Rubín Morro

El informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) expuesto en febrero del año 2015 en La Habana, ante la Mesa de Conversaciones de paz,luego de dos años largos de estudio integrada por 12 expertos académicos colombianos, sobre La complejidad del conflicto interno, sus orígenes, causas y múltiples actores,deja absolutamente claro cuáles son los múltiples actores, los orígenes y las causas del complejísimo conflicto social y armado en Colombia.

De un lado: el Estado y sus gobiernos, los financiadores de la guerra, los mal llamados terceros, que no lo son tan de tercera categoría, pues son quienes organizaron y dirigieron y aún dirigen la guerra sucia con cientos de muertos en su haber. Los EEUU y su injerencia en nuestros asuntos internos. El narcotráfico y sus ejércitos de matones, el paramilitarismo como herramienta contrainsurgente aplicada por los distintos gobiernos. La delincuencia común en sus múltiples expresiones. El poder legislativo y sus leyes antipopulares. El poder judicial que redujo la lucha social a expresiones terroristas y que fueron duramente judicializadas. Las Fuerzas Armadas que utilizaron todos los recursos habidos y por haber en la defensa de un Estado mezquino, que defiende sus privilegios entronizado en el poder y la insurgencia armada, entre otros actores.

Al Estado le asiste la responsabilidad constitucional de preservar “la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, los cuales han sido violentados, adoptando políticas antipopulares y reprimiendo de forma sistemática, apoyados en una doctrina militar fascista que actúa mediante el concepto criminal del “enemigo interno”. Los EEUU iniciaron desde antes de 1948 una campaña política-militar regional contra el comunismo, bajo la consigna de la “Alianza Continental para las Américas”. Organizaron, financiaron y dirigieron la “Operación Soberanía” contra Marquetalia” en el sur del Tolima, el 27 de mayo de 1964, bajo la denominación del Plan LASO (Latin American Security Operatión). Este ataque contra 48 campesinos que huyeron de la violencia política a raíz del asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, tuvo como consecuencia el surgimiento de las FARC.  Esta era una villa de paz, sus familias construían futuro y fueron acusados de fundar una “republica independiente”, la violencia del Estado fue la causa del nacimiento de esta nueva guerra. He aquí una tarea esencial para la Comisión de la verdad, sobre las causas y orígenes de la guerra en su relato final.

Siendo así la negra historia de Colombia, acá los actores de cualquier tipo y posición política, que fueron todo un universo de causas y efectos violentos, deben aceptar responsabilidades y aportar verdad plena a las víctimas y a la sociedad. Colombia, en proceso de paz, no puede enjuiciar a una de las múltiples partes participantes en la guerra, sino a todos quienes intervinieron en la confrontación armada. Y así quedó diseñado en el Acuerdo de Paz de La Habana, en el cual se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, (SIVJRNR). Esto es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Marco del Conflicto Social y Armado.

Como podemos ver, hay y hubo todo un universo de actores con diferentes objetivos y propósitos. Unos actores materiales e intelectuales. Es de vital importancia para la paz de Colombia que todos los involucrados comparezcamos en este Sistema Integral de justicia. No es posible que la institucionalidad, apoyada en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, haya separado a los mal llamados “terceros” iniciando por los expresidentes que van a este tribunal si quieren.

No es cierto y en ningún aparte del Acuerdo de Paz de sus 317 páginas se lea que este tribunal trancisional de justicia se haya hecho solo para las extintas FARC-EP y los soldados y policías.

Claramente el gobierno y sus áulicos quieren imputarle toda la responsabilidad de la guerra a la insurgencia de las extintas FARC-EP. Por eso quieren acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz y el partido de gobierno quiere inventarse su propio tribunal elegido a dedo, que le sancionen a presuntos responsables, privilegiando la inocencia de los autores de la violación de los derechos humanos.

No podemos negar nuestras responsabilidades de cara al proceso de paz y lo estamos haciendo en la JEP, reconociendo nuestros errores y aportando verdad plena a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Así nos comprometimos con la sociedad. Lo estamos cumpliendo tal como fue pactado en La Habana.

¿Por qué callan los financiadores de la guerra? Aquellos que desde sus escritorios y desde el ejercicio del poder ordenaron el exterminio de la Unión Patriótica. Los determinadores de la guerra y que hoy fungen como héroes, gozando de una impunidad cómplice de su justicia.

Siempre la verdad es la primera víctima en las guerras. Sin verdad plena no podrá haber justicia real. He aquí el temor y el terror a la verdad de quienes tienen enormes responsabilidades en la violencia política y violaciones a los DDHH a la luz del Acuerdo de Paz y su jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.

¿Cuándo aportarán verdad plena los expresidentes?, ¿Cuándo lo harán quienes se hacen llamar “padres de la patria”?, ¿Cuándo lo harán quienes financiaron la guerra?, ¿Cuándo aportarán verdad los responsables de los falsos positivos?, ¿Los que ordenaron las masacres?, ¿Los que ordenan el asesinato de los firmantes de la paz, que suman la fatídica cifra de 251 exterminados? ¿Cuándo aportarán todos los actores responsabilidad y verdad plena?

La lucha por la paz es una disputa política de cara al futuro de Colombia, por una nación amable democrática y participativa. Es la tarea central para este nuevo año, la construcción de la paz estable y duradera.