Señor Presidente Iván Duque Márquez:

Termina una semana cargada de acontecimientos significativos, que dicen mucho del rumbo del país y el futuro que se le avecina.

En mi parecer, la muerte violenta de que fue víctima nuestro camarada César Darío Herrera Gómez, en inmediaciones del Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación de Santa Lucía, zona rural de Ituango, en Antioquia, pone de manifiesto el carácter intolerable de la persecución que venimos padeciendo los firmantes del Acuerdo Final de Paz.

Un muchacho muy joven, sano, preocupado por su futuro económico, dedicado a sacar adelante su propio proyecto productivo, terminó baleado por las mismas manos criminales que asesinaron ya una docena de exguerrilleros en esa localidad.

Diversos hechos relacionados con su asesinato obligan a meditar profundamente en lo que ocurre, no sólo en Ituango o Antioquia, donde suman ya 25 los reincorporados víctimas de homicidios a mansalva, sino en gran parte del territorio nacional. Mencionaré algunos.

La región donde cae nuestra gente, tal y como lo confirman diversas fuentes, se encuentra altamente militarizada. El Ejército sostiene controles permanentes.

Fui informado de que César Darío no murió en la escena de los hechos, sino que vino a fallecer cuando su cuerpo fue llevado a Ituango por sus compañeros del ETCR. Las autoridades, que se presentaron en el lugar a los pocos minutos de los disparos, por alguna razón que ignoro, no dispusieron de su traslado a algún centro médico donde pudiera recibir asistencia.

Es más, también me dicen que en el ETCR de Santa Lucía, en cuanto los reincorporados se enteraron del atentado y se disponían a salir al lugar para ver qué se podía hacer por su camarada, fueron aconsejados por las autoridades para que no lo hicieran, ante la inminencia del riesgo que podían correr. Su seguridad no podía ser garantizada.

Pastor Alape, nuestro responsable por el partido en el Consejo Nacional de Reincorporación, también quiso desplazarse a Santa Lucía en cuanto conoció de los hechos. Informaciones de prensa indican que las autoridades le pusieron de presente que correría peligro.

Todo eso deja un sabor amargo. Al parecer las autoridades tienen claridad en el sentido de que existe en esa zona un poder capaz de golpear por encima de todas las medidas de seguridad. Y lo que es peor, de hacerlo en la impunidad absoluta. Muy grave para su gobierno.

Hoy, los exguerrilleros no encuentran otra solución, que abandonar el ETCR y buscar otro lugar donde asentarse para continuar su proceso de reincorporación. Son desplazados forzados. Dejaron sus armas, son campesinos común y corrientes, simplemente corren la misma suerte de sus pares del Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo o el Catatumbo.

Con razón afirma la prensa internacional que el nuestro es el país con más desplazados en el mundo. También se afirmó recientemente que tenía el primer lugar en corrupción. Y que este año, por cada día transcurrido había sido asesinado un líder social.

Claro, la Fiscalía salió pronto a desmentirlo con el triste argumento de que los asesinados, salvo uno, no eran líderes sociales. Con eso le basta a las autoridades, aunque eso no cambia que exista una refinada máquina criminal operando en todo el país y triturando colombianos.

Igual que pasa con los firmantes de la paz. Casi que les gritan que no tienen derecho a quejarse, que los están matando son las disidencias, sus antiguos compañeros. Como si en nuestra Constitución y leyes se contemplara que hay unos que pueden asesinar sin que las víctimas se quejen, y sin que el Estado proceda contra ellos.

En los Acuerdos de La Habana el Estado colombiano se comprometió a rodear de numerosas garantías a los reincorporados. Y a los líderes sociales y dirigentes de la oposición. A todo el que ejerza la política. Es absolutamente claro que nada de eso se está cumpliendo.

Y las razones para ello nos la suministró la señora ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Para su gobierno, según su dicho, el Acuerdo de Paz es una carga. Un asunto que dividió al país, que lo polarizó al extremo. Una cuestión semifallida como consecuencia de que los exguerrilleros no cumplimos. Los rearmados de FARC son los únicos responsables de todos los males del país.

Cualquiera comprende su intención. Librémonos del fardo y volvamos a la guerra total, que esa sí tenía unidos a los colombianos y colombianas. Esa sí que no polarizaba. Para ciertos sectores del país siempre hará falta un enemigo. Y si no existe, lo inventan. Ahora la señora será su Alta Consejera para los Derechos Humanos. Como para salir corriendo.

Tenemos más claro ahora que la retórica internacional sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz, no hace más que disimular lo que aquí en cambio se desconoce.

Si comparamos desprevenidamente los contenidos de su política de paz con legalidad, con el texto de los Acuerdos de La Habana, el texto del Plan Marco de Implementación aprobado antes de su llegada al gobierno, y los actos legislativos 01 de 2016 y 02 de 2017, además del documento CONPES 3932 de 2017 que fijaron las pautas para la implementación, resulta muy fácil corroborar que su gobierno se empeñó en desnaturalizar los Acuerdos y evadir su cumplimiento.

¿Qué hay de la Reforma Rural Integral? ¿Qué pasó con la democratización del país pactada en el punto de Participación política? ¿Con el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito? El país conoce de sobra cuánto hicieron por despedazar la JEP. Y como ahora se aprestan a negar de nuevo las Circunscripciones Especiales de Paz para las víctimas.

En los Acuerdos de La Habana la protesta social quedó consagrada como un derecho inalienable de todos los ciudadanos. Ustedes han querido convertirla en una amenaza, un asunto de orden público. Estoy completamente seguro de que los colombianos y colombianas no van a dejarse arrebatar esa conquista obtenida tras muchos años de lucha.

A veces he pensado que usted no es completamente consciente, de la dirección que quieren imprimirle al país los sectores que rabian con la paz y la democracia. Que se deja llevar por obra de su buena fe. Creo que no soy el único colombiano que se inclina por abandonar definitivamente esa idea.

Señor Presidente, repare por lo más sagrado que tenga, en el estado actual de Colombia, en el precipicio al que la están conduciendo. Aún es tiempo. Nosotros juramos usar únicamente la palabra y seguiremos fieles a ello. Lo que nunca dejaremos de hacer es trabajar por conquistar un país más justo, ese que se perfiló en el Acuerdo de Paz que ya nos pertenece a todos y todas.

Su compatriota,

RODRIGO LONDOÑO ECHEVERRY
Presidente  del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Bogotá DC, 2 de febrero de 2020.