convención reconocida entre de las más ambiciosas en el mundo en materia de igualdad de género y derechos de las comunidades étnicas.

La parte signataria que represento con 13.000 excombatientes, sigue comprometida en responder a los requerimientos de la justicia transicional, empezando por nuestro sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, y a las obligaciones adquiridas con la Comisión de la Verdad, de contar los detalles del conflicto armado con el único objetivo de reparar a las víctimas, reincorporarnos a la vida social y sentar las bases de una cultura más justa para no repetir la historia.

Mi iniciativa se inscribe en el contexto de las recientes declaraciones de algunos senadores y representantes del Congreso norteamericano, haciendo eco a la carta de los 94 congresistas el 6 de julio de 2020 al Secretario de Estado, denunciando la lentitud del gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, su desidia para llevar las instituciones civiles del Estado a las zonas de conflicto, y su inquietante inacción para prevenir y judicializar los ataques contra los firmantes de la paz y los defensores de derechos humanos.

Cada día que pasa sin desplegar los esfuerzos institucionales para implementar, de manera integral, el Acuerdo de Paz firmado, empuja a Colombia irreversiblemente más hacia la violencia de los grupos armados, el incremento de los cultivos de uso ilícito, la pobreza y la desigualdad, y nos aleja de la construcción de una paz duradera en nuestro país y región.

En Colombia, cada dos días se asesina un líder social y cada cinco días un excombatiente, las cuales son las personas más importantes para ayudar a establecer la paz y la democracia en el país. Además, 20 años después del Plan Colombia, estamos con la misma o mayor cantidad de droga, pese a los planes acordados entre Iván Duque y Donald Trump.

La respetuosa solicitud que me permito hacer a ustedes, que supervisan la política extranjera de los Estados Unidos y que juegan un papel decisivo en la construcción de nuestra sociedad, es la de hacer un llamado al actual gobierno de Colombia, para que se decida por fin a implementar de manera integral el Acuerdo de Paz, que contiene propuestas concretas y duraderas para erradicar el narcotráfico, modernizar el territorio y proteger la vida.

A corto plazo, antes de septiembre de 2021, como lo exhortó el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas Antonio Guterres en su más reciente informe trimestral, las tres primeras acciones urgentes y pendientes de implementar serían:

  1. Brindar protección a los firmantes de la paz y defensores de derechos humanos, identificando, arrestando, procesando y encarcelando a quienes ordenan, llevan a cabo y se benefician de estos asesinatos.
  2. Detener los constantes ataques del partido gobierno al sistema de justicia transicional en violación a la separación e independencia de los poderes públicos.
  3. Incrementar la presencia del Estado y ofrecer oportunidades económicas en las zonas rurales, empezando por la entrega de tierras aptas a campesinos y excombatientes en proceso de reincorporación para proyectos productivos.

Me encuentro en plena disposición para detallar ante ustedes personalmente estas propuestas concretas.


Inmensamente agradecido por su atención,

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRI
Signatario del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y las FARC-EP