Rubín Morro

Varias organizaciones muy respetables y los medios de comunicación registran el inicio del año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz. Los resultados hasta hoy son alarmantes: 14 líderes sociales y cinco firmantes de paz asesinados, seis masacres, 14 enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados, siete enfrentamientos entre grupos armados y 13 eventos de amenazas contra líderes sociales. Todo indica que será un año complejo en términos de amenazas, asesinatos, pandemia, más pobreza, más hambre y lucha social. Todo este entorno nada positivo en medio de una campaña electoral y sus elecciones en el próximo año. Nada fácil será para los nuevos partidos políticos y los sectores democráticos.

En nuestro país la violencia no se anida contra la sociedad por un castigo o designio divino. No. Se da porque existe un Estado con unos gobiernos que le obedecen a sus mentores políticos, a sus dictámenes económicos de favorecer a la banca, a la gran industria, al capital extranjero, a contener a la población con sus medidas represivas y preservar sus intereses de clase. La estructura del Estado es una vieja maquinaria oxidada al paso de los años. Su clase en el poder se enriquece cada día más. Ellos, las familias que siempre han gobernado, son cada vez más poderosos y las mayorías, las gentes del común, viven en la pobreza y la miseria. Estas causas, entre otras, generan un sustancioso caldo de cultivo para que se esté forjando un monstruo de mil cabezas de violencias múltiples.

En medio de la profunda crisis social, los colombianos pagamos impuestos a granel sin ninguna consideración. El Estado no ha querido reglamentar un mínimo vital o renta básica para la población vulnerable que pasa de los 30 millones de personas. La pandemia del covid-19, además de atacar mortalmente a los desposeídos, es utilizada por el gobierno para controlar la población y, a la vez, abrir la economía, produciéndose más contagio en la brega de conseguir su sustento diario.

La violencia es congénita al establecimiento, en una herencia sucesiva de los malos gobiernos, porque así lo determina el poder real, mientras el poder formal desfila cada cuatro años por la silla presidencial, sin resolver los graves problemas de los cuales quienes los eligen esperan solución. Colombia tiene por esencia un régimen represivo conservador y mezquino en defensa de sus privilegios y para eso se apoya en sus leyes, su justicia y sus Fuerzas Armadas, sus organismos de inteligencia.

La violencia política y el descuadernamiento del país no inició en los últimos 100 años. La violencia se ha incrustado como una maldita garrapata en la sociedad en todos sus niveles. Es la estructura política, económica y social que nos ha gobernado. He aquí la causa, la esencia, lo fundamental de esta debacle, sin soluciones reales a la vista. Solo la violencia contra la sociedad ha perdurado. Todos lo sabemos, en Colombia el Estado no tiene el monopolio de las armas, se consiguen más fácil que un empleo. Tampoco tiene el control sobre la hacienda pública. Los grupos armados imponen su ley financiera y la justicia por propia mano la impone quien tenga las armas, por lo que es casi imposible controlar las manos sicariales.

Tenemos una nación que necesita urgentemente soluciones vitales, un gobierno, un nuevo gobierno democrático y participativo, un Estado patriota que preserve los derechos fundamentales de la sociedad, un gobierno que nos enrute definitivamente por el camino de la paz con justicia social, que implemente eficaz y prontamente el Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral, la participación Política, Fin del Conflicto, Drogas Ilícitas y Víctimas. Con estas herramientas generadas por el proceso de paz podemos construir el futuro de nuestro país, solo necesitamos que quienes tienen los resortes del poder tengan la voluntad de hacer patria y no pretender llevarnos al caos, la incetidumbre y la desesperanza.

Tenemos la oportunidad histórica que la sociedad en su conjunto asuma las riendas del Acuerdo de Paz. Construir un pacto nacional y sectorial que sea capaz de erigir una nación próspera, con oportunidad para todas y todos. La exclusión es otra forma de violencia que asesina como las armas.

La violencia genera más violencia. La anarquía crece en los grupos armados. Las disputas territoriales por el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico, el paramilitarismo, las bandas de matones imponen su ley en apartadas regiones donde nunca llega el Estado y donde las contradicciones se definen a plomo y muerte.

Definitivamente la institucionalidad luego de 200 años no ha resuelto la crisis integral en que nos tiene como “corcho en remolino”, girando para todos lados sin rumbo y sin futuro. Le toca al pueblo asumir en las urnas saber elegir y no ir como corderos al redil como lo orienta el gamonal o su patrón. Un pacto social por la vida y la paz nos salva de la alta marea que nos amenazó en el primer mes del año.