Sábado 30 de mayo del 2020. Luego del anuncio de la presencia de tropas extranjeras pertenecientes al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica en el territorio nacional para realizar operaciones presuntamente en contra del narcotráfico, el senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) del Partido FARC, denunció los hechos ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Solicita apertura a una indagación preliminar al señor Ministro de la Defensa Nacional y se emita un concepto respecto a las posibles faltas del señor Presidente de la República, en relación con los hechos aquí mencionados, particularmente, la omisión del primer mandatario y su gobierno de solicitar autorización al Senado de la República para el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional.

Pide, se prevenga al gobierno nacional de continuar con los operativos militares anunciados hasta tanto no se efectúen los procedimientos legales y constitucionales establecidos por el ordenamiento jurídico para autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, competencia exclusiva del Senado de la República.

Argumenta que, la actitud del Gobierno es en abierto desconocimiento de lo contemplado por la Carta de 1991 en su artículo 173 numeral 47, con lo cual se atenta gravemente contra la Soberanía, el equilibrio de poderes públicos, la Supremacía de la Constitución y la vigencia de un orden democrático y social justo, con sujeción a la ley, la dignidad humana y el respeto por los Derechos Humanos.

Finalmente, solicita se instale de forma urgente e inmediata una mesa de seguimiento, acompañamiento territorial e institucional del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para: (i) proteger los derechos y garantías fundamentales de la población civil ubicada en las zonas en donde se pretenden realizar los operativos militares referidos; (ii) prevenir al gobierno nacional, en caso de persistencia del órgano ejecutivo de seguir avante con la intervención militar anunciada, de no ocasionar daños y afectaciones a las vidas, bienes e integridad personal y colectiva de las personas civiles, así como de los ecosistemas en los eventos en que se empleen armamento que suponga un daño irremediable a la vida humana y del ambiente; (iii) vigilar la conducta de los servidores públicos conforme a sus funciones legales y constitucionales.

Rechazo a la presencia de tropas de EEUU en Colombia