Para los beneficiarios y escoltas del Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección que atiende la Subdirección Especializada de la UNP, así como para los observadores internacionales y en este momento para los medios de comunicación que, preocupados por la creciente desmejora de la prestación del servicio de protección, se preguntan ¿qué es lo que pasa realmente con el Programa de Protección Especializada?

Su intranquilidad crece por la desinformación, tanto la que viene por parte del gobierno, como la de los enemigos declarados del Programa, así como también la surgida de una mezcla de rabia, impotencia y miedo, que en medio de tantos riesgos que aumentan día a día, se vienen escuchando denuncias, derechos de petición, pronunciamientos y malestar a través de las redes, solicitando garantías para realizar la actividad política y las tareas relacionadas con la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Creemos que la última reunión realizada el 29 de enero con el director de la UNP, con delegados del Concejo Político Nacional del partido Comunes y el acompañamiento nuestro, resume el estado de dificultades.

Los beneficiarios del Programa de Protección se vienen quejando, al igual que los escoltas, que no están aprobando misiones y esto conlleva a que los beneficiarios se muevan sin sus esquemas de protección, vulnerando así su seguridad, correspondiendo esto a un desmonte de hecho del esquema, tal como ha sucedido con los esquemas de Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y muchísimos otros beneficiarios.

Por otro lado, a algunos escoltas le aprueban solo gastos de viaje, aun cuando deben pernoctar varios días en sitios distintos a su lugar de residencia; situación insostenible, como lo han denunciado diferentes sindicatos.

El Director de la UNP aclara que no existe una política de crearle problemas al Programa de Protección, pero sus argumentos y declaraciones a los medios permiten evidenciar que existe una crisis financiera producto de la política de austeridad del gobierno y de temas estructurales para la asignación de presupuestos, como es la ausencia de un Plan Estratégico que contemple los estudios y los cálculos de las necesidades reales y futuras del Programa de Protección, que para fin de año habrá crecido en cerca de un 30%, pero su presupuesto va en disminución según parece entenderse.

¿Qué alternativa queda entonces a los beneficiarios y escoltas del Programa de Protección, además a los trabajadores administrativos sobre quienes recae la presión de la sobre carga laboral y las incomodidades y quejas de un servicio que tiende a hacerse cada vez más riesgoso?

A los firmantes del Acuerdo Final de Paz nos corresponde exigir del gobierno central la asignación de recursos para el Programa de Protección Especializada de seguridad y Protección, pues un programa que funciona con el 35% de su presupuesto necesariamente está llamado a colapsar, al tiempo que es inaceptable que al día de hoy sumemos 257 homicidios y que dicha cifra amenace con seguir aumentando ante la mirada indiferente del gobierno y sus autoridades.

La UNP debe inmediatamente volver a los términos de la Resolución 0648, que se ha ido desplazando por circulares internas que, como una tuerca, todos los días aprieta las restricciones que atentan contra el Programa de Protección. Esta resolución al menos permite al subdirector evitar la desprotección y el deterioro de la situación de los escoltas; decimos retomar la Resolución 0648, mientras el problema de fondo se resuelve, es decir mientras el gobierno asigna los recursos que se necesitan. La UNP debe también aligerar los ajustes al Plan Estratégico de Seguridad y Protección, presentado por el componente Comunes en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, en 7 ocasiones para su aprobación, para que de manera inmediata se apruebe el presupuesto que el plan demanda.

El gobierno nacional debe presentar urgentemente el concertado Plan Estratégico de Seguridad que le compete al resto de instituciones distintas a la UNP, tal como se lo ordenó la JEP recientemente.

Así mismo, debemos seguir denunciando ante la comunidad internacional, la Segunda Misión de la ONU, los países garantes y medios de comunicación la des financiación del Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección, en una clara violación del Acuerdo Final de Paz, en materia de garantías para la vida y la reincorporación de los firmantes de la paz.

La actual situación nos exige trabajar unidos, evitando las fricciones inútiles entre beneficiarios y escoltas; beneficiarios y escoltas con administrativos, Subdirector y Componente en Mesa Técnica, ya que estos malentendidos solo sirven a los propósitos del gobierno de encubrir los problemas de fondo, como son la destinación de los recursos necesarios para la paz y su deber de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, empezando por el desmonte de las estructuras que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, tal como está contemplado en el Acuerdo Final de Paz.

Es necesario comprender que la seguridad hace parte de la lucha por la implementación integral del Acuerdo y que la misma es la tarea política más importante para nuestro partido, ligándola al conjunto de luchas del pueblo colombiano, víctima de las políticas del actual gobierno cuyo interés es perpetuar el conflicto como forma de mantener los mezquinos intereses de la clase gobernante.

Bogotá febrero 3 de 2021.

Componente COMUNES en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección