Los firmantes del Acuerdo de Paz, por parte de la insurgencia, somos testigos y los principales afectados por las deliberadas conductas adelantadas por parte del ex Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, las cuales representan graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y a las normas del derecho internacional humanitario y, en consecuencia, verdaderas trasgresiones al Acuerdo Final de Paz.

Los firmantes del Acuerdo de Paz hemos observado detalladamente la información conocida a través del diario El Espectador. Las afirmaciones manipuladas por parte del antiguo fiscal, sin duda, se trataron de una estrategia que pretendía proclamar el fracaso de los Acuerdos por medio de sus acciones encubiertas con colaboración de la DEA.

Es claro que las actuaciones de Néstor Humberto Martínez, al frente de la Fiscalía General de la Nación, representaron una continua y deliberada afectación a la implementación de los Acuerdos de Paz. No solamente son falsos los burdos intentos de entrampamientos suyos y de la DEA, los cuales su despacho avaló y protagonizó en contra de Jesús Santrich e Iván Márquez, así como contra el equipo de implementación del partido FARC en instancias como la CSIVI y El CNR, mediante saboteos permanentes. También, hemos conocido grabaciones de las que se demuestra la intención de entrampar mediante supuestos audios al responsable de la reincorporación, antiguo miembro del Secretariado, Pastor Alape. Igualmente, a otros miembros del antiguo equipo negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se les intentó sembrar pruebas falsas.

Recordamos al país cómo este ex fiscal se interpuso a la plena implementación del Acuerdo de Paz, mediante la introducción de sendas modificaciones a varias propuestas normativas de la JEP. Además, impulso varias modificaciones que posteriormente fueron acogidas plenamente por el actual gobierno nacional, como las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. La intención del ex fiscal y del gobierno Duque fue paralizar la JEP. El ex fiscal, también de manera deliberada, publicó el listado de bienes que fue entregado a la Segunda Misión de Verificación de la ONU, situación que generó que dicho listado fuera objeto de intensas persecuciones por distintos grupos armados en los territorios, poniendo en grave peligro la vida y seguridad de los firmantes1.

También fue el fiscal Néstor Humberto Martínez quien impidió que la JEP otorgara medidas de protección para evitar que los bienes objeto de la economía de guerra fueran tomados por distintos actores en los territorios. Para demostrar lo anterior, tenemos como prueba el proceso que se rindió ante la JEP. El país debe saber que nunca se quiso por parte del ex fiscal Martínez proteger los bienes que dejaron las antiguas FARC2.

Finalmente, fuimos testigos en la instancia conjunta de implementación, CSIVI, en reuniones sostenidas con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para implementar la Unidad de Investigación de la Fiscalía, de cómo se opuso a la implementación integral de dicha unidad surgida del punto 74 del Acuerdo Final, que señala: “Se crearán, por fuera de la Jurisdicción Especial Para la Paz, de conformidad con lo que determinen las partes, mecanismos judiciales tales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo”. Recordemos, para poderlo responsabilizar, que el ex fiscal fue vehemente en su oposición a la materialización de esta unidad, y de manera especial, con que el país contara con una Unidad de Fiscalía verdaderamente autónoma en sus líneas de investigación que pudiera evitar los homicidios y masacres como los que hoy suceden en contra de los defensores de derechos humanos, ex combatientes, así como cualquier otro delito en contra del Acuerdo Final de Paz.

Acudiremos para denunciar estos hechos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su próxima sesión. La comunidad de naciones debe saber cómo se materializaron esas conductas atentatorias contra la Paz y contra el Acuerdo Final, recogido en documento oficial del mismo Consejo, acompañado al mismo tiempo de una declaración unilateral de Estado efectuada directamente por el presidente de entonces, Juan Manuel Santos Calderón, todo lo cual lo hace fuente de obligaciones internacionales insoslayables para el Estado. Esos intentos criminales contra el proceso de paz colombiano conllevan una responsabilidad internacional, con todas sus graves consecuencias.

Solicitamos, a los países garantes y a la Segunda Misión de la ONU, registrar estos graves hechos en su calidad de garantes y verificadores del Acuerdo Final.

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚNFARC

Bogotá DC, 14 de noviembre de 2020

1 p. ej. Revista Semana del 7 de agosto de 2017

2 Auto 155 del 28 de marzo de 2019, Corte Constitucional. (Auto que resuelve conflicto de competencias respecto de la solicitud realizada por Pastor Alape ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de adoptar medidas cautelares de protección urgente de aseguramiento de los bienes y activos incluidos por las FARC- EP en el inventario de sus recursos)