El pasado 13 de noviembre convocamos a una Audiencia Pública con el fin de escuchar a las organizaciones sociales, entidades gubernamentales y ciudadanía en general sobre el Proyecto de Ley No. 211 de 2020 (cámara) “Por medio del cual se toman medidas para garantizar la protesta pacífica y se crean tipos penales”

“El proyecto de ley 211 agrava la criminalización y el tratamiento penal a la protesta social que ha sido determinante en la violencia desatada contra liderazgos sociales y comunitarios”

Las diferentes organizaciones y ciudadanía mostraron su inconformidad con este proyecto pues pretende criminalizar la protesta social con penas de entre 4 y 10 años y multas considerables.

Además, es importante tener el cuenta que el Acuerdo Final de Paz estableció que el derecho a la protesta social debía abordarse desde una perspectiva que “ampliara” la participación, y no que la rodeara de tipos penales que siembran dudas sobre la naturaleza y legitimidad de las expresiones ciudadanas. El camino para profundizar y garantizar una protesta y movilización social incidente y propositiva, es ahondar en la construcción de mecanismos de diálogo que conduzcan, en cualquier caso, al cumplimiento de acuerdos por parte del Estado.