Fredy Escobar Moncada

Colombia no encuentra el camino de la reincorporación a la vida civil de excombatientes que participaron en el conflicto armado; esto ha sido un lamentable factor de la persistencia de la confrontación y del reciclaje de las guerras en nuestro país; no se ha logrado que quienes dejaron las armas ingresen a un sistema de Derechos con garantías de Bienestar y con niveles crecientes de autonomía sobre sus vidas. Aunque la Agencia de Reincorporación y Normalización simule bien y obtenga logros en la publicidad, los problemas se van agudizando.

En el caso particular de excombatientes firmantes del Acuerdo de La Habana es evidente el deterioro de la calidad de vida en los territorios donde se encuentran asentados como prueba del impacto demográfico de la Paz. Las instalaciones temporales paulatinamente se vienen convirtiendo en tugurios que presentan hacinamiento y otras dificultades que llegaron con el crecimiento, la reunificación familiar y la vida en comunidad. Todo previsible. A tres años 3 años del Diagnóstico y la Formulación de las rutas de solución, hoy la ARN tiene muy poco que mostrar.

La política pública de reincorporación tiene desarrollos en la Formulación y avances normativos como documentos CONPES, Resoluciones y Decretos. Sin embargo, aún no llega al momento del Presupuesto y la Ejecución. Esta política entró en el circulo vicioso del Diagnóstico y la Planeación, útil en los objetivos políticos de la política pública, pero perjudicial para la población sujeto de la política. Los beneficiarios quedan atrapados en el gerencialismo metodológico de la permanente asesoría y la eterna aplicación de instrumentos. 

Dicho esto, la política pública de reincorporación también debe evaluarse por sus objetivos no explícitos en la Formulación y desarrollos legislativos. Es preciso tener en cuenta en la Evaluación de estos instrumentos de gobierno que las políticas no escritas son comunes en el sector Defensa en especial aquellas dirigidas a la oposición antisistema. Desde esta perspectiva, al Estado se le presenta una gran contradicción entre cumplir el Acuerdo y resolver las necesidades de quien considera su enemigo; o no hacerlo, y continuar la guerra política y jurídica para buscar su derrota.

El sector Defensa tiene una gran incidencia en la reincorporación debido a su relación con la recuperación, estabilización y consolidación del control territorial. Esto explica que cuando evaluamos la política desde sus objetivos políticos encontramos una política de Estado donde las variaciones coyunturales de los gobiernos no alcanzan a desdibujarla. Dicho de otra manera, esta es una política de Estado que convive con los matices de las administraciones Santos y Duque.

El Acuerdo de La Habana incluyó la reincorporación colectiva como una respuesta a las necesidades de las comunidades que comenzarían a formarse. La política de reincorporación se convirtió en un campo de confrontación ideológica con respecto a los enfoques oficiales de intervención como el DDR –Desarme, Desmovilización y Reintegración. Enfoques que buscan individualizar, deshistorizar y despolitizar a los excombatientes y encausarlos por el empobrecimiento. La situación no está peor gracias a la iniciativa de los excombatientes que tratan de romper el asistencialismo y la dependencia de la política de reincorporación. La memoria de su lucha continúa.