No a la dictadura abierta, un solo coro por la paz

Refiriéndose a la situación del ex Presidente Álvaro Uribe, el Presidente Duque, en coincidencia con el pensamiento expresado por su partido, ha dicho que una decisión de la Corte desfavorable a su mentor sería muy triste, en la medida en que quienes laceraron al país durante tanto tiempo sin ninguna condena, posen desde el Congreso de adalides de la moral, mientras que quienes lucharon por la seguridad y la legalidad tengan un proceso que les limite y cercene sus derechos.

Ninguna organización, de ninguna naturaleza, ha recibido en Colombia más condenas de la justicia colombiana que las FARC. Ninguna padeció tantas operaciones militares de tierra arrasada en su contra, tantos bombardeos y ametrallamientos, ni sacrificó tantos de sus integrantes por cuenta del fuego estatal o las sentencias de los jueces a largos años de prisión. Sin mencionar los desaparecimientos, torturas y ejecuciones extrajudiciales, ni la persecución a sus familias.

Así que la contradicción con la que quieren fantasear el Presidente y el Centro Democrático resulta traída de los cabellos. Además que pone de presente el odio y la mala fe con la que juzgan los miembros del partido de gobierno los Acuerdos de Paz de La Habana. El Presidente Iván Duque pretende descaradamente, que el país ignore que existió un largo proceso de paz, y que este culminó en unas fórmulas reconocidas y aplaudidas por el país y la comunidad internacional.

Nuestros congresistas están allí en virtud de ese Acuerdo, y no tienen que ver absolutamente nada con los hechos por los que la Corte Suprema de Justicia está llamando a responder a Álvaro Uribe Vélez. La compungida comparación de Duque olvida, como lo ha hecho su gobierno, que son 220 los ex guerrilleros firmantes de la paz asesinados desde la firma del Acuerdo, así como que pasan de 700 los líderes sociales acribillados desde entonces. Esa es su seguridad y legalidad.

Que el partido de gobierno aborrece las nociones de paz y justicia social, lo demuestran sus proyectos de ley para modificar lo acordado en materia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Las numerosas trabas para impedir el funcionamiento del Sistema de Defensa de los exguerrilleros ante la JEP, así como los decretos con plazos perentorios que desconocen lo acordado y cumplido en materia de entrega de bienes.

Recientes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Jurisdicción Especial para la Paz han puesto a la vista de todos, la realidad del incumplimiento a lo acordado en La Habana, cosa que soslaya con sus palabras el Presidente. En las narices del gobierno, las bandas criminales de todo orden tomaron por su cuenta los territorios que las FARC dejaron con su reincorporación. Los mismos reincorporados han sido desterrados de ellas.

En medio de violencias y amenazas que extrañamente se producen en las regiones más militarizadas del país. En ese marco prosperan mafias y negocios ilícitos con una sospechosa inacción del gobierno actual. La situación general de inseguridad es aún más delicada para los reincorporados, víctimas del discurso del partido de gobierno, que los carga de estigmas e insinuaciones groseras como la que mencionábamos al principio de esta declaración.

Tal como lo hacía en sus tiempos el ex Presidente Uribe, que cambiaba el tema cuando no le gustaba una pregunta, el actual gobierno se vale de asuntos distintos con los que arma escándalos para desviar la atención del gobierno. El Ejército y el Centro Democrático acorralados unas semanas atrás, por centenares de denuncias de abuso sexual contra menores, y angustiados por las pruebas contra el abogado Cadena, se salta de repente a asuntos distractores.

La Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad son atacadas con saña, al tiempo que las antiguas FARC se convierten en blanco de la campaña de prensa coincidente con declaraciones del alto gobierno y los voceros del Centro Democrático, en torno a los temas de menores y violencia sexual. Con todo el arsenal mediático se apunta a que Colombia mire hacia otro lado y se desentienda de la gravedad de la situación que afronta.

Hoy somos el país foco del contagio de la COVID19 en el mundo, con el más elevado número de muertos en proporción a su población, mientras el Presidente habla maravillas en la televisión a diario. Tras sus palabras vacías se oculta que con toda clase de componendas, hace trámite en el Senado un proyecto de ley que reglamente las sesiones virtuales del Congreso, mediante el cual éste cede sus competencias al Ejecutivo, tornándonos en un régimen totalitario.

Denunciamos ante el país y el mundo la intención de convertir a nuestro país en una dictadura del partido de gobierno. Es eso en realidad lo que se teje entre bambalinas, mientras se llevan al debate público otros asuntos que entretienen. El gobierno prepara el modo de asestar un golpe de muerte a los Acuerdos de Paz de La Habana, al tiempo que librar de líos judiciales al ex Presidente Uribe y rehabilitar a todos sus subordinados condenados por la justicia.

Para ello se vale del confinamiento obligatorio en que ha sumido a toda Colombia, con el deliberado propósito de desvertebrar el movimiento social y las luchas de los partidos de oposición, impedidos para expresar su inconformidad en las calles. Tomando como caballito de batalla a las antiguas FARC y la presunta inacción de la JEP y la Comisión de la Verdad, el plan del uribismo busca conducirnos a la versión extrema de la seguridad democrática, la dictadura abierta.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, advierte que resulta completamente inaceptable cualquier pretensión de modificar una sola línea del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto suscrito en el Teatro Colón. La ley internacional lo impide, así como los anhelos de paz de un pueblo castigado de tiempo atrás por la violencia y el abandono. Pensar en una renegociación del mismo suena absurdo, con una guerrilla reincorporada, desarmada y asediada por el crimen.

Nuestro llamado al pueblo colombiano, a sus organizaciones sociales, cívicas y populares, a las iglesias de distintas confesiones, a las centrales obreras, estudiantes, desempleados, mujeres, movimientos de género y todas las expresiones de inconformidad a rechazar los planes totalitarios del uribismo, a defender los Acuerdos de Paz y sumarse a la lucha por su implementación. Urge en Colombia la más amplia convergencia democrática en defensa de la vida y la justicia.

Se acerca el momento de trascendentales decisiones. Colombia y la comunidad internacional no pueden  permitir el retorno del conflicto a nuestro país. Levantemos un solo coro por la paz.

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN FARC

Bogotá DC, 4 de agosto de 2020