Tengan todas y todos, un saludo cordial, lleno de expectativa y esperanza en que este camino de reconciliación que iniciamos en el Oriente antioqueño, nos permitirá el mutuo reconocimiento desde lo humano, a través de un diálogo sincero que busca la verdad sobre lo sucedido, el perdón, la resiliencia y la reparación. Un saludo especial a las organizaciones firmantes del Pacto por la construcción de Paz Territorial del Oriente antioqueño, del Pacto por la Erradicación de la violencia en política firmado también por nosotros el año pasado aquí en Marinilla en el marco de la constitución del Consejo Municipal de Paz; a la Comunidad Menonita; a Sembrando Paz; al Centro de Fe y Culturas; a la  Corporación Región; a Viva la Ciudadanía; a los acompañantes del PNUD; a los delegados por el Sistema Integral de Verdad; Justicia, Reparación y no repetición; a la Oficina del Alto Comisionado de paz; a la Asamblea Provincial de paz del Oriente antioqueño; a la Corporación Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila (COMCREAR); al Movimiento social por la vida y la defensa del territorio (MOVETE); a Con Acción Colectiva; a Memoria Femenina; al Colectivo Sin esquemas; y a todas las organizaciones de la región comprometidas con la construcción de paz y, que, de uno u  otro modo, contribuyeron para que este encuentro fuera posible.

Para nosotros, el Oriente antioqueño posee un valor espacial porque conocemos su geografía, su gente, sus problemáticas, sus historias de lucha, y también sus dolores.  Este territorio es símbolo de resistencia y dignidad de un pueblo que se ha negado históricamente a ser planificado desde las capitales y que ha reivindicado su propia capacidad para definir sus destinos. El largo historial de organización social que le ha caracterizado desde la llegada arbitraria de los megaproyectos en la década del 60 del siglo pasado, así lo corrobora.  La consecución, a pulso de movilización en 1969, del Contrato Maestro[1]; la organización de los Comités Cívicos y la consecuente consolidación de la Coordinadora Cívica en 1982[2]; los más de 20 paros cívicos que lograron la disolución de la electrificadora de Oriente[3]; la propuesta también derivada de este amplio proceso de participación ciudadana, para crear una entidad capaz de gestionar de manera autónoma, descentralizada y pertinente los recursos que debían disponerse en la región en virtud de los embalses, incluida luego en el ordenamiento jurídico nacional,  en la Ley 56 de 1981,  que sería a su vez el insumo principal para la promulgación de la Ley 99 de 1993 que da origen a las corporaciones autónomas regionales; son todos ellos ejemplos de procesos de movilización con capacidad de proponer soluciones reales al país entero. Además de ello, la comunidad del Oriente alcanzó altos niveles de cultura e incidencia política, gracias a los procesos de organización social tal y como lo relata Ramón Emilio Arcila en una entrevista realizada por el periódico La Tribuna: “(…) [pasar de la protesta a la propuesta, sin dejar de protestar] ha permitido que las comunidades piensen más en función de la política y de la necesidad de la participación. Hemos derrotado en muchos aspectos la apatía de una rutina de partidos tradicionales y la gente ya piensa, analiza, ve la necesidad de la participación en las elecciones locales y el movimiento cívico ha venido tomando posición como alternativa frente a los partidos tradicionales (…)”. Nuestra más profunda admiración y respeto para esta comunidad antioqueña.

Pero las vicisitudes de la historia son múltiples, y el Oriente también ha sido para nosotros, la imagen latente del dolor y el desgarramiento. A través del exterminio del Movimiento Cívico iniciado a finales de la década del 80, la sangre puso freno a este prolífico espíritu de participación social. El Oriente se vio envuelto en un ciclo de confrontación, siendo uno de los lugares de Antioquia y del país donde la guerra se manifestó con mayor crudeza. Varios frentes guerrilleros, 2 batallones del ejército y 3 bloques paramilitares, conformaron una monstruosa maquina bélica que arrastró tras de sí un caudal inmenso de víctimas. La degradación de una guerra tan prologada en el tiempo llevó a que se cometieran actos desproporcionados por parte de todos los actores, y en medio de estas circunstancias, también nosotros nos equivocamos. Aprovechamos este espacio para pedir perdón a todos aquellos que hayan resultado afectados por nuestro accionar en el contexto de esta corroída guerra, y manifestamos nuestra total disposición para contribuir a aclarar todo lo sucedido en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. Estamos firmes con la paz, y pueden contar con nosotros para la reconstrucción del tejido social y de las luchas venideras por el bienestar de las mayorías sociales.

Si algo aprendimos de la vida guerrillera, es el valor de la tenacidad y de la persistencia. En las actuales circunstancias, donde el gobierno nacional ha impuesto un sinnúmero de trabas a la implementación del Acuerdo de Paz, queremos decir con contundencia, que no renunciamos al anhelo sentido del pueblo colombiano por transitar el camino de la reconciliación. Creemos en la reconciliación, porque a partir de ella podremos empezar a sanar las heridas que aún están abiertas, lo cual es a nuestro modo de ver, un paso necesario para que, en un futuro no muy lejano, podamos ser observados como compañeros de sueños, como pares en el trabajo cotidiano por un país mejor, por un Oriente mejor.

Desde ya nos ponemos a disposición como partido político legal y como bancada en El Congreso de la República, para contribuir a que se consiga la reparación efectiva de las víctimas individuales y colectivas del Oriente antioqueño, que ya han sido reconocidas por el Estado en el marco de la Ley 1448, y para trabajar por el reconocimiento de las que aún no han sido aceptadas como tales. Queremos aportar a la construcción y consolidación de la Provincia como figura de asociatividad que propenda por un desarrollo humano integral para la región, desde una perspectiva de equidad y buen vivir para todos sus habitantes. Le apostamos a la unidad de todos los procesos sociales que quieran sumar esfuerzos en la protección de los ríos, los bosques y la biodiversidad, frente a los proyectos minero-energéticos que quieren imponerse. Pero también invitamos a toda la población del Oriente a que no decline en sus esfuerzos por la consecución de la paz completa, que continúe con la proyección y puesta en marcha de los Consejos Territoriales de Paz, que insista en los procesos de pedagogía de paz para seguir mostrándole al país que este Acuerdo es mucho más que la reincorporación de exguerrilleros y que puede significar, si logramos desarrollar sus puntos neurálgicos, el inicio de un nuevo ciclo de movilización social unitario que ponga punto final al abuso de quienes siguen haciendo de la política, un criminal negocio en contra de la vida. Lo nuestro es paz, la nueva política: la de la esperanza, la de la vida.


[1] El Contrato Maestro fue el instrumento jurídico a través del cual, los habitantes del Peñol, con apoyo de ciertos sectores de la iglesia Católica y de algunas instituciones del Estado, lograron que EPM reconociera sus reivindicaciones e iniciara un proceso planificado integral de reconstrucción del pueblo en otra zona (conocida hoy como el nuevo Peñol), a través de planes de vivienda comunitarios y estrategias para la conservación de la cultura y el tejido social peñolita, dado que el embalse Peñol Guatapé terminaría por inundar la totalidad del pueblo.

[2] Fue el proceso que posibilitó el avance cualitativo del movimiento cívico, convirtiéndolo en algún momento en una alternativa real de poder que conquistó algunas curules en Concejos municipales, consiguió alcaldías y generó procesos de organización comunitaria; solo refrenado por el asesinato sistemático de sus líderes.

[3] Empresa intermediaria que infló las tarifas de energía, en algunos casos hasta en un 300%, pese a que el Oriente era para la época, la región productora de energía más importante del país.