Los problemas derivados de la pandemia del coronavirus han mostrado que amplios sectores de la población sufren de hambre y desnutrición, que carecen de ingreso o que éste es exiguo, que su situación es de desocupación permanente, o de trabajo en la informalidad, y que viven en condiciones de precariedad y pobreza; se trata, en particular, de mujeres cabeza de hogar, de personas en condiciones de discapacidad, de hombres y mujeres adultos mayores, de niños, niñas y adolescentes que deambulan por las calles y caminos sin ningún sustento. Estas condiciones son propias del sistema capitalista vigente, pero se han develado ostensiblemente a causa del fenómeno sanitario que nos afecta.

Las respuestas del Gobierno nacional, más allá de decretar el aislamiento, son tímidas y tienden a privilegiar los negocios y a descargar el peso de la situación en los hogares de las gentes del común bajo la lógica de “sálvese quien pueda”, o a través de pírricos apoyos, así en su retórica se afirme lo contrario. 

Es por ello que, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ambiental, urge la declaratoria de un PLAN DE CHOQUE SOCIAL por los siguientes cien días, contentivo de medidas urgentes y audaces dentro de la cuales se pueden mencionar: 

1.   El fortalecimiento extraordinario de la infraestructura y dotación hospitalaria, incluida la provisión gratuita de medicinas, bajo un enfoque de regionalización, que permita enfrentar la pandemia y, más allá de ella, la vulnerabilidad sanitaria de la población en múltiples dimensiones.

2.   La protección del empleo y del ingreso de quienes tienen trabajo, mediante el subsidio a las nóminas, asumido por el Estado, especialmente de pequeñas y medianas empresas, y el establecimiento de garantías de estabilidad laboral, eliminando todas las formas jurídicas que puedan autorizar la suspensión o terminación de las relaciones laborales.

3.   La garantía de un ingreso básico, en la forma de subsidio al desempleo para los desempleados y las desempleadas, de ingreso garantizado para los trabajadores y las trabajadoras informales, la población en discapacidad, las mujeres cabeza de hogar, las mujeres y hombres adultos mayores, y las mujeres y hombres que se dedican a las labores de cuidado en los hogares; en todos los casos calculado como un monto igual situado en un nivel que supere al menos la pobreza monetaria.

4.   La gratuidad de todos los servicios públicos, incluidos el acceso a internet, por tres meses.

5.   La moratoria de los créditos hipotecarios, de consumo y educativos por tres meses y la reprogramación de sus pagos mediante la redefinición de los plazos y las cuotas.

6.   El subsidio de los pagos de pensión y matrícula en los centros educativos privados de educación básica, media y superior.

7.   La intervención del mercado financiero para regular las tasas de interés en niveles que no superen en más 6 puntos anuales la tasa de inflación.

8.   La regulación de los precios de los alimentos en casos de especulación; los estímulos extraordinarios a la producción y comercialización, incluido el transporte, de la producción campesina de alimentos; la habilitación de un sistema de compras del Estado y la creación de bancos de alimentos.

9.   El aplazamiento del pago de todo tipo impuestos.

Estas medidas urgentes deben llevar a pensar en una redefinición estructural de mediano y largo plazo de la orientación del modelo económico, del sistema de protección social y, sobre todo, a la consideración de una universalización progresiva de un ingreso mínimo vital y móvil, en especie y monetario, con posterioridad al plan de choque.

Todas estas medidas demandarán una expansión inusual y extraordinaria del gasto público, que rompa necesariamente con la sostenibilidad fiscal y la regla fiscal, y posibilite mecanismos de compensación desde el nivel nacional para los departamentos y municipios caracterizados por la debilidad de sus presupuestos. Sólo de esta manera puede ponerse en marcha otro tipo de política macroeconómica, cuyo norte principal sea la solución definitiva de los problemas sociales que aquejan a la población. La organización productiva no puede tener como finalidad exclusiva la generación de ganancias, sino la eliminación de las condiciones de injusticia e inequidad. La política fiscal y monetaria, moviéndose en el marco del orden constitucional vigente, ofrece numerosas posibilidades para ello, que hoy poseen plena vigencia y deben ser consideradas.

Todas estas medidas exigen la concurrencia del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales y municipales, así como el compromiso del sector financiero y de los grandes empresarios, más allá de los gestos y acciones meramente caritativas. Las necesidades existenciales de la mayoría de la población no se solucionan con dádivas, sino con políticas sociales estructurales. Además de superar la pandemia, si se trata de salvar la economía, debe considerarse que ese propósito es imposible si no se salva la clase trabajadora. 

Hoy como nunca se demuestra que el orden existente depende del trabajo de las grandes mayorías, cualquiera que sea su condición y sus formas de ingreso.

CONSEJO POLÍTICO NACIONAL 

FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN-FARC

Bogotá, 25 marzo de 2020