Alberto Donadio

A comienzos de 1950 Virgilio Barco Vargas todavía no se había casado con su novia gringa, Carolina Isakson. Él tenía 28 años y era representante a la Cámara por el Partido Liberal de Norte de Santander cuando mataron en Cúcuta, su tierra natal, a un amigo y copartidario suyo, Víctor M. Pérez.

Barco le escribió a su novia, que cursaba estudios en Estados Unidos: “He estado profundamente consternado. Este hombre que había hecho de su vida, sencilla y humilde, una continua faena de servicio de sus ideas, cayó vilmente asesinado por el único motivo de que en su condición de líder popular era incómodo para el partido de gobierno. ¡Eso es gangsterismo!”.

Como ha ocurrido con varias generaciones de políticos colombianos, Barco estuvo rodeado de violencia desde que empezó su carrera de congresista, tras el típico debut como concejal, hasta cuando la terminó como presidente de la república cuarenta años más tarde. Poco después del asesinato de su copartidario recibió amenazas de muerte y se marchó a Estados Unidos, donde obtuvo el título de economista.

En los años 40 ya se había graduado como ingeniero en el MIT de Boston. Al regresar en 1954 le tocó el final de la violencia conservadora, el ascenso efímero del general Gustavo Rojas Pinilla y el nacimiento del Frente Nacional, un pacto de paz entre los dos partidos enemigos. A lo largo del llamado “régimen de responsabilidad compartida” fue senador, ministro, embajador y alcalde de Bogotá.

En 1986, al ser elegido presidente, la violencia seguía. Pero era otro tipo de violencia. Ya no se trataba del ajuste de cuentas entre liberales y conservadores, sino entre el Ejército y grupos guerrilleros de izquierda, y entre el Estado y los narcotraficantes. Durante los cuatro años de Barco se multiplicaron los asesinatos, combates y actos terroristas. En su mandato, según la Policía nacional, fueron asesinadas cerca de 78 000 personas; 250 policías cayeron abaleados; explotaron 19 carros bomba que dejaron 300 víctimas y se produjeron más de 125 atentados dinamiteros contra oleoductos.

Lo más siniestro fue la violencia política, que persiguió, acosó y prácticamente eliminó a la agrupación de izquierda Unión Patriótica (UP), firmante en 1985 de los acuerdos de paz con el predecesor de Barco en la presidencia, Belisario Betancur. Fueron más de tres mil personas asesinadas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Un fallo de la Sala de Justicia y Paz lo calificó de “genocidio político”.

Cómo surgió y se desarrolló la matanza gota a gota de la UP es uno de los más escondidos capítulos de nuestra historia reciente. Lo más grave es que hay razones para pensar que el presidente Barco tuvo un papel determinante en el exterminio de este conglomerado cercano al Partido Comunista.

Un espía llamado Rafi

Para descubrirlo es preciso unir una serie de claves que han permanecido hasta ahora bajo estricto secreto. Todas ellas conducen a un agente israelí que contrató Barco para combatir la violencia. Se llamaba Rafi Eitan y de su silencioso paso por Colombia quedaron nefastas consecuencias pero muy pocos rastros.

Nacido en la actual Palestina en 1926 y fallecido en Tel Aviv en 2019, fue político, burócrata, hombre de negocios y, sobre todo, espía: un espía legendario que comandó en 1960 la operación de secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires, realizada por el Mossad, agencia de inteligencia israelí. Llevado a Israel, Eichmann fue procesado y sentenciado a muerte.

Posteriormente Eitan se especializó en lucha antiterrorista y dirigió en su país la oficina de Relaciones Científicas, otra agencia al servicio del espionaje de Israel.

Su historial revela que fue siempre un espía con verdadera licencia para matar; no de los que en el celuloide se dedican a seducir rubias en raudos coches, sino de los que encuentran razones de Estado o sentimientos patrióticos para acabar con la vida de otros. En una entrevista con el Museo del Holocausto de Washington, DC, precisó que si la captura de Eichmann hubiera fracasado, él ya había decidido matarlo. “¿Entonces el comando iba armado?” le preguntaron. “No —contestó—, la manera más fácil de matar a alguien es desnucándolo”. Para él, “toda operación de inteligencia es una alianza con el delito”.

Eitan participó en la cacería y eliminación de los palestinos que asesinaron en Munich a los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de 1972.

Virgilio Barco conoció a Eitan cuando fue embajador de Colombia en Washington (1977-1980). Hicieron buena amistad. Barco se interesó en el tipo de trabajos que desarrollaba Eitan y el contacto se convirtió en una operación secreta cuando, en 1986, el cucuteño fue elegido presidente. (Para conocer detalles sobre la forma poco ortodoxa como se contrató y pagó al agente israelí puede consultarse un artículo que publiqué en El Espectador, 13-14 XII. 2020).

Dos reuniones sin actas

La vinculación de Eitan al gobierno de Barco y su efecto en la historia reciente de Colombia tiene como punto de inflexión dos reuniones realizadas en los primeros meses de la nueva administración. Ellas permitieron que el presidente de la República contratara in pectore a un agente de inteligencia foráneo que no hablaba español ni era experto en cuestiones colombianas para que aconsejara la mejor manera de combatir la guerrilla.

La primera reunión se produjo poco después del 7 de agosto de 1986. En presencia del secretario general de la Presidencia de la República, Germán Montoya, Barco señaló ante un muy reducido cónclave en la Casa de Nariño que quería que viniera al país “mi amigo Rafi Eitan” para elaborar un diagnóstico de cómo acabar con la guerrilla. El gobierno cubrió su decisión con un espeso manto de secreto. No hubo comunicado de prensa de la Casa de Nariño, informe al Congreso en el discurso del 20 de julio ni discusión con el gabinete. Barco dispuso que Ecopetrol pagara los honorarios de Rafi Eitan, y así se hizo.

Paso ahora a la segunda reunión. Se celebró también en la presidencia, unos meses después de la primera. Rafi Eitan ya había permanecido un tiempo en Colombia, acompañado de un grupo de asesores, y había recorrido varias zonas del país financiado por las cuentas opacas de Ecopetrol. En esta segunda reunión estuvieron presentes al menos el presidente Barco, el secretario general Germán Montoya y un alto mando militar.

Barco informó que las conclusiones de Rafi Eitan aconsejaban eliminar a los miembros de la Unión Patriótica y que ofrecía encargarse de esa misión a cambio de un segundo contrato de honorarios. Una fuente cuyo nombre debo reservar me indicó que Barco no cuestionó la recomendación ni formuló objeciones éticas, morales, legales o políticas. Según ella, Barco no dijo en esa reunión que matar a opositores políticos era gangsterismo.

El alto mando militar se opuso con vehemencia al segundo contrato y señaló que renunciaría si Eitan era encargado de la misión. En su concepto, debía ejecutarla el Ejército y no un comando extranjero. Barco reculó y aceptó que así fuera. Eitan se quedó sin el segundo contrato.

Así, en pocos minutos, se decidió la suerte de los militantes de izquierda que habían firmado la paz. Como es obvio, no hay grabaciones de esas reuniones. Pero sí existe el testimonio que años después me confió la fuente que acompañó todo el proceso. Esa fuente me señaló detalles. Por ejemplo, que Barco se comunicó con Juan José Turbay, que era miembro de la junta directiva de Ecopetrol, para que la junta autorizara el pago a Eitan. En las actas de la época, que revisé cuidadosamente, no quedó registrada la gestión de Turbay. Pero ese testimonio permitió divulgar el secreto mejor guardado de los gobiernos colombianos contemporáneos. Es decir, la influencia en el país de un agente de inteligencia de fama mundial como Rafi Eitan.

Lo más insólito es que la prensa internacional se enteró de ello antes que la colombiana. De la misión de Eitan en nuestro país da fe el abogado Ernesto Villamizar Cajiao, que fue su amigo; también el diario The Washington Post, que el 3 de septiembre de 1989 señaló a Eitan como asesor de seguridad nacional de Barco. En el archivo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República encontré el borrador de un contrato de 1987 con una firma de seguridad de Israel.

Las noticias sobre la visita de Eitan y las reuniones que convocó Barco tienen el mismo origen: el testimonio de la fuente que acompañó el proceso. De las órdenes verbales que dio el presidente no quedó constancia escrita. La naturaleza de las decisiones explica el interés por protegerlas con absoluta reserva, como en efecto se logró a lo largo de más de tres décadas.

Voces de alarma

Lo cierto es que la suerte de la UP cambió tras las dos reuniones en la Casa de Nariño. Bajo el gobierno anterior de Belisario Betancur se habían registrado muy pocos asesinatos en el nuevo partido, reconocido legalmente en mayo de 1985. En cambio, en los primeros 14 meses del gobierno de Barco la cifra superaba los 400.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 3122 miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados durante un exterminio que se inició en 1986 y que se prolongó muchos años, cuando Barco ya había dejado de ser presidente. Los muertos y desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fueron un poco más de tres mil, según cifras oficiales chilenas. Las víctimas totales de la UP son más de seis mil, sumando asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y otras violaciones de derechos humanos, según datos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 1986 y 1987, los muertos de la UP representaron el 60 % de todas las víctimas de la violencia política en Colombia, según informe del Programa Presidencial de Derechos Humanos elaborado en 2008. En un período de 223 meses consecutivos (algo más de 18 años) analizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica no hubo un solo mes en que no registrara un asesinato o una desaparición de militantes de la UP. En otras palabras, el exterminio de la UP se cumplió a lo largo de distintos gobiernos.

La súbita profusión de asesinatos políticos suscitó alarma incluso entre funcionarios del Gobierno que ignoraban la presencia del agente Eitan y su diagnóstico. El consejero de paz de Barco, Carlos Ossa Escobar, fallecido en marzo del año antepasado, oficializó en 2011 ante la notaría tercera de Bogotá que durante el gobierno del ingeniero liberal le expresó al ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, su preocupación pues todos los días estaban matando a un integrante de la Unión Patriótica. Samudio le contestó: “A ese ritmo no van a acabar nunca”. La noticia se divulgó en Caracol Radio el 2 de junio de 2011 y en El Espectador el 10 de junio del mismo año.

En un libro de 2009, Ossa Escobar escribió que tras el homicidio en octubre de 1987 de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, se reunieron varios ministros y jefes militares y de inteligencia. Ossa anotó que nadie quiso responder a su diagnóstico como consejero de paz: “El Ejército, por acción u omisión, había permitido que el narcotráfico con sus máximos líderes patrocinara a los grupos paramilitares en su sangrienta carrera de crímenes contra la Unión Patriótica”.

En una reciente columna en Los Danieles, Enrique Santos Calderón afirma: “Barco fue totalmente apabullado por la macabra sucesión de magnicidios, carros bomba, masacres colectivas, y asesinatos selectivos de jueces, políticos, periodistas y policías”. El país tiene derecho a saber que no toda la violencia del cuatrienio ocurrió por cuenta de Pablo Escobar y otros asesinos. El propio presidente de la República se convirtió en un catalizador de violencia al contratar a Rafi Eitan. Esa es la realidad, aunque el país haya tardado 34 años en descubrirlo.

Los Danieles