Escrito por  Gabriel Angel

El derecho a la verdad que reclaman las víctimas, es a eso, a la verdad de lo ocurrido en la confrontación, a que se desentrañe la verdadera naturaleza de esta.


Por Gabriel Ángel

Pese a las presentaciones públicas que de las conversaciones de paz hacen los defensores del orden de cosas, es evidente que se busca el camino del diálogo civilizado porque la vía militar no ha sido efectiva para poner fin a la rebelión. Ensayar otro camino necesariamente implica apostar efectivamente a él. No se va a poner en movimiento semejante engranaje nacional e internacional si no se tiene confianza en la posibilidad de su éxito. Lo más consecuente entonces es que se confiera al adversario carácter de interlocutor legítimo y que se le respete esa condición. 

Creer que se va a la Mesa para imponer, o que el contrario acude a ella dispuesto al sometimiento, son errores garrafales que nada tienen que ver con el propósito de hallar una fórmula de acuerdo definitivo. Creemos que una de las grandes dificultades atravesadas a lo largo de este proceso es precisamente esa, que desde el gobierno nacional suelen plantearse las cosas en términos de aplastamiento del interlocutor, como si este careciera de la posibilidad de plantear alternativas distintas, como si efectivamente no tuviera otra opción que aceptar una capitulación.

Pueden llamarnos arrogantes, pero eso no resta un ápice de verdad al hecho incontrovertible de que durante cincuentaiún años continuos las FARC hemos resistido, sin doblegarnos, todas las violencias y persecuciones imaginables por parte del Estado colombiano y sus aliados internacionales. Eso debiera ser suficiente para comprender que no vamos a la Mesa con el propósito de rendirnos. Ni tampoco para concluir que nuestro propósito en ella es vencer al Establecimiento con discursos. La ecuanimidad y la sensatez imponen encontrar una fórmula de entendimiento que resulte satisfactoria para ambas partes.

Es por ello que carece de objetividad la  presentación que del tema de las víctimas y sus derechos a verdad, justicia, reparación y no repetición se viene promoviendo desde el Estado. El mensaje oficial, desde el Presidente hacia abajo, pasando por la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría Pública y demás entidades estatales, equipara el proceso de paz a un proceso penal contra la insurgencia de las FARC-EP, como si el fin de la Mesa no fuera otro que el del juzgamiento de los alzados, su sometimiento a la justicia, su humillación y escarnio. Nada más equivocado y mal intencionado que la promoción de esa imagen.

Las FARC-EP estamos sentados a la Mesa de Conversaciones en igualdad de condiciones a nuestros adversarios. Y no por necia pretensión nuestra, sino porque hemos ganado esa posición tras medio siglo de combates con el Estado, sin haber sido vencidos. Se trata de un reconocimiento alcanzado incluso a escala internacional. Hay países garantes y acompañantes de los diálogos, hay enviados especiales por parte de potencias extranjeras. Nuestra delegación goza del respeto y la consideración de innumerables personajes mundiales, para no mencionar el de los delegados del gobierno nacional, generales de la República, diversos funcionarios y asesores. La existencia misma de la Mesa es producto de un Acuerdo General aprobado por las más altas instancias del gobierno colombiano y las FARC. Así que resulta fuera de lugar cualquier pretensión de poner a la insurgencia en una posición subordinada. 

Es más, aquellos sectores que insisten en la tesis de que gobierno e insurgencia no pueden equiparse nunca, en que no puede ponerse en el mismo plano a las fuerzas armadas oficiales y la guerrilla, harían bien en recordar que los agentes estatales que obran por fuera de la Constitución y la ley, representan mucho más peligro para la sociedad que la insurgencia, que se declara por principio por fuera de cualquier código que no sea el suyo. 

El Estado se mina, se deslegitima con las actuaciones ilegales de sus agentes, que tienen el deber fundamental de respetar la Constitución y las leyes. Los agentes estatales jamás podrán reclamar amnistías e indultos por cuanto violaron la razón de ser del Estado y su régimen político. En ese sentido podría decirse que no son equiparables los agentes del Estado y los rebeldes, porque la situación de los primeros es mucho más comprometida que la de los segundos.

El derecho a la verdad que reclaman las víctimas, es a eso, a la verdad de lo ocurrido en la confrontación, a que se desentrañen la verdadera naturaleza de esta, los intereses en juego, las responsabilidades finales. A que salga a flote toda la podredumbre disimulada durante años. Los colombianos tienen todo el derecho a saber qué originó esta confrontación, por qué razón fueron victimizados, quiénes fueron los reales beneficiarios de esta guerra, cuáles han sido los verdaderos crímenes y criminales, qué personajes emitieron las órdenes, cuáles fueron los determinadores, quiénes tienen las máximas responsabilidades. 

El gobierno colombiano abriga la esperanza de arrinconar la insurgencia. Hay en juego toda una estrategia política y mediática encaminada a presentarnos como los únicos responsables del conflicto colombiano, como los victimarios por excelencia, como los autores de los peores crímenes. La Fiscalía General de la Nación trabaja en un extenso prontuario que compite en imputaciones con el trabajo que en el  mismo sentido adelanta el Procurador. La gran prensa se alista a publicar los extensos tirajes con los que se nos piensa ubicar en la picota pública. 

Todos ellos coinciden en que el proceso de paz tiene por objeto final la condena judicial y política contra las guerrillas. En eso se engañan. Lo que terminará por salir a flote, con la participación de las víctimas y el testimonio honesto de miles de colombianos, es el terrorismo de Estado practicado en nuestro país desde hace muchas décadas, la sistemática política de los crímenes de Estado, la perversidad innombrable de quienes desde las alturas del poder y la empresa privada se encargaron de ensangrentar el país durante largas décadas. 

Develada la verdad, habrá que poner en práctica un mecanismo de justicia que garantice el fin de la confrontación y una paz estable y duradera. Como se ve, la cuestión no está como para poner plazos fatales, sino para tejer con suma paciencia y responsabilidad una justa fórmula final.

Montañas de Colombia, 1 de agosto de 2015.