El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC expresa su solidaridad con la población privada de la libertad y las prisioneras y prisioneros políticos en este difícil contexto de pandemia del COVID 19.

Al mismo tiempo rechazamos el reciente pronunciamiento del Fiscal General Francisco Barbosa, que  estigmatiza las legítimas jornadas de protesta pacífica de la población privada de la libertad, con el falaz argumento de que encarnan un orquestado plan de fugas coordinado desde el exterior por el  ELN y las mal llamadas disidencias de las FARC-EP

Resulta evidente que Fiscalía, Ministerio de Justicia e INPEC pretenden tapar con cortinas de humo sus graves responsabilidades en la crisis actual. Comenzando por la masacre  de  23 reclusos y las heridas a un centenar más en la Cárcel Modelo de Bogotá el pasado 21 de marzo, imputable de modo exclusivo al Estado colombiano. Detrás de esa matanza se ocultan los graves problemas estructurales del sistema penitenciario colombiano, cuyas consecuencias padece hoy la población carcelaria por cuenta del COVID19.

Como en los peores tiempos de la denominada seguridad democrática, el Fiscal Barbosa busca dar cuerpo a su propia cacería de brujas contra los prisioneros y prisioneras políticos, sus familiares y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos empeñadas en dignificar las condiciones que soporta la población carcelaria.

El país y la comunidad internacional son testigos de la gravísima situación de las cárceles, penales, centros de detención transitorios y centros de  detención de menores y adolescentes transgresores, profundizada hoy por la pandemia. La solución más inmediata consiste en la adopción de urgentes medidas humanitarias, muy al contrario de la estrategia de represión, violencia y persecución impulsada por el actual gobierno.

De acuerdo con sus distintas competencias legales exigimos al gobierno colombiano, a las autoridades del sistema penitenciario y carcelario, a la Jurisdicción Especial para Paz y a los entes de control:

  1. Expedir sin más dilaciones el Decreto reglamentario de la Emergencia Carcelaria que permita las urgentes liberaciones de carácter humanitario, en cualquiera de sus modalidades, a fin de impedir de manera efectiva la extensión del contagio del coronavirus que es ya una realidad en la población carcelaria.  Ningún plan de contingencia puede resultar efectivo si el hacinamiento actual se mantiene.
  2. Atender las justas peticiones y propuestas de la población privada de la libertad con relación al actual hacinamiento, la necesaria implementación de un estricto protocolo de salubridad, tanto para la población privada de la libertad como para el personal de custodia y administrativo que ingresa a las cárceles, la atención médica permanente, la dotación continuada de los elementos básicos para prevenir la pandemia, así como la interlocución continua con los internos e internas a través del establecimiento de las Mesas de Trabajo Carcelarias.
  3. Resolver cuanto antes la situación de los prisioneros y prisioneras que pertenecieron a las FARC-EP como firmantes del Acuerdo de La Habana.  Demandamos su inmediato traslado al Espacio Territorial de Paz Simón Trinidad, en el municipio de Mesetas, Meta, para que cumplan allí las libertades condicionadas a las que tienen derecho en atención a la Ley de Amnistía e Indulto.
  4. Repatriar por razones humanitarias a Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, también firmante del Acuerdo de Paz de La Habana, particularmente en el momento en que las autoridades estadounidenses practican liberaciones de personas privadas de la libertad en razón de la pandemia.

Convocamos a la comunidad nacional e Internacional, a vincularse a una gran Campaña de Solidaridad con las prisioneras y prisioneros políticos colombianos y la población privada de la libertad en general, que permita rodearles con acciones humanitarias, legales y de denuncia en estos momentos de riesgo contra sus vidas. Se trata de seres humanos privados de la libertad, no sujetos de desecho social condenados a la enfermedad y la muerte.

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN-FARC

Bogotá DC. Abril  14 de 2020.