Luis Alberto Albán U. – Marco León Calarcá

Mayo 24 de 2020

La Paz con Legalidad del gobierno de Iván Duque, está tan distante del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, que ni le merece una mención en su presentación. La tal Paz con legalidad es una maniobra mezquina, su infame objetivo es negar el Acuerdo, simulando su cumplimiento.

Sin embargo, no logra derrotar la voluntad de paz de las mayorías, quienes viven un nuevo avance de la violencia borrando lo poco alcanzado. Tampoco rinde a miles de firmantes del acuerdo, ahora en proceso de reincorporación, ellos y ellas mantienen en alto su compromiso de paz.

Sumar esfuerzos, juntar voluntades y aunar fuerzas es el camino para construir la paz y lograr que se cumpla lo pactado.

Veamos los hechos más protuberantes de este desconocimiento del Gobierno Duque y su partido, sin pretender en este espacio agotar el análisis:

Reduce la reforma rural integral a su interpretación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDETs. Se quedan en los Planes de Acción para la Transformación Regional, PATR, uno de sus componentes y sin coordinación con planes nacionales que debían estar funcionando y no lo están.

Mientras el campesinado sin tierra o con muy poca, sigue sin posibilidades de fortalecer su economía, sin vías, sin centros de comercio, sin condiciones de vida digna, sin garantías de salud, educación, trabajo. Todo pactado en ese punto y pendiente de su cumplimiento.

La participación política no es darle vida al estatuto de oposición, vieja deuda del Estado colombiano con la constitución del 91. La reforma al sistema electoral no la cumplieron. Siguen escamoteando las 16 curules en la Cámara de Representantes para las regiones más golpeadas por el conflicto armado, para las víctimas. Hasta se atreve a desconocer el carácter de derecho inalienable y universal de la protesta social consagrado en el Acuerdo.

¿Y de lo pactado en el punto 3? ¿las garantías de seguridad y vida? Se responde con los 196 asesinatos y las advertencias para desalojar espacios territoriales, porque no hay garantías de seguridad. El Estado colombiano se confiesa incapaz de proteger la vida de los ciudadanos. ¿Y la reincorporación económica, política, social y cultural de quienes integraban la guerrilla fariana de acuerdo a sus intereses? ¿Encontraran respuesta en los proyectos productivos fantasiosos del Sr Archila?

La historia ha demostrado que la solución al problema de las drogas ilícitas no es erradicación forzosa, ni la fumigación,. Lla paz con legalidad desconoce los avances logrados con la sustitución voluntaria. Abandonó del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, que alcanzó a dar resultados positivos.

Las víctimas siguen esperando la verdad, piedra angular del sistema integral, compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. CEV; la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El gobierno y su partido, no conformes con esto siguen maniobrando para hacer trizas el Acuerdo, sin decirlo.

Bajo el falso dilema de Paz o salud proponen trasladar los menguados recursos asignados al cumplimento del Acuerdo a la pandemia.

Continúan los ataques a la CEV y a a JEP.

Y ahora, el colmo, la pérfida propuesta de Carlos Holmes Trujillo, flamante Mindefensa, revisar el Acuerdo de Paz, para evadir los debates y los justos cuestionamientos a su gestión y al errático proceder del gobierno.

¡No tienen vergüenza!