A pesar de que en el plebiscito por la paz, aunque por múltiples motivos, hubo prevalencia del No (6.431.372) sobre el Sí (6.377.464) por 53.908 votos; cifras como las de la pasada elección presidencial (segunda vuelta), con poco más de 8 millones de votos a favor del candidato de oposición Gustavo Petro, y las de la consulta anticorrupción con 11.674.951 de votos, son muestra de que el pueblo colombiano tiene la necesidad de encontrar alternativas que transformen las estructuras tradicionales de hacer política y de ejercer control público.

En los últimos meses, a causa de los sistemáticos asesinatos a líderes y lideresas sociales, las objeciones del Presidente Iván Duque a la JEP, el incumplimiento a los Acuerdos de Paz, la decisión de romper los diálogos con el ELN y el aumento del control paramilitar en los territorios; la sociedad colombiana ha vuelto a movilizarse. Lo anterior evidencia que para alcanzar una paz completa debe haber una salida dialogada al conflicto social y armado. De igual manera, debe existir un enfoque territorial que permita comprender las particularidades de los entornos rural y urbano, a la vez que un enfoque diferencial y de género.

En las bases del PND, el primer pacto es el “Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”, donde se plantea que la legalidad es producto de la seguridad y la justicia, a la vez que es la base para el emprendimiento y la equidad. En este punto se “plantea un nuevo abordaje de la seguridad” (PND, p. 5) que apunta a llenar los vacíos de autoridad del Estado en los territorios, pero dejando de lado la concepción de seguridad humana de los Acuerdos de Paz –que está basada en la persona, la soberanía y libre determinación de los pueblos, la articulación de las medidas de seguridad con las medidas de desarrollo y bienestar individual y colectivo, etc.–, y retomando la clásica idea de la seguridad concebida como el enfrentamiento de la criminalidad y las economías ilegales.

Este primer pacto guarda relación con el “Pacto por la Construcción de Paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y convivencia”, que pretende vincular el logro de la paz al concepto de legalidad, que a su vez se justifica en aspectos de orden cultural como las “costumbres y comportamientos de los ciudadanos” (PND, p. 692). En este sentido, la Paz queda reducida a la “estabilización”, que no es más que el imperio del “control institucional del territorio”, sin atacar las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia.

De igual manera, este pacto es el que guarda relación con los contenidos del punto 3.4. del Acuerdo Final[1], que dispuso la creación de una serie de instrumentos de política pública que de manera específica pudieran 1) contribuir al esclarecimiento y desmantelamiento del fenómeno del paramilitarismo,  2) brindar las garantías de seguridad y protección necesarias para la participación en política y 3) llevar a cabo las reformas y ajustes institucionales para garantizar la no repetición de los hechos (AF, pp.78-97).

En la búsqueda de acciones que puedan materializar los objetivos anteriormente enunciados, se propone, entre otras:

  • Promover un Pacto Político Nacional, impulsado desde las regiones en búsqueda de la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianas y colombianos.
  • Impulsar iniciativas legislativas que ratifiquen el propósito de asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado (Acto Legislativo 5 de 2017).
  • Asegurar el desempeño de las competencias otorgadas a la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y su judicialización.
  • Promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
  • Asegurar el adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en relación con las definiciones, recomendaciones, adecuación y formulación de la política criminal dirigida al desmantelamiento de las organizaciones criminales, especialmente aquellas que han sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo.
  • Implementar la totalidad de los mecanismos y medidas del Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios (Decreto 660 de 2018).
  • Garantizar la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación.

Se requiere dejar de ubicar el fenómeno de violencia como una consecuencia exclusiva de la presencia de economías ilícitas en los territorios, para dimensionar que la victimización de estas personas se encuentra también vinculada al cuestionamiento y desafío de un modelo económico y político que va en contravía de los intereses y modos de vida elegidos por las comunidades en los territorios. Será un reto comprender y materializar la seguridad humana como la clave para el desmonte real del paramilitarismo, que permita alcanzar la paz urbana desde los barrios.


[1]     “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.