Rubín Morro

Nosotros, quienes firmamos el Acuerdo de Paz, lo hicimos porque desde nuestro nacimiento como organización, el 27 de mayo de 1964, iniciamos esta lucha por una salida política a la guerra desatada desde el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Nunca nos escucharon y cuando buscaron hacerlo, privilegiaba el Estado la entrega de armas, la rendición y la cárcel. El proceso de paz no inició en el Caguán, ni en La Habana, sino en un largo trasegar de la insurgencia de las FARC-EP por allanar caminos de diálogo. Luego de por lo menos seis intentos, comenzando por el gesto unilateral de los guerrilleros marquetalianos, cuando en 1957, en una asamblea acordaron guardar las armas e iniciar conversaciones de paz con el gobierno de entonces. Se nombró al vocero y líder campesino Jacobo Prías Alape, para interlocutar con el gobierno, quien fuera asesinado tres años después, el 11 de enero de 1960.

Este proceso sufrió uno de los más duros golpes y la traición. De todos modos, este propósito siguió hasta el ataque a Marquetalia. Como quien dice, fueron siete años de relativa paz. Esa agresión militar a esta zona agraria se hizo en el marco de una acusación infame desde el Congreso de la República, como que en esta villa de paz lo que había era una ‘república independiente’, cuando en realidad eran campesinos y campesinas que huían de la violencia política, cuando se asesinaba por ser liberal o conservador. Se refugiaron para salvar sus vidas sobre los lomos de los Andes.

A raíz de la amnistía de Rojas Pinilla en el año 1957, se entregaron las guerrillas liberales y conservadoras, luego y como hoy, fueron exterminados uno a uno, por matones al servicio del gobierno. Hoy la realidad no es menos dura, es sintomático y sistemático. Estamos ante una persecución abierta y sostenida por fuerzas poderosas, con organización, dirección política y militar con operatividad en todo el territorio nacional. No es por líos de faldas y otras conductas que nos indilgan, solo para crear matrices mediáticas de opinión. 375 personas fueron asesinadas en 91 masacres perpetradas en el año 2020. 307 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el mismo año. 8 periodistas han sido asesinados desde el proceso de paz y 251 signatarios de paz exterminados desde la firma del Acuerdo de paz, sin contar sus familiares y algunos desaparecidos.

Son espantosas estas cifras que marcan hoy el horror de la violencia en Colombia. Y lo más grave es el silencio cómplice del Gobierno, su insensibilidad y su incapacidad pendenciera de garantizar la ‘vida, honra y bienes de los ciudadanos, como lo ordena la constitución política de Colombia.

En verdad no existe sociego para ningún firmante de la paz. Estar huyéndole a los pistoleros a diario no fue lo que nos prometieron. Hacer una familia para dejar huérfanos, viudas y familiares no fue lo que firmamos. Ningún guerrillero o guerrillera deja las armas para morir asesinado. Fue precisamente para no morir violentamente, constuir patria y construir la paz. Nos dijo la institucionalidad: dejen las armas y los esperamos con los brazos abiertos. Lo que no nos imaginábamos era que en cada mano había también una pistola. Hay muchos amantes de la paz, pero el poder parece estar al margen, así balbucee el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Hemos avanzado pero no como debería.

Clarísimo que no estamos ya frente a una nueva guerra, sino a un monstruo de mil cabezas que el Estado dejó crecer, no retomando las áreas dejadas por la extinta insurgencia, donde se han anidado grupos armados de todas las especies, frente a una población vulnerable que espera verdaderas garantías de seguridad integrales contempladas en el Acuerdo de Paz.

Firmamos un Acuerdo de Paz y lo estamos cumpliendo a pesar de los incumplimientos y adversidades. Nunca nos imaginamos que este proceso sería una ‘pera en dulce’, pero sí esperábamos de la institucionalidad voluntad política, coherencia, seriedad con su palabra empeñada de cara la sociedad colombiana y la comunidad internacional. El Acuerdo de Paz es el acontecimiento político más importante en los últimos 100 años. Ha sido la oportunidad para que nuestra nación transite senderos de esperanza, paz y vida digna.

Construir una nación reconciliada será muy complejo en Colombia puesto que el mismo establecimiento enarbola las venganzas y los odios. El perdón, la convivencia y la construcción de la paz estable y duradera tienen sus cimientos en el humanismo y la humildad, y mientras las retaliaciones esgriman sus odios, nos llevará muchísimos años. Es la sociedad en su conjunto que debe impulsar la lucha por la vida y por la paz.

Seguiremos resistiendo a los señores de la guerra que los asfixia la paz. Jamás nos amilanarán ni seremos objeto de chantajes que pretendan empujarnos nuevamente a la guerra. Estamos con el proceso de paz y no retrocederemos en la decisión tomada: alcanzar la reconciliación de la familia colombiana.

Exigimos respeto por nuestras vidas y la de todos los colombianos, sobre todo para quienes reclaman luchar por los DDHH, la defensa de la vida y la naturaleza. No puede ser que luchar por la paz nos cueste la vida.

Es terrible, van tres días del nuevo año y ya van dos asesinatos, sin incluir una hermana de 17 añitos vilmente asesinada también.