El mundo vive una situación supremamente compleja en cuanto a la pandemia ocasionada por el coronavirus, que provoca una enfermedad infecciosa, el COVID 19, a nivel mundial existen más de 5.273. 572 infectados, 2.149.407 recuperados y 341.722 muertes, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Los tres países más afectados en cuanto al número de muertes en el marco de esta pandemia son los Estados Unidos con 94.702 muertes, Reino Unido con 36.124 y España con 32.486. CNN (2020)

En Colombia el primer caso de COVID 19 se dio el 6 de marzo de 2020, después de 2 meses existen, según el ministerio de salud y protección social, 21.175 casos, con 727 muertes y 5.016 recuperados. Dentro de las medidas que han adoptado los gobiernos para prevenir la propagación del virus está el confinamiento, en Colombia se establece a partir del Decreto 531 del 8 de abril de 2020 “que ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena Nacional”. Esta medida ha vislumbrado de manera profunda la situación de inequidad en la que se encuentran millones de colombianos, la parálisis económica ha afectado de manera directa a las poblaciones desposeídas como obreros, comunidades campesinas, vendedores ambulantes, moto trabajadores, pequeños comerciantes y demás familias que sustentan sus vidas de actividades de la economía informal.

Foto: Red Alterna

En los espacios urbanos las familias que viven del día a día no tienen un sustento alimentario y las ayudas del gobierno no dan abasto para garantizar el derecho a la alimentación, esto ha hecho de que muchas personas tengan que salir a las calles nuevamente a ejercer la economía del rebusque, arriesgando sus vidas y la de sus familias al tener mayor probabilidad de ser contagiados.

En las zonas rurales el campesinado y sus procesos de producción familiar y comunitaria no hemos sido tenidos en cuenta como parte de la solución de la crisis alimentaria que viven millones de colombianos en las ciudades, debido a que las irrisorias medidas que ha tomado el gobierno en cuanto a el abastecimiento de alimentos se han hecho a partir de la contratación con grandes empresas comercializadoras de alimentos generalmente importados.

Frente a esta situación, consideramos que es importante entender la alimentación como un derecho humano y como parte de la dinámica social del desarrollo que se torna critica en tiempos del COVID 19.

Afianzamiento de la mal llamada seguridad alimentaria en tiempos de COVID 19

Con el trascurrir de la pandemia, el gobierno y su clase dominante a quien representa,  ha profundizado sus políticas neoliberales en lo referente a la llamada Seguridad Alimentaria, como orientación global de la Organización Mundial del Comercio, que busca fundamentalmente que corporaciones multinacionales controlen los procesos de producción, trasformación y distribución de los alimentos en el mundo, prueba de esto son las  palabras del ministro de agricultura Rodolfo Zea Navarro como parte del engranaje neoliberal y de las medidas que adoptaron para la emergencia del COVID 19  “vamos a mantener las importaciones de alimentos; vamos a mantener las importaciones de agroinsumos; vamos a mantener nuestros puertos abiertos para que reciban estos bienes;” .(Ministerio de Agricultura, 2020) En esa medida

Se podría pensar que el país ha venido incurriendo en una situación de dependencia del mercado externo de una parte considerable del suministro de alimentos básicos, debido al sesgo de la política hacia la producción de bienes agrícolas exportables en detrimento de la producción nacional de la alimentación básica de los colombianos.

López (2012) citato por Triana (2016)

Las importaciones de alimentos afianzan la crisis social y económica en la que vivimos millones de campesinos, al no tener capacidad de competir con los precios emanados del mercado internacional, “en 2010, las importaciones de productos agropecuarios ascendieron a nueve millones de toneladas por las cuales los colombianos debieron pagar poco más de 4000 millones de dólares. (Fajardo 2014).

Lo anterior es una contradicción, teniendo en cuenta que Colombia es un país con vocación eminentemente agrícola, según datos del censo agropecuario Colombia tiene 110 millones de hectáreas en el campo, de las cuales 42,3 millones están destinadas a actividades agropecuarias y de estas solo se cultivan 7,1 millones.

La agricultura capitalista ha establecido para el proceso de producción la utilización de agroquímicos altamente contaminantes, la utilización de semillas modificadas genéticamente y el monocultivo como principios orientadores de la revolución verde, repercutiendo de manera negativa en los sistemas medio ambientales y en la salud pública. 

Ahora bien, el decreto 523 del 7 de abril de 2020 «Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en relación con la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya», otra de las medidas de emergencia al COVID 19, que con la reducción en los aranceles acelera la libre importación de alimentos básicos, aspecto que desde la consolidación de la apertura economía en Colombia se ha constituido como una de las causas estructurales de la descampesinización del campo, y con ello facilita las proyecciones minero energéticas del gran capital en los territorios campesinos.

Sumado a lo anterior, según la Contraloría General de la República, los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia se están destinando en mayor porcentaje para grandes empresarios “de los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores”.

La Economía Campesina, Familiar y Comunitaria como solución a la crisis alimentaria.

El campesinado en Colombia produce más del 70% de los alimentos que consumen los hogares del país. La economía campesina, familiar y comunitaria se fundamenta precisamente en la producción diversificada, la conservación de las semillas nativas, la protección y defensa del medio ambiente, la agroecología como aspecto primordial, que, en síntesis, es la consecución de la soberanía alimentaria desde la producción y consumo de alimentos sanos, su carácter de familiar y comunitaria hace que genere empleo y promueva el desarrollo local. La Declaración sobre la Soberanía Alimentaria de los Pueblos manifiesta.

 La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser auto-suficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del ‘dumping’

La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables.

(Declaración sobre la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, por Vía Campesina y otros 2003)

Con base en estos planteamientos más 350 organizaciones entre campesinas, indígenas, afrodescendientes, pescadores artesanales y ciudadanos y ciudadanas, han emprendido una iniciativa denominada “La Convocatoria por el Derecho a la Alimentación” que tiene por objeto exigirle al gobierno nacional promover la economía campesina , familiar y comunitaria como solución a la crisis alimentaria en la que viven millones de colombianos en esta época del COVID 19, esto a partir de la implementación de la Reforma Rural Integral como producto del acuerdo de paz en especial el punto 1.3.4 , concerniente a establecer un “Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación: en desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre”. (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera)

La Economía Campesina Familiar y Comunitaria históricamente ha padecido limitaciones de acceso al crédito, asistencia técnica, comercialización y a una infraestructura productiva adecuada. Como factor estructural en Colombia los campesinos y campesinas no hemos sido reconocidos como sujetos de derechos y de especial protección, partimos de que en la constitución política de 1991 solo se menciona en una sola oportunidad al campesinado en el artículo 64, en esa medida existe un vacío constitucional que no ha permitido proyectar políticas públicas que atiendan nuestras necesidades, dicha constituyente le dio un especial e importante reconocimiento a las comunidades indígenas y afrodescendientes, desde el componente étnico, pero nos discrimina como campesinos teniendo en cuenta que no nos  recogemos dentro lo étnico, si no desde la concepción cultural debido a que  “La relación con la familia y la comunidad como nodos de la organización social y de trabajo campesino, se articulan a su vez con redes locales y regionales que constituyen culturalmente al campesinado” (ICAMH,2016).

Foto: Edgar Augusto Cordoba, ZRC, Municipio de Caloto

En la historia de Colombia ninguno de los censos poblacionales ha establecido la categoría campesina, y si no estamos presentes en los censos no somos objeto de política pública, la no ubicación, cuantificación y caracterización anula la existencia de un sistema de gestión y planificación del desarrollo que materialice nuestros derechos fundamentales. Según Héctor Mondragón “la sociedad colombiana ha tendido a relegar al campesinado, ocultar su importancia social y económica, así como su organización autónoma y sus derechos colectivos, lo que ha implicado impedir su presencia política y la vigencia de sus derechos en la escena nacional”. La concentración de la propiedad de la tierra a partir de la acumulación por desposesión, el desarraigo y la violencia política se suman como factores estructúrales que han puesto al campesinado en una situación difícil.

A pesar de las contradicciones sociales y económicas que existen en el espacio rural en Colombia las comunidades campesinas hemos construido y ordenado territorios, nos hemos arraigado a él en función de su defensa, lo que nos ha permitido persistir en tiempo y espacio, desarrollando procesos de organización comunitaria como punta de lanza para la exigencia de nuestros derechos históricamente negados. El fortalecimiento de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria es una reivindicación histórica del campesinado siendo este un aspecto integral que abarca temas de producción pecuaria y agroecología, distribución y soberanía alimentaria, como aspectos supremamente importantes en tiempos de COVID 19 y crisis alimentaria.

En conclusión, el sistema agroalimentario desde la concepción neoliberal ha demostrado ser un fracaso, la mercantilización de los alimentos desfigura la alimentación como derecho humano. El establecimiento ha utilizado el confinamiento para consolidar sus proyecciones económicas y afianzar el modelo neoliberal. Algunos gamonales regionales han hecho de la emergencia un fortín para la corrupción, la política de salvamento financiero de grandes empresas con dineros públicos, los contratos para la asistencia alimentaria con grandes empresas, desconociendo la producción campesina, son aspectos complejos que agudizan la crisis humanitaria

Como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común hemos exigido históricamente la necesidad de replantear el orden social y económico que se impone. En tiempos de emergencia por el COVID 19 estos planteamientos cogen más vigencia, en torno a la importancia de retornar a lo comunitario y la solidaridad como principios, de volcar la mirada al campesinado como protagonistas en la materialización del derecho a la alimentación de los colombianos, implementar la Reforma Rural Integral como un acuerdo histórico que va a permitir dignificar el campo, reducir la brecha entre el campo y la ciudad y garantizar el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria, el acceso a la tierra, salud, educación, vivienda, saneamiento básico y demás derechos vulnerados, que en síntesis en la consecución de la Paz con Justicia Social.

Referencias

Fajardo, D. (2014). Colombia: agricultura y capitalismo. En G. Almeyra (ed.), Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982‑2012) (pp. 65‑113). Buenos Aires: Ediciones Continente.

Gobierno Nacional de Colombia, FARC-EP y países garantes (24 de agosto de 2016). Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (URL consultado 28-ago-2016 URL consultado 6-sept-2019 Tamaño: 2387285 bytes, Hash SHA1: e4485718ec24389540b1bba0ee7e9ccbf657a5bc) Acuerdo Final. La Habana, Cuba.

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López, D. (2012). Disponibilidad de alimentos básicos en Colombia 2000‑2010: ¿producción nacional o importaciones? (tesis de maestría). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia en Mejía María (2016). La seguridad alimentaria en Colombia: cambios y vulnerabilidades; coordinación editorial Héctor Sanabria Rivera. — Bogotá: Ediciones Universidad Central.

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Ordoñez Fredy (2016) Constitución política y campesinado. A propósito de los 25 años de la Carta del 91 en Héctor Mondragón (2002) La Economía Rural y la Guerra. Recuperado dehttps://www.alainet.org/es/articulo/179100

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Procuraduría General de la Nación, Memorando No. 005 del 27 de marzo de 2020 . Recuperado en https://imgcdn.larepublica.co/cms/2020/04/08111500/MEMORANDO-No.-005-ABASTECIMIENTO-ALIMENTARIO-Y-PROTECCIO%CC%81N-DE-LA-ECONOMIA-FAMILIAR-CAMPESINA-Y-COMUNITARIA-EMERGENCIA-ECONOMICA.pdf.pdf4

Vía Campesina y otros (2003) Declaración sobre la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Recuperado en https://viacampesina.org/es/posicion-sobre-soberania-alimentaria-de-los-pueblos/

Departamento Nacional de Estadística. Censo Nacional Agropecuario 2018

Edgar Augusto Córdoba Muñoz

24 de mayo de 2020