Con ocasión de la investigación publicada por la  Revista Semana, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común expresa su solidaridad con periodistas nacionales e internacionales, investigadores sociales, personalidades políticas y ciudadanos en general que han sido blanco de seguimientos y hostigamientos por parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia militar colombiano, que constitucionalmente atiende órdenes del presidente Iván Duque.

La investigación en mención revela información preocupante acerca de la forma en que algunas unidades de Inteligencia y Contrainteligencia militar, al parecer con conocimiento de altos mandos militares, vendrían realizando perfilamientos  de periodistas colombianos y estadounidenses, líderes sociales, dirigentes de partidos de oposición y ciudadanos, con el objetivo de adelantar campañas de desprestigio e intimidación, utilizando para ello recursos del erario y dineros de cooperación otorgados por agencias de inteligencia extranjeras.

Llama poderosamente la atención que mientras los líderes sociales y exguerrilleros se encuentran en total desprotección, los organismos de inteligencia militar se ocupen de indagar como “blanco legítimo” a periodistas nacionales y extranjeros, opositores políticos, investigadores, e incluso ciudadanos del común con los que éstos interactúan socialmente.

Este nuevo escándalo nos obliga a insistir en la urgencia de un debate nacional sobre la doctrina militar y de seguridad del Estado, que supere la idea del enemigo interno reemplazándola, tal como reza en el Acuerdo Final de Paz: “…por una concepción moderna, cualitativamente nueva, de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos…”

Estamos convencidos que existe al interior de las Fuerzas Armadas inmensas reservas morales y éticas, representadas por miles de hombres y mujeres que no comulgan con estos prodecimientos ilegales y antidemocráticos; por eso, los invitamos a denunciar a los responsables ante las autoridades correspondientes.

El Gobierno Nacional está en la obligación de aclarar lo sucedido, incluyendo responsabilidades políticas; a la justicia le corresponde dar con los responsables y llevarlos ante los tribunales; los entes de control deben garantizar la transparencia en las investigaciones, que no pueden quedarse en el marco de indagaciones internas de tipo disciplinario.

Reiteramos la exigencia al Estado colombiano de cumplir el Acuerdo Final de Paz, procediendo con acciones conducentes al desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo responsables del exterminio de militantes de nuestro partido y liderazgos sociales en todo el territorio nacional. Los servicios de inteligencia del Estado deben ocuparse de los verdaderos enemigos de la sociedad y la democracia, no de revictimizar, perseguir, hostigar y desprestigiar a periodistas, opositores y ciudadanos honestos que ejercen roles de liderazgo.

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL,

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN-FARC

Bogotá DC, Mayo 2 de 2020.