Rubín Morro

Hace 56 años en medio del fragor de la guerra en Marquetalia, realizamos la asamblea general de guerrilleros y denunciamos ante el mundo aquella agresión militar bajo el gobierno de Guillermo León Valencia y apoyados por los EE.UU y advertimos de esta aventura iniciada por el Estado Colombiano. Pero los señores de la guerra de entonces dijeron que el comunismo internacional se había tomado esta zona agraria y que el gobierno  debería recuperarla para la institucionalidad. Y, como siempre los militares le mintieron al presidente, garantizando que estas operaciones militares acabarían con la resistencia campesina en  solo en tres semanas. “No nos pararon bolas”. Nosotros no quisimos esta guerra. No la elegimos.  Nos la impusieron a bombas y metralla. Solo nos dejaron la vía armada para defender nuestras vidas  y vuestras familias.

Luego de  5 décadas de confrontación militar  en el marco del conflicto social y armado y de  un largo camino buscando la paz, firmamos con el Estado colombiano el Acuerdo de Paz de La Habana, que recoge en su esencia la solución a  los problemas más sentidos de la población y nuestra reincorporación integral a la vida civil. Han pasado 39 meses desde la firma del acuerdo final y pareciese que el gran poder no ha digerido este importante evento político, la más importante obra  de vida en los últimos 70 años. Aún el puñal del odio brilla y el estigma se ensaña  contra quienes fuimos sus signatarios, las causas reales de esta catástrofe humana contra la vida y la verdad,  produjeron unos hechos tangibles derivados de la prepotencia gubernamental, pero que a la vez no nos libera de responsabilidades para con las víctimas del conflicto.

El Acuerdo de paz, diseñó  y estructuró el Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado (UBPD) y la  Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta justicia transicional se ocupa de investigar a todos los actores de la guerra y sancionar si fuese el caso con sanciones  restaurativas, reparadoras y prospectivas, sin restricciones de la libertad, como está en AFP. Que lleve en su esencia la convivencia, la reconciliación de quienes causamos  daño y las víctimas como fundamento de este proceso de justicia para la paz, que se garantice la No repetición.

Hemos comparecido ante la Jurisdicción  Especial para la Paz cientos de hombres y mujeres de las extintas FARC-EP, así mismo ante la Comisión de la Verdad, aportando nuestras verdades y hemos aportado información en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y ahora la discusión salta aludiendo que tales comparecencias no aportan verdad, son deshumanizadas, no inspiran perdón, no satisfacen a las víctimas,  ni arrepentimiento por el dolor causado a la población. La construcción dialógica de lo acontecido en la guerra nos ubica con unos deberes y unos derechos que  tenemos quienes transitamos por este laberíntico proceso de paz y que estamos  también en el marco de la constitución política, que debe proveernos “garantías Jurídicas”, “debido proceso”, ecuanimidad y prospección jurídica, como está en el Acuerdo de Paz.

Los azotes de los enemigos de la paz  contra la JEP y sus decisiones hunden todo el acelerador en contra de la justicia transicional. Piden acabarla ya. El gran temor de los señores de la guerra es que llegue, como les llegará, esta justicia a sus entrañas criminales. Colombia ha cambiado para bien en la construcción  de su futuro. Somos otra Colombia luchando por la vida y la paz.

Somos  conscientes que los farianos tenemos una deuda con las víctimas de la guerra y hoy es evidente nuestro dolor por lo que pasó, por lo que jamás debió ocurrir. Así lo hemos dicho ante el mundo y ante el pueblo.  Y es por eso que firmamos la paz, y vamos aportando 189 ex guerrilleros asesinados. Acataremos las decisiones de esta Jurisdicción Especial para la Paz, deben seguir escuchándonos, adentrándose en esta compleja realidad colombiana, en las circunstancias y las temporalidades del conflicto social y armado y a la luz de esta nueva juridicidad restaurativa y prospectiva tomar sus sabias decisiones.

No queremos sentirnos ante un tribunal adversarial, donde nuestra seguridad jurídica esté amenazada, sino que estemos rodeados y plenos del debido proceso, justo y considerando para quienes y confiando en la  palabra empeñada dejamos la armas y renunciamos a la guerra como opción  política. Finalmente, quiero reiterar que les responderemos a las víctimas por los errores cometidos, tal como está firmado en los Acuerdos de Paz. #QueaLaPazNoNosCuesteLaVida. Sigue el activo Excel de muerte, vamos rumbo a los 200 muertos de quienes firmamos la paz y más de 1.000 líderes sociales asesinados. #NoAsesinenLapaz.