La Consejería para la Estabilización y la Consolidación acaba de publicar su informe de gestión correspondiente a los 19 primeros meses de gobierno del Presidente Duque, con corte a febrero 29 del año en curso. En nuestra condición de parte contratante del Acuerdo de paz y de partido político sucesor de las FARC-EP, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1.- La política de “Paz con Legalidad” del actual gobierno no puede en absoluto aceptarse como la política de implementación del Acuerdo de paz. En diversos documentos hemos demostrado con rigurosidad que ante la imposibilidad política y jurídica de “hacer trizas” el Acuerdo de paz, el Gobierno actual optó por una estrategia de simulación de la implementación, con la que se le pretende hacer creer al país y a la comunidad internacional su presunto compromiso con lo acordado, cuando en realidad pareciera encauzarse más bien por el camino de la consumación de la perfidia.

2.- El informe citado no es la excepción; es repetitivo de la retórica que le ha presidido a los anteriores informes; abunda en la presentación de hechos y cifras descontextualizadas, que proyectan la idea equivocada de un proceso que en realidad se encuentra en un estado crítico y requiere ser reorientado hacia los propósitos reformistas y transformadores contenidos en el Acuerdo de paz. Muchas de las medidas y acciones que se muestran como ejecutorias del compromiso gubernamental con lo pactado, en sentido estricto corresponden a obligaciones constitucionales y legales consuetudinarias del Estado, no derivadas del Acuerdo de paz.

3.- No podemos aceptar que desde los párrafos introductorios del señalado informe, tal y como se ha venido haciendo en todos los reportes mensuales, se insista en valoraciones que no tienen otro propósito que hacer política de derecha con el Acuerdo de paz, así entendamos a qué tipo de gobierno nos enfrentamos. No es al gobierno de Duque a quien le corresponde dictaminar sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad o de graves crímenes de guerra por parte de quienes estuvimos alzados en armas; tampoco emitir juicios sobre el ejercicio de los derechos políticos de quienes hoy ejercen la función parlamentaria; o sobre el inventario de bienes que entregamos a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Exhortamos al Gobierno a la sindéresis, a ajustarse a las “reglas de juego” pactadas por las partes, a respetar la independencia judicial, a no hacerle daño con argumentos torcidos al proceso de construcción de la paz con el que estamos comprometidos.

4.- No podemos estar en absoluto satisfechos con la situación actual del proceso. Es inaceptable que a más de 40 meses de firmado el Acuerdo, aún se encuentren en la cárcel cerca de 200 prisioneros de guerra, y que ni siquiera haya consideraciones humanitarias para su inmediata excarcelación; que sea evidente la incapacidad del Gobierno para garantizarnos la vida, como se expresa en el exterminio sistemático al que estamos sometidos, que ha cegado la vida de 195 exintegrantes de las FARC-EP; que los territorios que dejamos junto con nuestra dejación de armas, sean los más azotados por la violencia política, pese a su militarización extrema; que se esté frente al desmonte de facto de la política de sustitución voluntaria de cultivos de usos ilícito; que la reforma rural integral, pretenda ser reducida a una versión de los PDET gubernamentales, que no son para nada los PDET del Acuerdo; que importantísimas reformas para la participación política y la apertura democrática se hayan llevado al congelador, como ocurrió con la reforma política y las 16 circunscripciones especiales territoriales de paz; que se haga demagogia con las víctimas, cuando se torpedea el trabajo del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición, y que se estimule la “contabilidad creativa” y mañosa con el presupuesto para la paz.

5- Tampoco podemos estar en absoluto satisfechos con el estado de la reincorporación integral. Por mucha cifra con sesgo que se presente sobre presuntos magníficos avances, el Gobierno está muy lejos de estar trabajando juiciosamente por la normalización sostenible de la vida y la economía de quienes estuvimos alzados en armas.

6.- De nuestra parte reafirmamos nuestro compromiso con la implementación del Acuerdo de paz; con las obligaciones que asumimos y que hemos venido cumpliendo una a una. Se equivoca el Gobierno al pretender construir una matriz de opinión sobre nuestros presuntos incumplimientos. Reiteramos que concentraremos lo mejor de nuestras fuerzas para que el Acuerdo de paz, que entre tanto es un patrimonio de la sociedad colombiana, sea implementado en los términos que fueron convenidos. Aprovechamos para agradecer a los amplios sectores de nuestro país y de la comunidad internacional que nos han acompañado en la difícil tarea de persistir en el noble propósito de la construcción de la paz estable y duradera. Alertamos igualmente a la Misión de Verificación de la ONU sobre los problemáticos alcances del señalado informe de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación. 

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN-FARC                                                 

Bogotá DC, 21 de abril 2020