La erradicación forzosa de cultivos declarados de uso ilícito que llevan a cabo en Putumayo es inconstitucional.

Bogotá 30 de octubre del 2019. El senador del Partido FARC, Julián Gallo Cubillos, también conocido como Carlos Antonio Lozada, decidió interponer un incidente de desacato en contra de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, por la vulneración de los derechos de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes en el departamento de Putumayo, así como los ecosistemas que se ven afectados por cuenta de la reanudación de programas y operativos de erradicación de cultivos declarados de uso ilícito, en donde la Fuerza Pública realiza acciones hostiles en contra de sus pobladores.

Esta situación ha desencadenado en concentraciones pacíficas de las comunidades, que al realizar un cerco humanitario a los cultivos de coca, fueron agredidos con vehemencia por la Fuerza Pública, ataque en el que según los pobladores, se utilizaron armas letales, disparos de fusil y de gases lacrimógenos recalzados. En estas acciones han resultado más de 30 campesinos heridos de gravedad y uno asesinado.

El senador motivó su decisión en el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T-236 de 2017, en la que se define el derecho a la consulta previa a las comunidades sobre los programas de aspersión de cultivos a realizarse en su territorio; y en la violación al Auto 386 del 18 de julio de 2019, en donde se señalan los requisitos previos para la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG).

También explica que se instaura el incidente de desacato “en razón de solicitudes verbales que he recibido de pequeños agricultores y agricultoras vinculados a los cultivos de uso ilícito en esta región del país”, que han manifestado que no se tuvieron en cuenta los mínimos estándares de protección de la salud humana y ecosistémica, ni la participación de las comunidades afectadas, ni de las autoridades comprometidas.

Lo que se busca además, es dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo de Paz, en materia de solución integral a las drogas, y en el Decreto 986 de 2016, sobre la implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, cuyo eje principal, a diferencia del operativo anunciado con base en la erradicación, que es forzada y protagonizada por la Fuerza Pública; es la sustitución voluntaria, sin emplear glifosato y caracterizada por la participación de las comunidades en proceso de sustitución.