Rubín Morro

Las páginas del horror ocurridas en el marco del conflicto armado en Colombia están lejos de contarse plenamente. Por el contrario, se desvía la atención, culpando a otros actores de todo lo acontecido. Pero la búsqueda de la verdad es terca, se pone de pie, emergiendo a la superficie, gracias al espectacular trabajo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, creado en el Acuerdo de Paz de La Habana.

A propósito del caso de los “falsos positivos” (Caso 003 sobre falsos positivos atribuidos al Estado y sus Fuerzas Armadas) estudiado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recordé que en el año 2014, en La Habana,Cuba, leí el formidable libro de Germán Castro Caicedo, “Nuestra Guerra Ajena”, publicado por la editorial Planeta. Un libro lleno de investigaciones y testimonios de lo que une a EEUU a Colombia, aclarándonos que el narcotráfico llegó al país hace más de 46 años, auspiciado por el ejército de los Estados Unidos, como una estrategia bien planeada después de la guerra del Vietnam. También nos aclara la larga dependencia de los gobiernos y autoridades colombianas al influjo estadounidense.

Pues bien, este fin de semana, de paso por alguna región de Antioquia, me di nuevamente a la tarea de releerlo, hacer un buen ejercicio de memoria de quienes pudieron resolver, aclarar y condenar judicialmente el caso de los ‘falsos positivos’. Al contrario, le han echado tierra y están por ahí agazapados sus responsables en mora de darse una pasadita por el Sistema Integral o Tribunal para la Paz.

Germán Castro Caicedo, además de describir la injerencia político-militar del gobierno norteamericano en los asuntos medulares del conflicto social y armado en nuestro país, relata uno a uno, cantidad de testimonios con sus fuentes primarias, quedándonos un sabor metálico, de muerte y dolor. Me dí a la tarea de buscar quién había auspiciado y ambientado los “falsos positivos”, y encontré al abogado Camilo Ospina Bernal quien fuera ministro de defensa de la ‘Seguridad Democrática’ en el año 2006 (https://www.laorejaroja.com/camilo-ospina-el-mindefensa-que-impulso-los-falsos-positivos/).

En “Nuestra Guerra Ajena”, Germán Castro Caicedo nos cuenta que en el año 2006 hubo en Colombia de 800 a 3.500 mercenarios gringos, o como se le llamó con eufemismos, contratistas, para adornar un poco su acción heroica de matar colombianos, y como si esto fuera poco, buena paga en dólares, para hacer en nuestro país lo que se les viniera en gana, total inmunidad y total impunidad. Todo lo anterior, en al marco del “Plan Colombia” y el “Plan Patriota’. Una de las ofensivas militares más grandes de la historia en la lucha contra las extintas FARC-EP, con el apoyo de los Estados Unidos.

Este señor, Camilo Ospina Bernal, siendo ministro de la guerra en el gobierno de Uribe Vélez, impartió la Directiva Ministerial Permanente Número 29, del 17 de noviembre del 2005. Él fue un poderoso agazapado alfil uribista que en solo un año cambió la historia de Colombia. El documento consta de de 15 páginas, cada una de las cuales se abre con la palabra “SECRETO”. (https://lasillavacia.com/sites/default/files/media/docs/historias/Directiva_29_2005-comentado.pdf/), lo que demuestra la intención criminal premeditada estatal. La esencia de esta directiva era acabar con la insurgencia armada, fundamentalmente con las FARC-EP. Muy al contrario de sus propósitos ilusos, estableció el pago con dineros de los impuestos de los colombianos para premiar los crímenes que cometieran las Fuerzas Armadas, asesinando muchachos inocentes, pasándolos como guerrilleros caídos en combate, acatando el requerimiento de Mario Montoya, comandante del Ejército: “litros de sangre para ganar la guerra’.

Veamos algunas tarifas de la mencionada directiva # 29, del ministro de defensa de Uribe Vélez, para el pago de los resultados operacionales de guerrilleros muertos y otro material de guerra:

-Personajes de máxima responsabilidades reconocidas públicamente: 5.000 millones de pesos.

-Cabecillas de estructuras mayores: 1.719 millones de pesos.

-Cabecillas que ejecuten acciones terroristas: 68 millones 760 mil pesos.

-Cabecillas y miembros de guerrilla: 3 millones 815 mil pesos.

-Ametralladora punto 50: hasta tres millones de pesos.

-Ametralladoras M-60: hasta dos millones de pesos.

-Fusiles: un millón de pesos.

-Granadas de mano: hasta 100 mil pesos.

-Bayonetas: 10 mil pesos.

-Minas tipo sombrero chino: 150 mil pesos.

-Mulas: 20 mil pesos.

-Caballos: 10 mil pesos.

-Reses: 10 mil pesos.

-Computadoras portátiles: hasta un millón y medio de pesos.

¿Qué tipo de Ejército Nacional era este?, ¿Dónde está el honor patrio por portar las armas de la república? ¿Tal vez fueron ‘casa-recompensas’, ‘mercenarios en su propio país? O ¿tal vez, ‘contratistas del Pentágono? Estas son situaciones gravísimas para un Estado de derecho, que no lo es, y que deben ser esclarecidas por parte de la JEP.

Se pagaba además por la información que condujera a un logro de importancia operacional. Ante esta situación de subasta contra la vida, hubo competencia y rivalidades entre unidades militares en procura de lograr el objetivo que los hiciera merecedores al “premio mayor”, dinero, ascensos militares; vacaciones, licencias, condecoraciones, entre otras bondades macabras de la guerra, auspiciadas por este señor al frente del ministerio de la defensa nacional.

Varias unidades del Ejército Nacional eran escaneados por nuestros equipos de monitoría electrónica, pudiendo constatar cómo se peleaban reclamándose la autoría del guerrillero muerto en combate o el civil inocente vestido y pasado como guerrillero caído en combate. Si había varios guerrilleros muertos y varias unidades militares oficiales participantes, se los repartían entre sí, hasta amenazas de enfrentarse entre propias tropas por el trofeo. Cuando era un solo muerto, una unidad militar se quedaba con el muerto, los otros elementos capturados para el resto, para cobrar la tarifa de dinero establecida por el ministro Camilo Ospina Bernal, en su directiva # 29.

No hay la mínima posibilidad de equivocarnos al decir que en esta criminal ambientación institucional por mostrar resultados se dispararon los “falsos positivos’, capturando hasta personas enfermas y con limitaciones físicas. Luego que en los sitios de su desaparición, los mismos vecinos los reconocieron, hasta vendedores ambulantes fueron presa fácil para los méritos en combate en nuestro “glorioso Ejército nacional”, en una guerra que no pudimos ganar ninguno de los contrincantes.

Estas atroces conductas, como todas las cometidas por los múltiples actores de la guerra de los 53 años atrás, no pueden quedar en la impunidad. Es necesario que todos comparezcamos ante la JEP y la CEV. Es la única manera de que todas las víctimas conozcan de este baile de sangre auspiciado desde el establecimiento, pueda pasar al olvido como una dinámica justa y necesaria contra el ‘terrorismo’, como lo bautizó Álvaro Uribe la lucha social y la resistencia armada del pueblo.

No demos permitir que las graves violaciones a los DDHH, el crimen político y las atrocidades sucedidas contra la sociedad caduquen por vencimiento de términos para burlar las responsabilidades con la historia, de cara al proceso de paz, en la que está inmersa la sociedad colombiana, como está pasando con el caso comprobadísimo de Uribe Vélez. Esto sí es impunidad a todas luces, una burla para las víctimas del conflicto social y armado.