Ante la pretensión del Gobierno Nacional de fortalecer por Decreto la campaña contra el acuerdo de paz y generar pánico en el conjunto de la población en proceso de reincorporación, el partido, su militancia y la comunidad en proceso de reincorporación mantenemos en alto las banderas de la paz y el compromiso de cumplir lo acordado por encima de los incumplimientos sostenidos del ejecutivo. Ante la intención del gobierno del presidente Duque de modificar el Decreto 1407 de 2017, para establecer responsabilidades a FARC que no quedaron en el acuerdo, aclaramos:

1º.- El Inventario de bienes fue entregado por las FARC EP en fecha 15 de agosto de 2017 a la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas conforme se establecía en el artículo 2 del Decreto 903 de mayo de 2017. Con dicho acto se entendió plenamente concluida la dejación de armas y la terminación de todas las actividades y conductas propias del conflicto interno. Los bienes incluidos en dicho inventario iniciaron un proceso para ser transferidos a la Sociedad de Activos Especiales, sin embargo hasta este momento ninguna autoridad ha querido  conformar el Fondo Autónomo creado mediante los acuerdos de Paz.

Los bienes contenidos en el inventario su cuidado y custodia están a cargo del Gobierno Nacional, sin que puedan ahora imponer retroactivamente una obligación de custodia o entrega sobre unos bienes que fueron entregados hace año y medio. Por el contrario, el proceso ha sido puesto en riesgo por parte de personas inescrupulosas que  publicitaron el proceso, realizando un show mediático, situación que puso en peligro la vida de quienes estaban frente a este proceso por parte de las antiguas FARC, y el mismo proceso de entrega de los mismos.

“Decreto 903/2017, Artículo 2. Entrega de inventario. Elaborado el inventario de bienes y activos referido en el artículo anterior, este será entregado formalmente por los representantes de las FARC EP a la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, quienes deberán hacerlo llegar al Gobierno Nacional para que éste lo incorpore al patrimonio autónomo al que se refiere el artículo 3 de este Decreto. Con dicho acto se entenderá plenamente concluida la dejación de armas y la terminación de todas las actividades y conductas propias del conflicto interno. En· consonancia con el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, respecto de la tenencia, uso y usufructo colectivo o individual de los bienes, enseres y valores comprendidos en el inventario objeto de este Decreto que sean transferidos al patrimonio autónomo, que se considera han sido bienes colectivos de los integrantes de las FARC-EP no cabe acción penal alguna de la jurisdicción ordinaria por conductas cuyos actos de ejecución hayan ocurrido antes de la entrega de referido inventario.”

2º.- La custodia de los bienes incluidos en el inventario es obligación del Estado desde la expedición del Decreto 1364 de 15 de agosto de 2017, la misma fecha en la que las extintas FARC EP entregaron el inventario completo de bienes. Dicho Decreto indica: “2.2.5.5.1.2 Custodia del inventario por parte del Gobierno Nacional. El ministro del Interior deberá mantener el inventario en custodia con la debida diligencia, cuidado y vigilancia hasta el momento en que se constituya el patrimonio autónomo, momento en el cual deberá entregarlo al gerente del mismo.»

3º.-  Sorprendentemente, el gobierno de Colombia emitió posteriormente el Decreto 1407 de 24 de agosto de 2017 en el que pretendía endilgar a los “ex integrantes de las FARC “ la entrega material “de cada bien incluido en éste y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material”, sin otorgar poder ni facultad alguna administrativa o de policía a los exguerrilleros que en agosto de 2017 ya éramos  civiles reincorporados a la sociedad y sin ostentar autoridad política o administrativa alguna.

Decreto 1407, Artículo 4°. Entrega material por parte de los exintegrantes de las FARC-EP. Los exintegrantes de las FARC-EP que en su momento suscribieron el inventario de los bienes de que trata del Decreto Ley 903 de 2017 deberán garantizar la entrega material de cada bien incluido en éste y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material. Para el efecto deberán designar unos delegados que se encarguen de este proceso en relación con cada bien.”

4º.- De hecho, posteriormente el gobierno emitió el Decreto 1535 de 15 de septiembre de 2017 en la cual se reglamentó la recepción, administración y los mecanismos y términos para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo creado, finalizando a más tardar en el momento de la publicación de este Decreto cualquier duda que existiera sobre a quién correspondía la administración de los bienes ya entregados, correspondiendo dicha administración a distintos organismos del Estado o controlados por el Estado y en la forma en que se establecía en dicho Decreto.

5º.- La absoluta dejadez y falta de seriedad por parte de la administración pública a la hora de hacerse cargo y custodiar debidamente los bienes incluidos en el inventario entregado por las antiguas FARC, motivó que con fecha 12 de febrero de 2018 Pastor Alape solicitara al Director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP la adopción de medidas cautelares de protección urgentes de aseguramiento de los bienes y activos incluidos por las FARC EP en el inventario de sus recursos de guerra que fue entregado el 15 de agosto de 2017 al Mecanismo de Verificación de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz. Con fecha 23 de febrero de 2018, la UIA de la JEP se dirigió al Sr Alape informándole que la anterior había designado “un equipo de fiscales que se encargaran del tema relacionado con los bienes de las FARC”. Tras esta comunicación, no constan más medidas adoptadas, por lo que la dejación e irresponsabilidad de las instituciones del Estado ha sido absoluta a la hora de custodiar los bienes entregados mediante el inventario de bienes.

6. Finalmente,  solo hasta  octubre de 2018 a raíz de una solicitud hecha por la Jurisdicción Especial para la Paz en donde pidió a la Fiscalía un informe sobre los recursos relacionados con lo que fue la guerrilla de las FARC-EP, los cuales se encuentran en su poder en el marco de los procesos de extinción de dominio  la Corte Constitucional Colombiana resolvió el futuro legal de los bienes de las FARC.  En dicho pronunciamiento la Corte Constitucional ordenó que “con el propósito de evitar eventuales controversias sobre el objeto del presente conflicto, este Tribunal consideró pertinente advertirle a la Fiscalía General de la Nación que, en los términos del Decreto Ley 903 de 2017 y la sentencia C-071 de 2018, los bienes cuyo dominio se haya extinguido por su relación con las FARC-EP están destinados para la reparación de las víctimas del conflicto armado, por lo que, en conjunto con las autoridades correspondientes, deberá velar para que se adopten las acciones respectivas para garantizar dicha finalidad”. Significa que el gobierno y las autoridades judiciales del Estado  colombiano deben brindar todas las garantías para el proceso de entrega de bienes, incluidos los que se encuentran en poder de otras instituciones del Estado Colombiano,  así como también actuar de manera diligente al respecto, cosa que hasta este momento no ha ocurrido.

7. Respecto a lo anterior, el Estado Colombiano  ha sido negligente para garantizar la finalidad reparadora de los bienes, en primer lugar porque no garantizó un proceso de entrega eficaz que brindara las garantías de seguridad y protección, no atendió al cuidado de los bienes inventariados, generó demora para la recepción de los bienes y por último, por que no han desarrollado medidas efectivas para garantizar el proceso de entrega, incluida la conformación del Fondo de Bienes. 

Consejo Político Nacional.

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC

Bogotá DC, diciembre 31 de 2019