Laura Ramírez, Regional Risaralda partido FARC

En tiempos de COVID las afectaciones a las mujeres son el reclamo día a día en las personerías de los municipios de Colombia.

Han pasado tres décadas de la firma de la aprobación de la nefasta y más grande fuente de las inequidades: la Ley 100. Frente a lo ofrecido por el POS contributivo, restringiendo gravemente el acceso a una plena atención en salud, la Ley 100 es un asunto catastrófico, así lo afirma el docente Luis Ángel Villar.

La salud pasó de ser un derecho a ser una mercancía, las EPS cobran por el servicio a los empleadores y a los trabajadores y trabajadoras, convirtiéndose en un jugoso negocio en detrimento de la calidad de vida de colombianos y colombianas; un puñado de propietarios están priorizando el ahorro y las ganancias de  sus empresas a costa de la salud y la vida de la mayoría de la población.

La “Ley 100 presentada al Congreso por su ponente Álvaro Uribe Vélez, y a pesar de que la salud de los colombianos exhibe un balance catastrófico; ha sido convertida en mercancía y bajo el pretexto de la cobertura universal se halla en manos de la especulación del capital financiero, siendo norma que el Estado haya abandonado la salud pública y sus propias instituciones”.

Ahora estamos bajo los decretos expedidos por el gobierno entre divagaciones y otros más (el famoso día sin IVA) etc., que van en total descoordinación con la protección y recomendaciones de la OMS y la responsabilidad social del gobierno ante la población, como el de acciones preventivas (Resolución 000380 de 10 de marzo de 2020, artículo 2, de responsabilidades, numeral 2.2.1), donde se establecen medidas de protección a los residentes, según jurisdicción, niños y niñas y adultos mayores.

Se recibió con gran preocupación desde la veeduría Nancy Ayala Caño, veeduría con enfoque de género para la implementación de los acuerdos, la falta de garantías para las mujeres vendedoras informales y mayores de 60 años que engrosan la inequitativa realidad de Colombia, un país que se debate en la corrupción de sus gobernantes. Este informe muestra la ineficacia en la atención por parte de las “EPS (MEDIMAS, CAPRECON, la liquidada SALUDCOOP)” que violan insistentemente los derechos fundamentales tipificados en la constitución  de 1991.

No obstante haber presentado la queja a Personería, a Defensoría del Pueblo y a la Red de veedurías, no se ha solucionado el problema con las EPS. Las denuncias ante las instancias de control son apenas un saludo a la bandera, porque las instituciones no pasan de decir: “vamos a hablar con las EPS, porque ellos están incumpliendo”. No se pasa a la intervención de los entes de control.

Es así como Marina, doña Eugenia, Gloria, mujeres vendedoras informales, cabeza de hogar, engrosan la lista de desigualdades persistentes, después de firmarse la paz y emanar mecanismos para retribución de derechos en el marco de un estado de derecho.

El informe que la veeduría nos presenta, más que una denuncia, nos obliga, como mujeres y población organizada, a exigir nuestros derechos como ciudadanas frente a los atropellos que hoy en día recibimos en la emergencia Covid 19 y las afectaciones a las cuales nos vemos expuestas: vulneraciones al derecho al trabajo, siendo la informalidad una forma de sustento propio y de sus familias y uno de vital importancia; el acceso a medicamentos para enfermedades crónicas o de alto riesgo tipificado en las resoluciones del gobierno.

Las mujeres se ven fuertemente afectadas por estas circunstancias de Ley 100, Covid 19, Ley de patrimonio cultural, el carriel y otros asuntos leguleyos, ya que no existe una aplicación política real, diferencial, con enfoque de género.

Vemos con preocupación la constante inacción del gobierno ante la vulneración de derechos fundamentales y reclamamos nuestro derecho a la libre protesta y a la atención prioritaria de nuestras abuelas y mujeres expuestas a estos vejámenes.