Por: Fredy Escobar Moncada.

El fracaso neoliberal puede acabar con EPM, así como lo hizo con Electricaribe. De ahí que el gobierno corporativo deba incluir una mayor participación de los usuarios en la inversión de sus excedentes y así concretar con rigor el carácter público. En su administración, la burguesía paisa instaló un relato engañoso que incluye alejar EPM de la política. Han explotado el argumento según el cual las decisiones empresariales son exclusivamente técnicas y protegidas de ruidos politiqueros y del reclamo popular. Con la tecnocracia, han invisivilizado la política para ocultar la incidencia del poder económico a favor de sus intereses particulares.

La cuestión social en la zona urbana y rural de Medellín requiere de un esfuerzo mayor de EPM y debe verse reflejado aún más en el presupuesto municipal. Otro engaño con el propósito de concentrar decisiones en la administración de EPM es que la mano de la política no es necesaria pues la tecnocracia sin presión alguna transfiere generosamente grandes recursos financieros al municipio. Sin embargo, es posible sostener que, a juzgar por las ganancias de las empresas privadas que participan en la cadena, es justo reclamar mayor solidaridad de la empresa con la ciudad.

El desafortunado crecimiento de EPM también se basó en la lealtad de sus usuarios al costo de sacrificar otras necesidades: o comemos o pagamos. La tecnocracia no puede continuar decidiendo sobre el ahorro regional que representan las EPM. Esa misma clase ilustrada al frente de la empresa ha puesto en riesgo un recurso importante. Al convertir el debate público en un debate entre expertos, se excluye la inmensa mayoría de la población de las decisiones sobre el presupuesto público. El actual alcalde no ha dicho nada sobre qué hacer con los 9,9 billones, si los recupera. ¿Los asignará al fracaso de la competitividad o financiará la renta básica en la lucha contra la pobreza y el hambre?

Con esta manera de administrar a EPM, han logrado dividir la población en dos clases: la que controla la empresa pública como parte de sus medios privados de producción y otra clase que solo tiene su fuerza de trabajo para venderla y cumplir con angustia el pago de la tarifa. Es evidente la contradicción entre una minoría rica gracias, entre otras ventajas, a sacar provecho particular de los bienes públicos, y EPM tiene bastantes; y una mayoría empobrecida caracterizada precisamente por la negación de derechos como los servicios domiciliarios.

Una mayor responsabilidad de la empresa con los usuarios exige una nueva clase que la administre. Hay que persistir en que la democracia resuelva este conflicto sin violencia. La paranoia del poder ve cerca la revolución mientras los radicales en la defensa de sus privilegios intensifican la campaña contra la amenaza comunista. Al ver con obviedad un ambiente propicio para el ascenso de la oposición en el marco de la decadencia neoliberal, reproducen el miedo al pueblo con consecuencias dramáticas en los DDHH.