CARTA ABIERTA

Señores

José Luis Ponce Caraballo, Embajador de Cuba, País Garante

John Petter Optdal, Embajador de Noruega, País Garante

Carlos Ruiz Massieu,Jefe de la Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas

Señora

Juliette de Rivero, Representante de Oficican para los Derechos Humanos ONU

Estados, gobiernos y pueblos del mundo

Gente de buena voluntad y amante de la paz

Señores

Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación

Miguel Ceballos, Alto Consejero para Paz

Señora

Alicia Arango, Ministra del Interior

Señores

Francisco Carrillo, Procurador General de la Nación

Carlos Camargo, Defensor del Pueblo

Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación

¡BASTA YA DE PROMESAS, EL EXTERMINIO TIENE QUE PARAR!

Señoras y señores:

En nuestra calidad de parte contratante del Acuerdo de paz suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno nacional nos dirigimos a ustedes en medio del dolor y la impotencia que produce la continuidad del exterminio del que estamos siendo objeto. Se han producido en los últimos días tres nuevos asesinatos de firmantes del Acuerdo de paz. Helier Cuesta Mena, en Llanos de Neguá, Quibdó, Chocó; Jorge Riaños Ramos, Vereda Santander, Florencia, Caquetá; Enod López Berján y su compañera Nerie Peña Rosas, en la vereda Galilea del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo. La escabrosa cifra de la muerte llega a 241. Nuestras reiteradas manifestaciones y hechos comprobables de cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Estado y la sociedad colombiana, no están siendo respondidas por la contraparte.

Al estado crítico y precario al que ha llevado el gobierno del presidente Iván Duque la implementación de lo pactado en La Habana, se le agrega su demostrada incapacidad de garantizar la vida de quienes -de buena fe y confiando en el cumplimiento del Estado colombiano- firmamos el Acuerdo de paz. Los hechos indican que si no se toman medidas urgentes y ejecutan acciones inmediatas para enfrentar de manera decidida la persistencia de la violencia política, se estará frente al opacamiento definitivo de la esperanza transformadora que generó la firma del Acuerdo de paz hace cuatro años. Y en ello, le cabe una responsabilidad mayúscula al Gobierno Nacional.

Nuestro grito desde la Colombia herida y sangrante es por la vida. Basta ya de promesas, de anuncios de compromisos, de proliferación de cifras con las que se pretende mostrar una ficción. La realidad honda y lironda evidencia que en manos de este gobierno se asiste a una intensificación de la violencia, especialmente en los territorios de la Colombia profunda. Esa realidad muestra de manera incontrovertible la ineficacia de la acción gubernamental para enfrentar la violencia y el fracaso de su política de seguridad.

A diez días de la reunión de los representantes de la Peregrinación por la Vida y la Paz con el presidente Duque, el cuadro de la violencia sistémica se continúa oscureciendo. Se han cometido los tres asesinatos señalados; el 14 de noviembre fueron masacrados en Tierralta (Córdoba) tres integrantes de una humilde familia campesina; la amenazas contra exintegrantes de las FARC-EP hacen parte de la cotidianidad (mientras se reunía la CSIVI, el 12 de noviembre fueron amenzados líderes del ETCR de Tierra Grata; el 14 del mismo mes, fue amenazado de muerte en Barrancabermeja el enlace terrotorial de la CSIVI); en Bogotá y Soacha han aparecido panfletos de las Águilas Negras-Bloque Capital, sentenciando a muerte a Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, Iván Cepeda, destacado senador del Polo Democrático, y otras personalidades comprometidas con la paz. A lo cual se agregan los innumerables casos de confinamiento y desplazamiento forzado de comunidades a lo largo y ancho del país.

No nos satisfacen en absoluto los líneas de argumentación y justificación de lo que está ocurriendo, como el mero resultado de economías ilegales, especialmente del narcotráfico, y de vendettas entre mafiosos y grupos armados. Tampoco, los “esclarecimientos” de los perpretradores directos en cabeza de esos grupos.

Si en verdad este gobierno no quiere cargar con la responsabilidad histórica de haber hecho trizas el Acuerdo de paz, es hora de que retome la senda trazada por el Acuerdo Final, que no es otra que la de implementación integral y la puesta en marcha del sistema de garantías de seguridad en él dispuesto, así como de la búsqueda de la paz completa. Ese es el único camino posible para pasar en forma definitiva la página de la violencia en nuestro país.

Los exhortamos a que de acuerdo con sus facultades y posibilidades nos acompañen en este propósito. De nuestra parte, reafirmamos una vez más el compromiso de continuar contribuyendo a la implementación de lo pactado.

Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación-Componente FARC

CSIVI-FARC

Bogotá, 16 de noviembre de 2020.