Hoy nuevamente hago presencia en este territorio, en donde he participado recientemente en audiencias públicas y sesiones de la comisión de Paz del congreso de la República, una zona en donde con frecuencia se hacen reuniones inter institucionales de alto nivel o de instituciones por separado. Y pese al clamor nacional y regional por acciones eficaces y efectivas que transformen la situación de crisis humanitaria, desafortunadamente continua siendo uno de los territorios en donde persiste y se recrudece de la violencia socio política.

El país debería estar en proceso de consolidación de la paz en todo su territorio, no obstante los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz y la violencia política se está presentando de forma más frecuente y letal.

Los hechos de violencia cuya mayoría se presenta en el departamento del Cauca NO son hechos aislados. Por el contrario, hacen parte de una disputa de poder y dirigido al exterminio político y físico de la oposición social y política en Colombia.

Hoy en este territorio cargado de historia, de resistencia, de esperanza en el que a diario hombres y mujeres tejen en medio de la diversidad étnica y cultural. Exalto que sus pobladores hayan manifestado en las urnas, en calles y vías, en los espacios que se generaron con el Acuerdo de Paz, su interés por participar en la implementación del Acuerdo de Paz. Basta recordar que en el proceso participativo de construcción de los PDET en este departamento participaron más de 31.000 personas y presentaron más 4.000 proyectos.

Reitero que día a día, semana a semana, difundimos y exigimos protección eficaz y medidas preventivas frente a los homicidios, atentados, desapariciones forzadas, amenazas, señalamientos y estigmatizaciones, cometidos en contra de personas líderes de procesos políticos y sociales, defensoras de Derechos Humanos indígenas, campesinos, afro descendientes y sindicalistas y de ex guerrilleros de las FARC EP firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación. Y que desafortunadamente la acción estatal dista de lograr acciones efectivas y eficaces que frenen la desesperanza, el dolor y la sangre en que se pretende continuar sumiendo a este territorio.

Igualmente que hemos rechazado y denunciado los profundos niveles de incumplimiento del acuerdo de Paz; El incumplimiento de acuerdos con la Minga social en defensa de la vida el territorio y la paz, al igual que el incumplimiento de acuerdos con comunidades, pueblos y sectores sociales del Departamento del Cauca; el uso desproporcionado de la fuerza, el tratamiento violento y de guerra dado a la movilización y a la protesta social; Y La ausencia de una voluntad real del Gobierno Nacional para concertar con las comunidades las medidas que garanticen su seguridad y protección, respetando los mecanismos propios de autoprotección en el marco de la autonomía de los pueblos indígenas y afro descendientes, y comunidades campesinas en los territorios rurales.

Ante los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2019, en el sector conocido como La Luz en el Municipio de Toribio en donde un grupo armado ilegal cometió una masacre en contra de la Autoridad Neehwesx CRISTINA BAUTISTA TAQUINAS, Kiwe Thegna (guardias indígenas) y comuneros indígenas Nasa, han sido diversas las manifestaciones de condena ante estos execrables hechos y de exigencia de una presencia integral del estado.

Y el recrudecimiento de la violencia y asesinatos, especialmente cometidos en contra de la población indígena, la reacción del presidente Iván Duque fue un anuncio enviar 2500 efectivos militares más al Cauca, en un contexto de denuncias sobre la participación directa de miembros de la fuerza pública en la violación a los derechos humanos, entre los que destaco los asesinatos de la candidata KARINA GARCÍA, el indígena FLOWER TROMPETA PAVI, de DIMAR TORRES y de 8 menores de edad en un bombardeo en el Caqueta, lo que configura el regreso de la práctica de los “falsos positivos” y de las ordenes de letalidad fatal.

A lo que se suman manifestaciones que indican que “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los ‘Pelusos’, nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”[1]; en medio del silencio del Presidente, el Ministro de Defensa y la Ministra del interior.

Posteriormente y ante las solicitudes de la comunidad internacional y manifestaciones de rechazo de las comunidades en los territorios, el presidente, luego de realizar un consejo de seguridad en el que participaron entre otros ministro de Defensa, la cúpula de la fuerza pública, el gobernador y otras autoridades del Cauca, y se enmarco por la ausencia de delegados de las comunidades afectadas, designó al Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, como coordinador de la ejecución de un “Plan de Acción Social” para la región el cual contempla una inversión de 1.3 billones de pesos. Plan de gobierno que busca fortalecer proyectos de emprendimientos colectivos como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Familias en su Tierra, Emprendimientos Colectivos y también los sistemas generales de regalías que ya tiene 160 proyectos aprobados y de esta manera enfrentar la crisis humanitaria.

Señoras y señores, la propuesta de este gobierno, con sus Zonas Estratégicas de Intervención Integral reedita la “Estrategia de Recuperación Social del Territorio” y el “Plan Nacional de Consolidación y reconstrucción Territorial” en el cual en el año 2007, se focalizaron 7 zonas de intervención que abarcan el territorio de 12 departamentos y 51 municipios de Colombia y que en el Departamento del Cauca incluyo 2 zonas como de urgente intervención y se abarco 12[2]de sus municipios Miranda, Caloto, Corinto, Jambaló, Toribío y  Santander de Quilichao ubicados en la zona Norte del Departamento (Cordillera Central) y en la zona sur (Pacífico) a los municipios de Argelia, Balboa, Guapi, El Tambo, López de Micay y Timbiquí

Igualmente un análisis histórico y racional evidencia que este tipo de planes está articulado al incremento del pie de fuerza militar que busca a toda costa la consecución de la hegemonía militar efectiva de las Fuerzas Militares y de Policía por medio de la militarización (regular e irregular) masiva de los territorios, fundamentadas sofísticamente en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, interpretación que dicho sea de paso, desconoce la existencia del conflicto social armado y sus profundas causas sociales, para reducir su complejidad en términos de una democracia amenazada por el terrorismo cuya fuente de financiación y razón de existencia se encuentra en el negocio narcotráfico y el tráfico de armas. Esta lectura difumina la distinción entre civiles y combatientes, principio del Derecho Internacional Humanitario, pretendiendo justificar acciones militares sobre la población civil.

Adicionalmente el desarrollo de este tipo de planes ha evidenciado que no existe articulación entre los proyectos sociales del plan de consolidación y los planes de desarrollo, que existe una dependencia de autoridades civiles locales a las militares y policiales, que hay un desconocimiento de las condiciones estructurales de los municipios y se está priorizando las operaciones militares sin importar los efectos en la población civil que de ellas se deriven.

Consciente de que el Cauca no está condenado a ser un escenario de guerra, el centro de la discusión no debe ser cuántos muertos hay o cuantos operativos militares o policiales se desarrollan en esta región. La discusión se debe dirigir a las causas estructurales, y darle paso al análisis de cuantas oportunidades de inversión y desarrollo social se proyecta, que transformaciones democráticas de vida hay en el territorio. No podemos condenar a estos territorios a repetir los errores del plan consolidación que en el norte del cauca fallo. Es necesario invertir los términos y hacerlo con la gente. Por ello nuestra apuesta es porque el Cauca sea en la práctica un escenario de paz territorial. Para lo cual hoy propongo:

  1. En el marco del Acuerdo Final de Paz, impulsar un Plan Social para el Cauca, concertado entre los diversos actores de la sociedad Caucana. El cual debe partir de lo construido en diversos espacios de diálogo social y comunitario con una perspectiva de bienestar para el Departamento. Y necesariamente debe contar con un Fondo especial con recursos extraordinarios suficientes.
  2. La urgente necesidad de una protección eficaz y medidas preventivas para los pueblos y comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas de todo el país y, concretamente, para el Departamento del Cauca, en línea con sus derechos a la tierra y a su derecho a la libre determinación, reconocidos por las Declaraciones de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y afro descendientes. Y el impulso a la “declaración sobre los derechos del campesino y de otras personas que trabajan en las zonas rurales” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 73 periodo de sesiones.
  • Establecer una investigación exhaustiva, independiente e imparcial con relación a los homicidios, atentados, desapariciones forzadas, amenazas, señalamientos y estigmatizaciones, cometidos en contra de personas líderes de procesos políticos y sociales, defensoras de Derechos Humanos indígenas, campesinos, afro descendientes y sindicalistas y de ex guerrilleros de las FARC EP firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación, incluyendo investigar las posibles omisiones y corrupción que podría haber permitido estos hechos.
  • Responder a esta dramática situación de forma integral y de manera concertada, y no solo a través del incremento de la presencia militar. Recordando que cualquier medida preventiva y de protección que se tome con relación a los pueblos y comunidades indígenas, campesinos, afro descendientes y sindicalistas y de ex guerrilleros de las FARC EP firmantes del acuerdo de paz en proceso de reincorporación debe acordarse con sus autoridades propias.
  • Incorporar a los pactos de sustitución de cultivos de uso ilícito de todas las familias que han expresado su voluntad de participar, e iniciar la ejecución de los Pactos de Atención Inmediata y los programas de reforma rural inicial en su primera fase.
  • Implementar, de forma participativa los planes de desarrollo con enfoque territorial y de los pactos de sustitución. Adoptar los documentos CONPES necesarios que garantice recursos y puesta en marcha de los PDET y PNIS en los municipios priorizados.
  • Poner en marcha los planes regionales integrales de inversión social, seguridad, justicia, con carácter urgente en las zonas de mayor conflictividad socio-política, étnica y ambiental. Esos planes de aplicación inmediata, en concordancia con el Acuerdo Final, deben tener un enfoque participativo, diferencial y de género.
  • Implementar integralmente del Capítulo Étnico del Acuerdo final para la paz. Y en particular el fortalecimiento de los mecanismos propios de protección colectiva en los territorios como lo son las guardias indígenas, campesinas y cimarronas. Su fortalecimiento en el marco de un programa de protección para pueblos étnicos quedó contenida en el literal c del capítulo étnico del acuerdo final de paz pero a la fecha no se implementa normativamente. Esa es una deuda que el estado Colombiano tiene con los pueblos y comunidades indígenas y afro descendientes, con la sociedad colombiana y con nosotros como firmantes del acuerdo de paz.
  • Realizar un debate de control político sobre la Doctrina militar y el papel de la Fuerza Pública en materia de garantías para la defensa de los derechos humanos. Con la participación de los sectores afectados.

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