Como ponente del PGN 2020 en la Cámara de Representantes, expuse el panorama financiero de mediano plazo del gobierno, en el cual no hay intenciones sobre la financiación y ejecución de los recursos para la implementación de lo pactado. Prueba de ello son las correspondientes leyes que ha presentado el gobierno de Iván Duque.

Es de suma importancia manifestar que no existe ninguna claridad sobre cuál es la priorización de los municipios PDET para la destinación de recursos. Establecer un anexo que se denomina “Anexo 2. Listado de proyectos de inversión identificados con el Trazador “Construcción de Paz” asociados a PDET” donde se hace un listado por institución no da cuenta de los compromisos del Gobierno respecto de estos territorios afectados por el conflicto. Es necesario que se muestren las cifras por municipio PDET.

El Proyecto de Ley de presupuesto presentado por el gobierno contiene un anexo de paz lo cual no es otra cosa que los gastos, en su mayoría de funcionamiento y algunos de inversión, que son los que por naturaleza las instituciones que componen el ejecutivo deben realizar para cumplir sus objetivos misionales, ello implica un esfuerzo mínimo en la ejecución de las políticas y programas pactadas en cada uno de los puntos que componen el acuerdo de paz. De manera que se difumina la financiación del acuerdo con la financiación de gasto social simulando una implementación de los acuerdos.

Se reduce el presupuesto de las principales entidades encargadas de llevar a cabo la transformación de los territorios más afectados por la guerra. Según el proyecto de presupuesto 2020 la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19%; la Agencia para el Desarrollo Rural del 13%, afectando principalmente la inversión en infraestructura productiva y comercialización; la Agencia de Renovación Territorial del 10%, afectando principalmente la inversión en la renovación territorial para el desarrollo integral de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado; y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del 7%, afectando principalmente su funcionamiento.

De Acuerdo al Plan Marco de Implementación, el total de recursos frescos destinados a la financiación del acuerdo es del $129,6 billones de los cuales el 36,8% tienen como fuente el sistema general de participaciones, el 36% el presupuesto general de la nación, el 14% el Sistema General de Regalías, el 9% cooperación internacional, el 3,3% son recursos propios de las entidades territoriales y el 0,9% lo aporta el sector privado. En definitiva, entre el Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Participaciones se cubre el 72,8% de la financiación.