La política criminal de Estado Colombiano presenta una serie de dificultades en su desarrollo y aplicación, siendo uno de ellos el uso de la información sobre los fenómenos delictivos y la respuesta del gobierno nacional frente al mismo. En particular, existen múltiples fallas relacionadas con la calidad y acceso de la información de los datos suministrados frente a la criminalidad y el sector penitenciario. También se evidencia que no se cuenta con un sistema unificado de información y libre acceso para el registro de la criminalidad. Por el contrario, las entidades gubernamentales encargadas recopilar y suministrar la información tienen diferentes metodologías y finalidades frente a las cifras, que a la larga se vuelven dispersas y confusas entre sí, generando como resultado información incompleta.

Muchas veces se tiene que utilizar la acción de derecho de petición para acceso a datos o estadísticas que deberían ser fácilmente accesibles al público y, mucha de las respuestas a estas peticiones son Incompletas; a veces porque la información solicitada no existe o no tiene el carácter de disponible; en otros casos, es porque por cualquier motivo la entidad responsable de proporcionar la información, decidió no proporcionar información o suministrar la información parcialmente. Este problema de obtener información útil, oportuna y ágil, afecta directamente los estudios frente al crimen y el camino que Estado toma hacia la problemática.

También se evidencia que hay sectores de la academia y organizaciones civiles que unen esfuerzos para realizar investigaciones profundas y detalladas sobre la problemática objeto de estudio y el gobierno nacional nunca las ha tenido en cuenta.

La información difusa e incoherente representa dificultades sobre un análisis objetivo, claro y real de la política criminal del país a las organizaciones civiles, entidades estatales e investigadores, teniendo como resultado datos errados o desacertados de la realidad frente al fenómeno de la política criminal del Estado colombiano.

Así las cosas, encontramos diferencias significativas en las cifras de delitos que suministran algunas entidades gubernamentales como la policía nacional y el instituto de medicina legal. Por un lado, la policía nacional respecto al delito de homicidio reporto alrededor de 12.018 casos en lo transcurrido de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. En cuanto al instituto de medicina legal, frente al mismo delito reporto 19.293 casos en lo transcurrido de enero a noviembre de 2020, generando diferencias significativas entre las entidades.

Pero no sólo se trata de una diferencia de cifras sino también en la metodología usada para recaudarlas. Mientras la Policía Nacional recoge sus datos de las cifras que entran de oficio o por denuncia a la institución, Medicina Legal lo hace por medio de una filtración exhaustiva de sus propios registros de medicina forense bajo unas causales específicas.

Además, presentando diferentes propósitos, cada entidad pública los datos de diferentes formas: La policía nacional lo hace de forma definitiva, y la información está ordenada por municipio y región; El instituto de medicina legal los desglosa en cuanto al daño que se les causa a los humanos, dependiendo de si son fatales o no, y los fracciona en varios factores para proporcionar un análisis completo. Tal diferencia de objetivos y de presentación de la información en sí misma no es cuestionable. Lo que es problemático es que, al comparar las cifras de cada entidad, éstas difieren notablemente frente al mismo fenómeno, lo que impide saber con certeza cuál medición es la correcta y cuál es el impacto real del fenómeno analizado.

Los datos suministrados frente a la comparación del delito de homicidio entre la entidad de la policía nacional y el instituto de medicina legal, no solo son diferentes, dependiendo de la entidad que los elaboro, sino que en muchos casos es de difícil acceso, pero a veces la información también se encuentra incompleta.

En más de una ocasión, y debido a la falta de información pertinente, se han visto con dificultades a la hora de desarrollar investigaciones sobre el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Para un caso en concreto, un trabajo realizado por el grupo de derecho de interés público (G-DIP) de la universidad de los Andes, titulado “Diagnóstico del sistema penitenciario y carcelario: un análisis comparado desde 1998”, en donde recopilaron datos de distintas entidades oficiales y no oficiales para analizar las condiciones, indicadores y variables relativas a los centros de reclusión (como manejo presupuestal, hacinamiento, cobertura y calidad de programas de resocialización, separación efectiva entre sindicados y condenados, perfil socio-económico de la población reclusa, niveles de reincidencia, lesiones personales y muertes violentas al interior de los centros penitenciarios, número de miembros del cuerpo de custodia y vigilancia INPEC asignados a los distintos centros de reclusión, etc.). Pese a poder encontrar parte de la información en distintos informes de las entidades, gran parte de ésta, no se encontraba disposición del público.

A manera de conclusión, podemos decir que la política criminal de Colombia presenta grandes fallas. En relación con su sistema de información, es enorme: no existe una metodología unificada o Modelo de sistema para recopilar, medir y presentar resultados gráficos frente a la ocurrencia del crimen en el país. Del mismo modo, mucha información requerida y que debería ser de fácil acceso, no estando disponible para el público y tener la obligación de hacer que los ciudadanos acudan a mecanismos legales, como la presentación de peticiones respetuosas, congestionando de forma innecesaria las entidades públicas, y en muchos casos, estas solicitudes no pueden resolverse satisfactoriamente sin una justificación. La base de un régimen democrático es la transparencia y en esto aspectos la información difundida para evaluar la política criminales del Estado colombiano incumple sistemáticamente con el deber público de información.

Lo anterior compone una serie de problemáticas, no sólo de desconocimiento o conocimiento parcial de la información pertinente, sin la cual es imposible diseñar una política pública adecuada, sino también en la elaboración de diagnósticos completos por parte de los expertos. La información es fundamental para facilitar un diálogo constructivo entre el Estado y la sociedad civil, conllevando a la construcción de mejores políticas públicas frente a la criminalidad que se ejecuta en el país. No se tiene una política criminal confiable con objetivos políticos claros, que este basado en estrictos estándares técnicos y con un mecanismo de evaluación riguroso. Por el contrario, la política criminal de Colombia es pasiva, cambiante y dividida. No parte de análisis serio y riguroso de los fenómenos delictivos del país. En cambio, parece responder más a problemas de casos simbólicos, despertar la repugnancia social y exigir una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno nacional.

Siendo así, el objetivo de la política criminal versa sobre expandir el derecho penal de forma social. Por lo tanto, los poderes ejecutivo y legislativo tienden a reducir los problemas sociales complejos, como lo es la delincuencia y medidas de respuesta a corto plazo y temporales. Muchas veces es necesario responder a las necesidades de los ciudadanos que se sienten inseguros, incluso si esta respuesta punitiva no lograron los resultados esperados. Un ejemplo puede ser la restricción que se le dio régimen de libertad con las reformas de la Ley 1142 de 2007 a la Ley 906 de 2004. Esta ley buscaba conferir al Estado de mejores instrumentos para la lucha contra la delincuencia. Por ello, expandió el ámbito de aplicación de la detención preventiva de dos formas distintas. En primer lugar, incluyó dentro del régimen de detención preventiva a los delitos que tienen una pena mínima de cuatro años. En segundo lugar, la Ley 1142 aumentó las penas mínimas y máximas de varios delitos, lo que amplió notablemente el régimen de detención preventiva, pues varios de estos delitos quedaron con penas mínimas de cuatro años. Durante los ocho meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 1142, las detenciones preventivas aumentaron casi diez veces de casos que ingresaron al sistema penal, evidenciando que se debe empezar por analizar si las medidas penales realmente cumplen con los objetivos de control y reducción del crimen o responden a un espíritu punitivo que no piensa en las consecuencias.

Se requiere una entidad gubernamental que pueda realizar la recopilación, medición y publicación de las cifras que existan sobre criminalidad. Una política más transparente frente al acceso de la información adaptado a los medios tecnológicos. Diseñar una política criminal con elementos de carácter investigativo rigurosos dirigidos a la prevención del crimen, generando un sistema de evaluación constante que permita visualizar los avances y limitaciones de la política criminal. Crear una política penitenciaria frente a la resocialización y que se entienda como parte integral de la política criminal y propiciar espacios de carácter permanente con sectores de la academia y organizaciones civiles donde participen en los debates de formulación, implementación y evaluación de la política criminal y penitenciaria

Comuna Wilson Saavedra
Comisión de Derechos Humanos
Partido Comunes – Cali

BIBLIOGRFIA.
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