Escrito por  FARC-EP

LA CÁRCEL, INSTITUCIÓN IMPREGNADA DE LA DOCTRINA DEL ENEMIGO INTERNO

La reducción del carácter del delito político que conlleva la negación de su existencia y su derivado más cercano, los prisioneros políticos, ha sido reiterativa desde el estado colombiano, especialmente desde el Poder Judicial. Para el Gobierno Nacional son inexistentes las y los prisioneros políticos aun habiendo reconocido que el país padece un conflicto armado desde hace ya varias décadas. Pero una tozuda realidad envuelve las prisiones colombianas, donde miles de colombianos purgan penas por no aceptar el régimen constitucional vigente.

No obstante, la Constitución Política, aunque hace una tímida mención de los delitos políticos, sí consagra las figuras de amnistía e indulto para ellos. Los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, si bien señalan esta conducta punible en el Título sobre los delitos contra el Régimen Constitucional, establecen la rebelión, la sedición, la asonada, conspiración y seducción como únicos tipos penales propios de quienes ejecuten actos tendientes a sustituir o alterar la organización política o el régimen constitucional del Estado.  

La afrenta aplicada a los revolucionarios colombianos que han optado por la lucha armada y que por vicisitudes de la guerra han caído prisioneros, se vive en toda su degradación en las cárceles colombianas. El tratamiento de enemigo interno que infringen los jefes de policía desde la dirección de las prisiones, hace parte de la política de castigo que se suma a las sanciones penales impuestas a nuestros guerrilleros capturados.

Pero la infamia va más allá. A través de la Ley de seguridad ciudadana criminaliza la protesta social empujando a la dirigencia de movimientos políticos alternativos y líderes sociales caídos presos por delitos eminentemente políticos, acusados y condenados por la “Unidad Anti-terrorismo” de la Fiscalía por conductas relacionadas con el terrorismo y concierto para delinquir.

Una tercera categoría de prisioneros políticos lo constituyen las personas acusadas de colaborar con las FARC-EP a los que se les imputan delitos contra el Régimen Constitucional y contra la seguridad pública, sin hacer distinción que esas son acciones propias del carácter insurgente de los alzados en armas y no de personas desarmadas.

Mediante la organización de colectivos de prisioneros políticos de guerra, (esta última acepción se acepta por ser personas capturadas en acciones de combate, o en ejercicio de la rebelión), los guerrilleros en las cárceles toman esta forma organizativa para su militancia partidaria, para la denuncia de los atropellos y la corrupción interna del INPEC y para la visibilización extramuros de la problemática carcelaria.

Son 45, de las 139 cárceles del país donde se encuentran guerrilleros de las FARC-EP en calidad de prisioneros políticos de guerra. Hombres y mujeres que padecen el caos del hacinamiento y de la corrupción del anormal sistema carcelario colombiano. La desobediencia, como forma de lucha organizada por el Movimiento Nacional Carcelario y optada por los prisioneros, es sostenida y escalonada en todas las cárceles donde ellos están. Se espera en los próximos días, según manifestación dada por el Gobierno Nacional, continúe la reubicación de los prisioneros condenados de las FARC-EP.

Esta por solucionar la presentación de las listas por parte de la Fiscalía General de la Nación de los guerrilleros y guerrilleras prisioneros pertenecientes a las FARC-EP, por ser ésta el ente acusador que aporta la acusación y la carga de la prueba. Por nuestra parte hemos entregado una lista parcial de más de mil guerrilleros vencidos en juicio y condenados y cuya pertenencia al movimiento es demasiado evidente.

Finalmente, sigue la espera para ver aprobado muy pronto el proyecto de Ley de Amnistía lo más amplia posible, que contemple la puesta en libertad, luego de la firma del Acuerdo Final, de todas las personas señaladas en los Numerales 23-35-64 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Camaradas, todos los excarcelados se someterán a la JEP y quedarán a disposición de ésta. Es el compromiso y todos los prisioneros políticos de guerra deberán cumplirlo como un acto de subordinación a los acuerdos.