Por: Omar de Jesús Restrepo

Desde que iniciamos el escenario legislativo en el Congreso de la República en virtud de los Acuerdos de Paz que se firmaron en el 2016, nos pusimos como tarea acompañar permanentemente a los territorios lejanos del departamento de Antioquia, donde solamente llegan los políticos en época de campaña.  Es el caso del corregimiento Murry la Blanquita del municipio de Frontino, el cual volvimos a visitar la semana pasada.

Lo que nos encontramos allí no fue nuevo para nosotros, no lo es para la mayoría de colombianos empobrecidos que no han percibido el Acuerdo de Paz en sus vidas, a quienes las transformaciones prometidas no han llegado. Allí no solo han sido víctimas del conflicto armado, sino víctimas del conflicto económico, social y político, son un país aparte, lleno de gente que resiste, pero que en muchos casos también ha naturalizado el olvido y ha aceptado la infamia cotidiana.

Son más de 9000 personas que habitan el corregimiento de Murry la Blanquita y sus verdades aledañas, pareciera que vivieran en otra época, en otro milenio. Allí no hay conectividad, no se sabe qué es el agua potable, no se conoce la salud digna, la vivienda digna, ni siquiera un alcantarillado digno. La dignidad en Murry la Blanquita se viste de resistencia.  Allí un gran número de colombianos, formalmente con los mismos derechos constitucionales que todos, viven otro mundo en otra Colombia, no en la Colombia profunda —eufemismo que quisiera dar a entender que, en la Colombia superficial, a simple vista, estas cosas no pasan— sino la Colombia real, la Colombia que le toca a la mayoría. Porque ¡sí!, aquí los pobres seguimos siendo más.

Alrededor de 10 comunidades indígenas, 2 comunidades afros y varias más de mestizos (paisas como se conocen en la zona), viven el más atroz sistema de escases de derechos, más de nueve mil personas sin caminos entre una comunidad y otra, teniendo que hacer travesías de varios días para llegar a una carretera o un rio navegable.

Más de nueve mil personas en medio de enfermedades tropicales, alimañas ponzoñosas, riesgos a partir de la geografía, con un puesto de salud de 12 metros cuadrados, sin utensilios, sin medicinas, sin personal, recurriendo a los chiveros como ambulancia en la emergencia, con la macabra garantía de que si el paciente no resiste más de 24 – lo que se demoran en sacar un paciente a un hospital de segundo nivel desde alguna de estas comunidades- morirá de enfermedades o lesiones curables. Partos sin atender, fracturas sin tratar, heridas sin suturar, es el diario vivir en Murry la Blanquita, sus habitantes, han sido condenados al olvido.

Como siempre que uno mira algo de cerca por más que lo conozca, termina por sorprenderse y aquí no se trata de una sorpresa grata. Murry la Blanquita es el retrato de muchos lugares en Colombia donde la precariedad es natural e inmarcesible.

Cabe preguntarnos ¿hasta cuándo estarán condenadas nueve mil personas de la Blanquita y millones más en toda Colombia a una vida indigna?

¿Por qué no implementar ya con todo ahínco la reforma rural integral? ¿Por qué no darles voz y permitir su participación política en todas las instituciones de la “democracia”? ¿porque no permitirles-permitirnos construir la paz con justicia social?

Los estados de cosas inconstitucionales emanados hasta ahora desde las oficinas de la Corte Constitucional, no están ni cerca de imaginar la magnitud de lo que pasa en lugares como Murry. Construir la nueva Colombia se hace pues un imperativo ético.