Por: Óscar Pineda

Hablar del Cesar es hablar de una región con un potencial enorme, tanto a nivel agrícola como a nivel comercial, que junto a la industria minera aportan 2.06% al PIB nacional. Su ubicación geográfica habla por sí sola de unas potencialidades territoriales que le proporcionan a este departamento unas envidiables ventajas comparativas, teniendo en cuenta que es una región fronteriza con Venezuela. Comparte vecindad con La Guajira, Norte de Santander, Santander, Magdalena y Bolívar. Cuenta también con dos importantes sistemas montañosos, la serranía del Perijá y la sierra nevada de Santa Marta, aptos para desarrollar el eco y etnoturismo, desaprovechados por las élites políticas y económicas locales.

Pero toda esa riqueza territorial no repercute en el bienestar de los habitantes del departamento. Así se puede constatar si se analizan algunas cifras que muestran un deterioro paulatino en su calidad de vida. Siendo un territorio profundamente agrícola es bueno echar mano de algunos datos que nos parecen interesantes para dimensionar la realidad sobre todo del campo en este departamento. En lo que tiene que ver con el tema de tierras, nos encontramos que el Cesar cuenta con una superficie total de 2.256.550 hectáreas, de las cuales 1.481.000 se podrían aprovechar para diversos usos. De esas mismas, el 58% están en la informalidad. Otro dato que llama la atención es el referente al número de hectáreas que están siendo utilizadas para la siembra, con un total de 205.000 (Plan de Desarrollo Departamental). Vale la pena señalar que a nivel de concentración de la tierra, el Cesar muestra que el 5% de los propietarios concentran el 33.4% del total de las hectáreas aprovechables, según estudios de la Universidad Santo Tomás.

También es bueno señalar que este sector a nivel departamental muestra unos precarios niveles en materia de tecnificación y acceso tecnológico, pues solo el 39.79% de las 28.494 UPAs (Unidades de Producción Agrícolas) registradas en el departamento cuenta con acceso a infraestructura (medios de transporte ágiles, integrados y conectados a mercados intermunicipales e interdepartamentales), el 26.49% cuentan con algún desarrollo tecnológico (cuyos resultados son procesos productivos sistematizados y estandarizados). Así mismo, el 11.89% tiene acceso a crédito, el 22.00% cuenta con asistencia técnica, el 9% con acceso a riego y solo el 7.27% del total de esas UPAs tiene algún tipo de maquinaria (PDD Cesar). Por otra parte, preocupa el desplazamiento a que vienen siendo sometidos los cultivos tradicionales de carácter permanente como la yuca, el plátano, el café, la malanga, entre otros, por la siembra de palma de aceite. Así lo demuestran una vez más las cifras proyectadas por el DANE en 2018, donde se observa que este último rubro tiene un total de 56.8% de las hectáreas sembradas, muy lejos del 12.7% y de del 5.2% de la yuca y el plátano, respectivamente.

Otro dato para analizar es el que tiene que ver con la cada vez mayor concesión territorial otorgada a las trasnacionales de la minería, que presentan un número cada vez más alto de hectáreas para su explotación, tanto así que los 348 títulos otorgados hasta el momento representan 277.180 hectáreas que nada más y nada menos son el 12.39% del total del territorio y aún están pendientes por legalizar 109 solicitudes de estas mismas características.

A nivel de salud, según entidades como la Universidad Nacional, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de salud, el departamento muestra resultados nada halagadores, sobre todo en lo que se refiere a las muertes por cada 100.000 menores de 5 años, relacionados con IRA (infección Respiratoria Aguda), EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) o deficiencias y anemias nutricionales, con 30.7, 6.32 y 26.19 respectivamente. Esas cifras desbordan la media nacional en relación a esos mismos ítem con 14.17 IRA, 2.97 EDA y 5.84 por deficiencias o anemias nutricionales (desnutrición).

De las 1.200.574 personas que habitan el Cesar, el 55.4% modulan entre la línea de la pobreza monetaria y la pobreza extrema. Según el DANE 2018, el 42.9 % de los cesarenses no tuvieron una entrada económica mayor de $254.744 mensuales, cifra fijada por esta entidad para ser considerado dentro del ítem de la pobreza monetaria, mientras que el 12.5% no lograron entradas económicas superiores a $115.925 mensuales, lo que en definitiva muestra al Cesar, como una región con altos índices de vulnerabilidad económica que ni a corto ni mediano plazo parecen tener solución.

En el tema de vivienda, según el DANE, tenemos que en el departamento existe un déficit cuantitativo (porcentaje de la población sin vivienda propia) de 11.70 %, mientras que existe un déficit cualitativo (porcentaje de población que, aun teniendo vivienda, carece de algún servicio público básico o esta misma necesita de ampliación física) de 31.3%, lo que quiere decir que sumados estos dos porcentajes nos encontramos que existe un 43% (superando el índice Nacional 36.2%) de los hogares del departamento sin vivienda o sin condiciones dignas.

Otras cifras no menos importantes son las relacionadas con la cobertura en servicios como el del agua potable, alcantarillado, aseo, penetración de banda ancha y gas natural. En agua potable, si bien es cierto que existen buenos índices de cobertura urbana, 97.70 %, otra tendencia pulula en las áreas rurales, con solo un 32.80 % a nivel departamental (Superintendencia de Servicios Públicos 2017). En cobertura de alcantarillado, el área rural solo cuenta con un 31.71 %, mientras que, según el MINTIC, la cobertura de banda ancha solo alcanza en la ruralidad de este departamento un 7.90 %, frente al 13.20 % nacional. En la prestación del servicio de gas natural, se tiene en la zona rural un alcance del 64.8% frente al 66.8% nacional. Finalmente, en la cobertura en recolección de desechos sólidos alcanza el 77.20 %, frente al 81.6 % del nivel nacional.

Luego de hacer un ejercicio de lectura crítica de estos datos, lo que se evidencia es una precaria situación económica que viene padeciendo este departamento, que redundan para mal en gran parte de la población cesarense, sobre todo en las áreas rurales. Parte de esta situación puede entenderse si se analiza el hecho de que coexisten en el departamento un binomio lesivo y peligroso representado en un modelo agroindustrial-extractivista, asociado por una parte al monocultivo (palma de aceite) y por la otra por la industria minera. Este modelo se ha llegado a consolidar con la anuencia de la clase dirigente regional. De manera casi simultánea y en muchas ocasiones amangualados, han venido operando impunemente, beneficiando a un grupo minúsculo de empresas. Han contado con recursos suficientes para desarrollar y masificar procesos automáticos de producción a gran escala. Su crecimiento exponencial lleva a cuestas la depredación acelerada donde a partir del avasallamiento productivo ejercen control total de las dinámicas socioeconómicas territoriales. Los daños directos que esto supone se ven reflejados cada vez más en un constante deterioro ambiental, constatado en los altos índices de problemas relacionados con infecciones respiratorias agudas (IRA), sobre todo en niños menores de 5 años y en las condiciones de explotación expresada en la pérdida de garantías laborales, cuando no la violación fragante de los DDHH, producto de la financiación a las AUC a través del frente Juan Andrés Álvarez, que dejó más 3.340 víctimas entre asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas, y otras 59.000 víctimas de despojo en la zona minera del Cesar, datos perfectamente verificables por la ONG holandesa PAX.

Junto a este binomio depredador, subsiste en modo resiliente un modelo agrícola tradicional que, como se puede leer analizando los datos anteriores, posee elementos semifeudales. En primera instancia, por la poca o casi nula tecnificación de sus procesos productivos, debido en su mayor medida al abandono estatal, del cual no ha sido ajeno el departamento, demostrable en la escasa cobertura en provisión de servicios domiciliarios. En segunda instancia, por el alto índice de ilegalidad de la posesión rural. Debido a ello, los productores se convierten en arrendatarios, con la consecuencia de que estos mecanismos los obliga a elevar los costos de producción. Además de esto, la oferta de productos llegados del exterior a raíz de la firma de los TLC promete dejar en quiebra a los pequeños y medianos productores locales, y a mediano plazo, esta cuestión de primerísimo orden limitaría el acceso de los habitantes del departamento al derecho a alimentarse adecuadamente, disminuyendo la posibilidad de contar con una mejoría en sus condiciones de vida.

Frente a este panorama, creemos importante decir varias cosas. La primera es que los gremios empresariales regionales deberían apostarle a implementar planes regionales de rescate al agro, empezando por diversificar la producción local, buscar el mejoramiento de los procesos productivos por medio de la tecnificación de las UPAs, un aceleramiento de inversión en el sector turístico y una cualificación a gran escala de la mano de obra local. Le convendría en el escenario futuro mantener un fondo económico, tipo bolsa de inversiones públicas, donde el mediano y el pequeño campesino accedan sin tanto trámite a subsidios y a créditos de bajo interés. Esto sería un plus para potenciar la cadena de valor. La segunda cosa que vale la pena decir es que los movimientos populares, sobre todo los organizados alrededor de la defensa de los recursos naturales y el derecho a la tierra, deberían hacer suyo con más ahínco el Acuerdo final de La Habana, ser conscientes de que el carácter reivindicativo de la Reforma Rural Integral posee elementos que benefician a las comunidades más apartadas. Tanto los PDET como los Planes Nacionales son un buen ejercicio de participación, activa y protagónica, que generan compromiso y empoderamiento colectivo. Además, sienta las bases de un modelo alternativo que se fortalece a través de la construcción de paz y reconciliación territorial. Aunque no resulte fácil, pues en ésta como en gran parte de las zonas PDET no hay un desarrollo que invite a pensar que se va por buen camino, sobre todo en el tema de tierras. Según un informe de la Procuraduría “sobre acceso y uso de la tierra contempladas en el acuerdo de paz” de 2020, que indica que hasta ahora para el fondo de tierras en el departamento solo se han identificados 341 predios que suman 38.672 hectáreas, suma insuficiente, tratándose de una región que hasta 2020 contaba con 344.949 víctimas (Registro Nacional de Información), que equivale a un 30.2 % del total de su población. Pero aun así existen instrumentos legales que junto al acompañamiento internacional y a un número significativo de organizaciones sociales siguen empecinados en no dejar triturar la esperanza de paz.

Por último, a la clase dirigente cesarense también le serviría acoger el acuerdo, pues son inmejorables los beneficios sociales y económicos que obtendrían si saben gestionar y ejecutar con transparencia los recursos determinados para su implementación, que aunque no son suficientes para solucionar la problemática que late en la cotidianidad de esta zona, podrían ser un bálsamo, si se hacen respetando el diseño original de participación comunitaria. Ayudarían a menguar las disparidades socioeconómicas existentes entre lo urbano y lo rural. Unido a esto, procurar incrementar el gasto público en el sector agrícola. No se explica cómo siendo un departamento con tanta vocación agrícola, en el Plan de Desarrollo Departamental, de los más de 3.5 billones suscritos en el Plan Plurianual de Inversiones, solo se tengan predestinados $181.269.450.578, esto es un poco más del 5 % del total del presupuesto durante los 4 años de esta gobernación.

Eso sería una de tantas medidas que consideramos pertinentes, si lo que quieren las élites de la región es contener a mediano plazo una crisis social de magnitudes históricas, nacida de unos inconformismos bien fundamentados, que siguen latiendo silenciosos, que no se pueden menospreciar y que, si no se les da solución, pueden terminar generando ciclos de violencia que ya se vivieron en el Cesar, pues como diría Daniel Ortega, “los pueblos cuando se levantan, se levantan guapos”.