Rubín Morro, 23 de septiembre de 2020

“Pareciera que los únicos actores del pasado conflicto social y armado en Colombia, hubiese tenido un solo protagonista: las FARC-EP, un fantasma que lo  sostienen entre los odios, la venganza, la injuria, para mantener un pretexto para gobernar, muy, a pesar de que desaparecimos como guerrilla”

Si no atinamos objetivamente los colombianos  en el análisis y la resolución de este conflcito en Colombia, en lo  que tiene  ver con la paz, la reconciliación, la reparación y sobre la NO repetición, es como pretender encontrar el “ahogado río arriba”.  No sin antes establecer y reconocer nuestra responsabilidad que tenemos como efecto de la causa, determinada por el Estado colombiano. Una responsabilidad estatal que no  quiere asumir el establecimiento, ante el  tribunal creado para la paz en La Habana para todos los actores de la confrontación armada  y política. Todo esto se diluye porque han hecho ya, trizas parte del proceso de paz,  cuando se quiere responsabilizar únicamente   con venganza y odios a la otrora insurgencia armada.

Claramente el gobierno y sus áulicos quieren imputarle toda la responsabilidad de la guerra a la insurgencia de las extintas  FARC-EP. Por eso quiere acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz, por eso, quieren inventarse el Centro Democrático su propio tribunal elegido a dedo que le sancionen a presuntos responsables, privilegiando la inocencia de la gran oligarquía colombiana. De ahí todas las maniobras y leguleyadas para “limpiar su  imagen” de los responsables directos del conflicto social y armado.

El Estado siempre ha confabulado contra la verdad. Así está diseñado, con un poder militar altamente politizado al servicio de sus bancos, sus haciendas, sus fábricas y sus empresas. Un poder político y militar  que  utiliza para la defensa de sus privilegios, de sus leyes y sus verdades partidistas. Todo cuanto hacen desde el establecimiento ‘está bien hecho’, las leyes las acomodan a sus apetitos y ansias de poder. Toda persona que proteste contra  el  “orden establecido”, es calificado como ‘enemigo interno’ y deben sufrir todo el peso de la ley para defender  la “democracia y la legítima autoridad”

Los actores armados y los llamados “terceros”, que obviamente, no son tan de tercera categoría, fueron y son múltiples, en el conflicto social y armado que nos invade la vida diaria en Colombia, aún estando inmersos en el  Acuerdo de Paz, única posibilidad real de construir la paz en nuestra patria. Los actores son  muchos: Ejercito, policía, inteligencia militar y sus agentes, paramilitarismo como herramienta contrainsurgente, la mafia, narcotráfico  y sus ejércitos, delincuencia común; matones a sueldo, minería ilegal y su poder financiero, bandas de contrabandistas, poder político que se beneficia de toda esta violencia para canalizarla en contra de las fuerzas políticas de izquierda y que luchan por un nuevo país.

No podemos negar nuestras responsabilidades de cara al proceso de paz y lo estamos haciendo en la Jurisdicción Especial para la Paz, reconociendo nuestros errores y aportando verdad a la  Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Así nos comprometimos  con la sociedad, lo estamos cumpliendo tal como está en el espíritu de lo pactado en La Habana. Pero toda la orquesta del Estado afina su señalamiento, estigmatización, odios y venganzas contra una ex guerrilla que dejó la totalidad de sus armas y cambió su acción política clandestina por la legalidad, y su reincorporación a la vida civil en acatamiento a lo acordado.

Todos los actores debemos responder por lo sucedido en esta larga guerra, de acuerdo con las realidades y las consecuencias  de un poder político que creó todas las causas objetivas para que un grupo de hombres y mujeres empuñáramos  las armas para defender nuestras vidas y con el anhelo de construir un país amable y en paz.  Colombia está cambiando, el paro está vivo y con él, la lucha de todo un pueblo cansado de la violencia, de las masacres, los asesinatos políticos, la violación de los Derechos Humanos, la desigualdad económica, la miseria y la pobreza que toca todos los hogares de la población vulnerable. No puedo terminar este artículo sin mencionar la acertadísima  decisión de la Corte Suprema de Justicia, ordenándole al gobierno retirar algunas armas letales a la policía, el respeto a la protesta pública y el respeto  de los Derechos Humanos. Va quedando al descubierto la nefasta Doctrina Gringa de la Seguridad Nacional, la concepción del “enemigo interno’ y la necesidad de profundas reformas estructurales  a la Seguridad Nacional, donde prime la vida, la paz y la vida digna.